La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, ocuparon 20 bienes con fines de extinción de dominio y pusieron fin a una actividad comercial de venta de lácteos que habría servido para auspiciar acciones criminales del ELN.
El rastreo realizado por peritos contables de la fiscalía y las evidencias recopiladas por investigadores de la Dijin – Interpol, pusieron al descubierto dos de las fichas financieras del denominado Frente de Guerra Oriental del ELN que abastecía de recursos, armas, explosivos, prendas de uso oficial y droga a las milicias urbanas y a diferentes estructuras ilegales en Arauca y zona de frontera con Venezuela.
Los analistas identificaron incrementos patrimoniales injustificados, ganancias ocasionales, compra y traspasos de inmuebles a precios muy por debajo de los valores comerciales, entre otras maniobras comerciales, que nunca fueron reportadas y daban cuenta del flujo de capital ilícito.
Estos movimientos financieros estarían en cabeza de Álvaro José Mateus Vargas alias ‘Quesero’ quien es propietario de la empresa de lácteos El Arauqueño S.A.S., con su respectiva red de transporte entre Arauca y Bogotá. Asimismo, en el entramado habría participado el hombre conocido como ‘Nacho Leder’, quien sería uno de los principales testaferros del frente Domingo Laín del ELN.
Ante la falta de soporte sobre las sumas de dinero que manejaban estas dos personas, así como de los inmuebles que obtenían, y las evidencias recopiladas que los vincularía a la cadena criminal de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión de poder dispositivo a 20 bienes (9 inmuebles, 10 vehículos y 1 establecimiento comercial).
Los bienes, cuyo avalúo superaría los COP 12 mil millones fueron ocupados en Bogotá y municipios de Arauca en una acción coordinada que dispuso de aeronaves no tripuladas para el reconocimiento de los predios ubicados en lugares de difícil acceso.
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El patrimonio del ‘Quesero’.
Según la fiscalía “esta operación conjunta representa un quiebre importante a una de las fuentes de financiación de las milicias urbanas del ELN y de las estructuras responsables de ataques como la activación de un carro bomba en la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, el 17 de enero de 2019”.
Las investigaciones permitieron conocer que Álvaro José Mateus Vargas, alias ‘Quesero’, habría aportado sumas considerables de dinero para que la acción terrorista se cumpliera, supuestamente tuvo participación en la venta de la camioneta utilizada en el atentado y tendría nexos con Wilson Arévalo Hernández, alias ‘Chaco’, capturado y judicializado por su presunta responsabilidad en el traslado del mencionado vehículo desde Arauca hasta la bodega en el sur de Bogotá donde fue cargado con 80 kilogramos de pentolita.
Los recursos que alias ‘Quesero’ aportó, al parecer, salieron de la empresa de lácteos El Arauqueño S.A.S., que serviría de fachada para lavar activos ilícitos y así como para transportar clorhidrato de cocaína y dinero a Bogotá en sus vehículos de carga a cambio de armamento, explosivos y material logístico que llevaban a las estructuras del Frente de Guerra Oriental del ELN en Arauca.
El inmueble en el que funciona la industria El Arauqueño S.A.S., en el sur de Bogotá, al igual que el establecimiento comercial y 10 vehículos, entre camiones tipo thermo king y furgones, fueron afectados con las medidas cautelares de extinción de dominio. Estos bienes en valor podrían ascender a COP 3 mil millones.
Los informes contables evidenciaron que El Arauqueño S.A.S., no tiene obligaciones con el sector financiero que apalanquen una actividad económica que registra ingresos de COP 1.160 millones en apenas dos años de constitución. Adicionalmente, los reportes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) indicarían que su propietario, Álvaro José Mateus Vargas, habría ocultado algo más de COP 900 mil millones.
Alias ‘Quesero’ fue capturado en mayo de 2019 y judicializado como presunto responsable de los delitos de rebelión, concierto para delinquir agravado, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada.
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