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El Secretario de la Transparencia, Camilo Enciso, pide que se investigue si en el pasado Odebrecht compró a la justicia Colombiana

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

En entrevista para la revista Semana, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, pidió a las autoridades poner la lupa sobre fallos judiciales y tribunales de arbitramento en los que participó la firma de ingeniería. Además, explicó cómo llegaron las confesiones que involucran a Colombia en este caso e información sobre los involucrados.

Después de que Odebrecht decidiera cooperar con las autoridades de varios países, revelando el esquema de operación y defraudación que adelantó a través de su División de Operaciones Estructuradas por casi una década.  Se conoció que desde allí se pagaban los sobornos a servidores públicos de casi una docena de países. Altos mandos de la constructora brasileña Odebrecht revelaron que en Colombia se pagaron sobornos por 11 millones de dólares (unos 32.000 millones de pesos). El Secretario explicó que las confesiones surgieron de personas que participaron en esa industria del fraude.

Al conocer esta información, en Colombia se activaron los mecanismos de cooperación administrativa y judicial disponibles. “Aunque el diálogo con las autoridades de otros países ha sido fructífero, mencionó Enciso, tan pronto se conoció el acuerdo de los Estados Unidos con Odebrecht, se contactó al Departamento de Justicia y se empezaron a sumar esfuerzos”. Con la Fiscalía liderando la investigación, se ha pedido apoyo en la identificación de los responsables de los actos de corrupción, y especialmente en la recuperación de activos recibidos por funcionarios corruptos.

El acuerdo mencionado anteriormente reveló también, que los sobornos de la compañía se pagaron a “government officials” colombianos. Aunque algunas personas lo han interpretado como el pago a “funcionarios del gobierno” nacional. El Secretario aclaró que esa traducción literal es inexacta. El concepto de “government official” en inglés engloba a cualquier funcionario público, es decir jueces,congresistas,concejales o alcaldes involucrados.

Esto  ha permitido cuestionar los indicios de corrupción en la justicia frente a otros procesos de Odebrecht. Se han revisado algunas actuaciones de Odebrecht en otros países con mucho interés, como Perú, mencionó Enciso. En ese país, la información que se tiene hasta el momento demostró que Odebrecht participó en 42 controversias arbitrales, de las cuales ganó 35, logrando ingresos por más de 273 millones de dólares por esa vía, entre 2003 y 2016. Según algunas fuentes, la empresa presentaba ofertas económicas muy por debajo de las de sus competidores para ganar licitaciones, pero con la expectativa de recuperar el dinero, con creces, a través de demandas arbitrales contra el Estado.

Para aclarar esta situación, se decidió avanzar con los mecanismos de cooperación y adelantar investigaciones propias. Enciso explicó que la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades buscan identificar cualquier vestigio de corrupción en las entidades o contratos frente a los que podría haber dudas. También verificarán las actuaciones de Odebrecht en el marco de litigios o acciones judiciales en Colombia.

“El propio Presidente le ha pedido a la Fiscalía actuar con inflexibilidad en contra de cualquier funcionario involucrado con esos hechos, con independencia del momento en que haya trabajado con el Estado” afirmó el Secretario. Es por esto que ahora es necesario que en Colombia las autoridades verifiquen los procesos arbitrales en los que ha participado Odebrecht, con sus impugnaciones o recursos ante las autoridades judiciales nacionales, para descartar cualquier conducta irregular.

Acerca de los involucrados en este caso, el Secretario de la Transparencia comentó que eso lo revelará la Fiscalía cuando sea el momento. Aun así, se le ha pedido a dicha institución dar la mayor importancia a la recuperación de activos y trabajar en equipo con el Gobierno con ese fin. En cuanto a los 11 millones de dólares que constan en declaraciones y que debe reclamar el país, será un primer paso. “Colombia se merece una reparación moral y económica más allá del monto de los sobornos pagados por la empresa” concluyó Enciso.

Para recuperar este dinero La Unidad de Información y Análisis Financiero (la UIAF) del país debe trabajar de la mano de la Fiscalía y las autoridades de otros países para rastrear el flujo de recursos, encontrarlos y recuperarlos, en desarrollo de los mecanismos de cooperación judicial internacional de los que disponemos.

Finalmente, ante la pregunta sobre la colaboración de Odebrecht Colombia con la verdad en la justicia y con los afectados, el Secretario respondió que es una de las obligaciones que Odebrecht asumió explícitamente en el acuerdo que suscribió con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ignorar ese deber puede generar consecuencias gravísimas para la empresa.

(Nota agregada de Semana)

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