La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 39 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento en un centro carcelario en contra de los exdirectivos de Cemex Colombia
Eugenio Correa Díaz y Edgar Ramírez Martínez quienes son investigados por su presunta participación en una defraudación cercana a los COP 40 mil millones.
De acuerdo con los argumentos del delegado de la fiscalía, en audiencia llevada a cabo en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá el día de ayer, a estas personas se les debe mantener vigente la medida privativa de la libertad toda vez que “los elementos de prueba indican que habrían transformado, ocultado, administrado y encubierto la ilícita transformación de recursos originados en actividades ilegales”.
Tras la argumentación de la Fiscalía, el juez consideró que persiste la inferencia razonable de responsabilidad penal de Correa Díaz en los delitos lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, y de Edgar Ramírez en las conductas de administración desleal agravada y enriquecimiento ilícito de particulares.
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Los hechos del caso - Cemex Colombia
Los hechos datan del año 2011 cuando Cemex inició el proyecto estratégico de invertir USD 360 millones para levantar la segunda fábrica de cemento más grande de la empresa (con capacidad para producir un millón de toneladas anuales de material) cerca de los yacimientos de piedra caliza en Maceo, departamento de Antioquia. Según los planes iniciales la planta debería estar en funcionamiento a más tardar durante el primer semestre de 2017.
Una vez Cemex tomó la decisión de llevar a cabo este proyecto inició la búsqueda de una locación idónea para el funcionamiento de la instalación de producción de cemento, la cual debía estar cerca de las canteras fuente de materia prima. En esa indagación, la cementera halló a la empresa C.I. Calizas que no sólo tenía una zona franca de más de 440 hectáreas en la finca Monterrey ubicado en la vereda la Susana, que cumplía todos los requerimientos, sino un título minero que atrajo a la cementera. Así, Cemex decidió firmar un memorando de entendimiento para comprar la totalidad de las acciones de C.I. Calizas.
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Aunque todo parecía estar en regla,
luego de haber contraído la obligación de compra de C.I. Calizas, Cemex conoció que esa compañía era objeto de un proceso de extinción de dominio por estar vinculada a un conocido chatarrero que había sido condenado por realizar varios fraudes fiscales y aduaneros en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) José Aldemar Moncada, quien además había sido dueño del 23% del predio.
En este escenario, la cementera negoció con la entidad encargada de la administración de la zona franca, en ese entonces la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), para obtener el lote a cambio del pago de un arriendo simbólico de $1 millón de pesos y la promesa de conservar el activo hasta que culminara el proceso de extinción. Una vez logrado este acuerdo y bajo el aval de la matriz mexicana de Cemex, la filial colombiana inició la construcción del complejo industrial.
Al cabo de varios años de trabajo, en febrero de 2016 Cemex México recibió anónimamente a través de su línea ética una información comprometedora acerca de la operación en el municipio de Maceo. Los auditores que recibieron los datos consideraron que las denuncias eran graves y por ello transfirieron la inquietud al área internacional de la empresa, quienes decidieron enviar un grupo especial a Colombia para investigar in situ la veracidad de las acusaciones.
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El informe final de este equipo investigador, que se terminó durante el mes de julio de 2016, fue posteriormente revisado por auditores de la empresa quienes llegaron a la conclusión de que si bien el terreno estaba en proceso de extinción y que existía un acuerdo de arrendamiento para su utilización,
se evidenciaron cuantiosos pagos a terceros que no fueron ni consultados ni aprobados por el holding mexicano.
Según señaló el área de auditoría de la cementera, una persona identificada como
Eugenio Correa habría recibido al menos USD 13 millones de dólares de forma fraccionada, presuntamente para lograr el acuerdo inicial de compra de la empresa C.I. Calizas (de la que Correa era representante) y para hacerse al título minero. Como si fuera poco, también se supo que Eugenio Correa era socio del chatarrero José Aldemar Moncada, quien fue asesinado en mayo y tenía presuntos vínculos con James Francisco Arias, conocido con el alias del ‘Zar de la Chatarra’.
Como consecuencia del escándalo y por no haber observado los protocolos internos, Cemex Latam Holdings Colombia despidió a su vicepresidente de planeación, Edgar Ramírez, y a su representante legal y abogado, Camilo González. Adicionalmente, el director ejecutivo en el país, Jacks Chavarría, renunció a su cargo el mismo día en que explotó el escándalo (viernes 23 de septiembre), después de haber construido una prestigiosa carrera en la multinacional.
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