Este miércoles la Fiscalía General de la Nación informó que ocupó 11 propiedades con fines de extinción de dominio pertenecientes a Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortíz, los administradores del Fondo Premium cuyo esquema financiero de captación masiva y habitual de dinero defraudó a más de 1.200 inversionistas e hizo desaparecer a la comisionista de bolsa Interbolsa.
Las propiedades, que están avaluadas en aproximadamente COP 20.000 millones y que se encuentran en las ciudades capitales de Bogotá, Medellín y en los municipios de Tenjo (Cundinamarca) y Cumaral (Meta), están compuestos por inmuebles que Jaramillo y Ortíz intentaron mantener ocultos en Colombia bajo un esquema de testaferrato o de poner los bienes a nombre de sociedades.
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Los bienes afectados
Entre los predios quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se encuentran:
- En la ciudad de Bogotá: una casa lujosa en el sector de El Chicó, dos apartamentos en el conjunto residencial Torres de Llorente y otro apartamento ubicado en la calle 92 con carrera 4.
- En la ciudad de Medellín: oficinas y parqueaderos en el sector de El Poblado.
- El en el municipio de Tenjo (Cundinamarca): una finca cuya propiedad fue afectada el 50%.
- En el municipio de Cumaral (Meta) una finca de 103 hectáreas cuya propiedad fue afectada en el 27%.
- Finalmente, se ha registrado en la Dirección General Marítima (Dimar) y las capitanías de puerto de Colombia la medida cautelar respecto de la lancha Gaia, cuyo propietario real sería el señor Tomás Jaramillo Botero.
Juan Carlos Ortíz y Tomás Jaramillo ya habían aceptado su responsabilidad por los delitos de manipulación fraudulenta, estafa agravada y concierto para delinquir, y fueron condenados a cinco años y nueve meses de prisión. Actualmente, continúa el proceso por captación masiva y habitual de dineros en su contra.
El caso Interbolsa
El descalabro bursátil del grupo Interbolsa empezó a ser investigado por la Fiscalía a finales del año 2012, como consecuencia de la medida de toma de posesión de la sociedad comisionista por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Una de las anomalías descubiertas consistía en el ofrecimiento de acciones en el denominado Fondo Premium de Curazao, el cual se presentaba como un producto financiero en el exterior que, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y demás autoridades, en realidad era un elaborado esquema financiero y societario para beneficio de sus administradores y relacionados.
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