Infolaft conoció en exclusiva varios apartes de la investigación que se adelantó contra la comercializadora de oro Goldex por presunto lavado de activos, entre los que se encuentran aspectos relacionados con los reportes de operaciones de sospechosas (ROS).
Origen de la investigación
Las sospechas sobre CI Goldex comenzaron luego de que un investigador del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) emitiera un oficio a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) respecto a unos movimientos irregulares de oro.
Luego del análisis de la Uiaf el caso pasó a la Fiscalía General de la Nación, la cual abrió una investigación en agosto de 2011 para evaluar los movimientos realizados por la comercializadora entre 2001 y 2011. En total, para este solo caso, el ente investigador designó a siete investigadores, mientras que la Dian aportó dos peritos y la Uiaf dispuso un analista que acompañó todo el proceso.
Vale la pena resaltar que el caso comenzó a tener resonancia hace varios años. En septiembre de 2013 un informe de El Tiempo dio cuenta de la investigación contra Goldex porque presuntamente ‘‘(…) al oro adquirido legalmente se le estaría sumando metal proveniente de la minería ilegal, negocio que en los últimos años ha sido permeado por la guerrilla y las bandas ilegales’’.
ROS y sistema antilavado
De acuerdo con una fuente conocedora del caso consultada por infolaft, quien pidió reserva de su identidad, durante la investigación se recibieron entre 11 y 12 reportes de operaciones sospechosas (ROS) por parte de entidades que detectaron posibles inconsistencias en movimientos de dinero en las operaciones de CI Goldex. Entre las entidades reportantes hubo una empresa transportadora de valores.
CI Goldex, según la misma fuente, contaba con un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Incluso sus directivos afirmaron durante la investigación que antes de realizar cualquier operación comercial ellos hacían un cruce con listas restrictivas.
Infolaft conoció un informe financiero de Goldex correspondiente al periodo 2011-2012 que en uno de sus apartes destaca que para generar confianza cuenta con ‘‘administración manual Sipla (Sistema de prevención de lavado de activos)’’ y que este control hace parte de unos valores agregados ‘‘que son transmitidos por nuestro grupo de trabajo a todos nuestros clientes y cada uno de los colaboradores que conforman la familia Goldex (…)’’.
Adicionalmente, Goldex se mostraba como una empresa seria, al punto que en el mismo informe financiero resaltó que ‘‘en el mes de octubre de 2012 Goldex recibió nuevamente la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2008 en análisis, fundición y comercialización de oro y platino (…)’’.
Tipología y detalles del proceso
Según lo informado por la Fiscalía General en un comunicado fechado el pasado 16 de enero la presunta modalidad delictiva de lavado consistía en comercializar oro en pequeñas y grandes cantidades a través de una serie de compraventas ubicadas en distintas zonas del país con el objeto de que CI Goldex exportara dicho metal. No obstante, la fuente consultada por infolaft señaló que no hubo compraventas involucradas y que todo el proceso de supuesto lavado fue realizado directamente por la comercializadora.
Los investigadores de la Fiscalía, contrario a lo que se pensaría, encontraron que la cantidad de oro que CI Goldex compraba era la misma que exportaba, razón por la cual no habría realizado exportaciones ficticias, aunque esta es una hipótesis que no está totalmente descartada.
Cuando la Fiscalía cuestionó al representante legal de CI Goldex, John Úber Hernández, por el origen del oro que comercializaba él señaló ante los investigadores que no contaba con las facturas de muchos de sus proveedores porque eran barequeros que recogían el metal precioso de la arena de los ríos y que ellos no emiten documentación, razón por la cual tuvo que crear una red de empresas para canalizar ese oro.
Sin embargo, infolaft conoció que el argumento de la Fiscalía es que el artículo 3 del Decreto 3050 de 1997, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, permite al adquiriente o comprador de un bien emitir él mismo la factura cuando el vendedor sea una persona no obligada a emitir facturas, como en este caso lo sería un barequero. De acuerdo con otra fuente conocedora del caso, ‘‘ellos [CI Goldex] crearon la empresa en 2001 y el decreto es de 1997, entonces no pueden decir que no tuvieron la solución en sus manos’’.
Lo que no ha podido establecer la Fiscalía es a qué grupo o grupos criminales CI Goldex les lavaba sus recursos, aunque los indicios llevan a que John Úber Hernández sí era el presunto jefe de la red de lavado de activos.
El material recopilado por la Fiscalía contra CI Goldex y sus proveedores consta de cerca de 5000 folios.
Señales de alerta
A continuación infolaft lista las señales de alerta que llevaron a los investigadores de la Fiscalía a abrir la investigación:
- CI Goldex reportó como proveedores a personas fallecidas.
- Los representantes legales de muchas de las empresas proveedoras no tenían el perfil de comercializar oro.
- Hubo diferencias entre lo que CI Goldex reportó a la Agencia Nacional Minera (ANM) y a la Uiaf. Además, se detectaron aparentes inconsistencias respecto a la proveniencia del oro.
- Las cifras entre lo exportado por CI Goldex y lo reportado a la Uiaf no coincidían.
- CI Goldex transportó oro a Medellín desde Pasto y Cúcuta, regiones desde las cuales no es frecuente la producción del metal.
¿Qué sigue?
Infolaft pudo conocer que se prevén nuevas capturas por este caso, ya que habría varias personas naturales y jurídicas vinculadas. La Fiscalía tratará de establecer si hubo exportaciones ficticias, situación que no está el todo clara y trabaja para aplicar la extinción de dominio sobre los bienes de las personas y empresas presuntamente implicadas.
