Durante este segundo semestre de 2019 Costa Rica fortaleció su régimen anticorrupción por primera vez desde 2005 al imponer la responsabilidad penal de las personas jurídicas por todos los delitos de corrupción. Asimismo, el país aprovechó para definir los elementos básicos que debe tener un programa de cumplimiento para obtener una reducción de la multa penal.
La nueva ley, conocida como Estatuto 9699, establece que la responsabilidad penal corporativa se configura cuando la corrupción es cometida por directores, accionistas y otras personas con poder de decisión en la empresa, así como por empleados e incluso por terceros que actúan en nombre de la organización.
Las sociedades declaradas culpables criminalmente son susceptibles de ser sancionados con una multa de hasta USD 8 millones o el 10% del monto del contrato público que se obtuvo mediante el pago de un soborno. Además, durante hasta diez años, se puede prohibir a las empresas contratar con el estado, recibir incentivos fiscales, tener licencias y permisos de operación, e incluso mantener locales comerciales.
Asimismo, el estatuto dispone que las sanciones se pueden aplicar a empresas costarricenses, corporaciones extranjeras que hacen negocios en Costa Rica y empresas públicas estatales.
El programa de ética empresarial
Al establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los programas de cumplimiento, el Estatuto 9699 enumera que toda empresa está obligada a lo siguiente:
1. Realizar una evaluación de riesgo específica para la actividad comercial en Costa Rica.
2. Implementar un código de conducta y adoptar reglas y procesos específicos que eviten la comisión de delitos de corrupción.
3. Establecer controles financieros y registros financieros adecuados.
4. Determinar el alcance de estas políticas para terceros.
5. Capacitar periódicamente en temas anticorrupción.
6. Evaluar periódicamente los riesgos y verificar el modelo.
7. Establecer un modelo de sanción disciplinaria.
8. Realizar una auditoría contable externa.
9. Designar un oficial de cumplimiento.
10. Establecer un protocolo específico para prevenir la comisión de delitos por contratos de licitación pública, obtención de licencias o cualquier otra actividad relacionada con la administración pública.
Si se cumplen los requisitos de cumplimiento, divulgación y cooperación del programa de cumplimiento anticorrupción, las empresas pueden recibir una reducción del 40% de la multa en caso de ser sancionada por un delito de corrupción.
El Estatuto 9699 no menciona expresamente que el sistema tenga una línea ética de denuncia de irregularidades e investigaciones internas como requisitos de los programas de cumplimiento. Pero este elemento está validado como una mejor práctica internacional que no debe omitirse.
La Oficina del Fiscal General de Costa Rica ya ha emitido una alerta directa a las grandes empresas constructoras que participan en contratos de licitación pública, y les advirtió que ellas podrían convertirse en las primeras corporaciones acusadas penalmente por delitos de corrupción en virtud del nuevo Estatuto 9699.
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