El pasado domingo el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en Washington D.C., EE.UU., una nueva política anticorrupción más estricta para evitar que los países más desarrollados del mundo se aprovechen de los vacíos jurídicos de los países en vías de desarrollo para conocer los beneficiarios finales de las estructuras de sociedad y para prevenir el lavado de activos y la corrupción.
"Sabemos que la corrupción perjudica a los pobres, obstaculiza las oportunidades económicas y la movilidad social, socava la confianza en las instituciones y hace que se deshaga la cohesión social", dijo en un comunicado la Directora del FMI, Christine Lagarde, para luego continuar diciendo que "ahora hemos adoptado un marco para una mayor participación en la gobernanza y la corrupción que apunta a un compromiso más sistemático, equitativo, efectivo y sincero con los países miembros".
Según el FMI, como la corrupción socava el crecimiento económico y exacerba la desigualdad, el nuevo marco de políticas garantiza la aplicación de los mismos estándares a todos los miembros, algo que resulta nuevo en el organismo. De esta manera, y aunque el FMI no investigará casos específicos de corrupción, si revisará que los países miembro fortalezcan las instituciones económicas nacionales, como son las entidades de gobernanza fiscal, de banca central, de regulación del mercado de valores, y de prevención del lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
Si bien el foco de lucha no son los paraísos fiscales, el Fondo sí tomó como base para estas determinaciones la existencia de paraísos fiscales y corporativos que conducen los flujos financieros ilícitos desde los Estados más ricos hacia los países más pobres, haciendo que éstos materializan enormes pérdidas económicas sostenidas en el tiempo.
En todo caso, no se espera que estas nuevas medidas hagan más estricto el acceso a créditos de la banca multilateral.
