La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) publicó el pasado 5 de marzo su Informe 2012 sobre la problemática de las drogas a nivel mundial. La oposición a las iniciativas recientes tanto de Uruguay como de algunos estados de EE.UU. en cuanto al hecho de legalizar la marihuana es el punto principal del documento.
¿Qué es la JIFE?
De acuerdo con la página de Internet de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es uno de sus órganos conexos. Su objetivo es el de realizar la supervisión de la aplicación de los tratados de fiscalización internacional contra las drogas. Esta Junta fue establecida en 1968 de conformidad con la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.
En términos generales, las siguientes son las funciones de la JIFE:
Poca referencia a posible cambio de estrategia
El Informe señala en uno de sus apartes que ‘‘los Jefes de Estado y de Gobierno de América que participaron en la Sexta Cumbre de las Américas, celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) en abril de 2012, hicieron público un comunicado final en el que expresaban su preocupación por el hecho de que las organizaciones delictivas implicadas en el tráfico de drogas siguieran intentando infiltrarse en la sociedad y socavar las instituciones democráticas’’.
Respecto a uno de los principales resultados de la mencionada Cumbre, que fue el de solicitarle en bloque a la Organización de Estados Americanos (OEA) un documento sobre la eficacia de la actual política contra las drogas en Latinoamérica, la JIFE señala de forma escueta que ‘‘los Jefes de Estado también encomendaron a la OEA que preparara un informe sobre el problema de las drogas en América’’.
Recomendaciones generales
La JIFE advierte que si bien es importante lograr que los países se adhieran a los tres tratados de fiscalización internacional de drogas, solamente eso no basta para enfrentar el problema de las drogas. Al respecto, señala que ‘‘es esencial lograr la aplicación universal de todas las disposiciones de los tratados y la aplicación efectiva de las medidas de fiscalización necesarias por parte de todos los gobiernos’’.
Por otra parte, observa que ‘‘la legislación de algunos países no es compatible con todas las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas. De modo análogo, en algunos países las listas de sustancias fiscalizadas a nivel nacional no contienen todas las sustancias que figuran en las listas de la Convención de 1961 y el Convenio de 1971 o en los cuadros de la Convención de 1988’’.
Sobre el anterior punto la Junta reiteró su llamado a los gobiernos para que revisen sus leyes y normas para comprobar que ‘‘estén en consonancia con todas las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas y que todas las sustancias sometidas a fiscalización internacional también lo estén en sus países. En este sentido, asevera que “De ser necesario, los gobiernos deberían modificar sus leyes y reglamentaciones, así como las listas de sustancias sometidas a fiscalización nacional, con objeto de cumplir las disposiciones de los tratados’’.
Finalmente, señala que la gran incautación de marihuana registrada en Sudamérica en los años recientes sigue generando inquietudes alrededor de la magnitud de la producción ilícita de esta droga en la región: ‘‘La Junta exhorta a los países de América del Sur a que determinen, en la medida de lo posible y en colaboración con la UNODC, la magnitud y las tendencias actuales del cultivo ilícito de la planta de cannabis y a que sigan fortaleciendo las actividades encaminadas a combatir ese cultivo’’.
Llamados de atención puntuales
La JIFE se mostró preocupada por el proyecto de ley que el Gobierno de Uruguay puso en consideración de su Parlamento en agosto de 2012 a través del cual se legalizaría la producción y venta de marihuana en el país. Según el citado reporte, la iniciativa permitiría al Ejecutivo ‘‘controlar y reglamentar las actividades de importación, producción, adquisición de la titularidad, almacenamiento, venta y distribución en relación con la hierba de cannabis y sus derivados’’.
De acuerdo con la Junta, en caso de que se apruebe la ley, Uruguay ‘‘estaría infringiendo los tratados de fiscalización internacional de drogas’’ de los que hace parte. Para hacer frente a esta situación, la Junta, ‘‘en cumplimiento del mandato que se le ha encomendado, ha procurado entablar un diálogo con el Gobierno del Uruguay a fin de promover el cumplimiento de las disposiciones de los tratados de fiscalización internacional de drogas, en particular la Convención de 1961’’.
Por otra parte, la JIFE observó ‘‘con honda preocupación el actual movimiento en pro de la legalización del cannabis (marihuana) utilizado con fines extraterapéuticos que tiene lugar en algunas partes de los Estados Unidos y, en particular, los resultados de los referendos llevados a cabo en los estados de Colorado y Washington recientemente, en noviembre de 2012’’.
Al respecto, subrayó ‘‘la importancia que reviste la aplicación universal de los tratados de fiscalización internacional de drogas por los Estados parte e insta al Gobierno de los Estados Unidos a que adopte las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de los tratados de fiscalización internacional de drogas en todo su territorio’’.
Nota: el informe se puede consultar a través del siguiente enlace: http://is.gd/w5ZvWg
