Colombia hoy enfrenta amenazas que si bien no son desconocidas para los oficiales de cumplimiento y en general para las autoridades, sí deberían ser reconsideradas dada la dinámica y magnitud que pueden volver a imprimir al fenómeno del lavado de activos. Conocer el contexto y anticiparse a los potenciales o inminentes riesgos para prevenirlos, administrarlos y mitigarlos siempre será una actitud recomendada para cualquiera sociedad a efecto de no ser tolerante.
Por: Jorge Humberto Galeano Lineros*
El contexto en el que se desarrolla la función de cumplimiento
El punto de arranque para cualquier administrador de riesgos es conocer el contexto en el que debe ejercer sus funciones. Así como esta premisa resulta aplicable para un administrador de riesgos de mercado o de crédito, quien debe tener en el radar la tendencia en los precios de referencia del petróleo o de conocer a tiempo la decisión de subida de tasas de interés por parte de la FED para poder anticipar el impacto en la economía local, los oficiales de cumplimiento deben mantenerse informados no solo de lo que ya pasó, del riesgo que ya se materializó o de la tipología que se utilizó.
El administrador de riesgos de lavado de activos en Colombia y en cualquier parte del mundo debe igualmente estar enterado de cuánto están pagando por un kilo de clorhidrato de cocaína en las calles de Nueva York o de Londres para poder hacer la inferencia lógica de que entre más droga se produzca y comercialice, más dinero ilícito estará en las arcas de los narcotraficantes. También, según los índices de corrupción, debe analizar cuáles son los países más propensos a este fenómeno para saber qué tipo de relaciones puede establecer su compañía, con quién y con qué grado de confianza.
Resulta entonces primoridal esa evaluación de riesgo del contexto para que con una mirada prospectiva nos anticipemos y –de ser necesario- replanteemos nuestra manera de ver, advertir y actuar.
El contexto histórico colombiano por cuenta de la delincuencia organizada
Colombia ha sido un país que así como ha padecido durante muchos años una mala prensa por sufrir de casi todos los males en términos de criminalidad, también ha sido un país destacado mundialmente por sus avances para enfrentar con decisión todos estos fenómenos delictivos.
La lucha contra el narcotráfico ha tenido un altísimo costo en vidas y recursos, pero ahora se empieza a valorar como una fallida política de los Estados que debe replantearse. Sin embargo, Colombia ha asumido de tiempo atrás esta afrenta con el compromiso de miles de valerosos hombres de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, algunos políticos, muchas autoridades e inocentes civiles.
Ha padecido igualmente nuestro país los embates de la corrupción como un flagelo común a todas las latitudes, los delitos contra el sistema financiero, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de migrantes o el secuestro extorsivo, solo para citar algunos de los que más réditos le dan al aparato criminal.
De esas estructuras criminales cada día hay más evidencia de su carácter trasnacional, de su actuar coordinado con carteles o mafias que ya no están restringidas a un país o región, y entre ellas son manifiestos los vasos comunicantes sin importar idioma, raza o religión.
Para los anteriores flagelos es el lavado de activos el común determinador, porque de alguna manera estas organizaciones criminales deben reinventir los recursos mal habidos para tener más poder. Su delinquir se desarrolla inicialmente mediante estructuras locales y en la medida en la que adquiere mayor dimensión se torna forzosamente en trasnacional.
Del narcotráfico y otros males
Como ciudadanos interesados con preocupación leemos en prensa o en informes especializados, cómo son cada vez más protuberantes y diversas las manifestaciones de la delincuencia organizada.
Por no ser esta columna el escenario no pretendo referirme desde lo político a detalles del proceso de paz que Colombia adelanta en La Habana, porque sí espero que mis hijos tengan algún día un mejor país. Aquí quiero referirme a varios desafíos que tendrán los administradores del riesgo y las autoridades en general.
El narcotráfico
El crecimiento desmesurado de los cultivos ilícitos en el país fue reconocido el 10 de marzo de 2016 ante medios de comunicación por el propio Gobierno en cabeza de los Ministros de Defensa y del Posconflicto.
El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverry, expresó que el “Gobierno está confiado en que una vez se firme el acuerdo de paz el tema mejore” y a continuación manifestó que “todos estos temas, desde la erradicación, la sustitución y hasta el lavado de activos, tendrán un mejor desempeño porque todos esos programas dejarán de contar con la oposición armada de un grupo como las Farc”.
El representante de Unodc en Colombia, Bo Mathiesen, en la misma rueda de prensa en la que el ministro manifestó su preocupación expueso que “esto indica que el problema de los cultivos ilícitos y la producción de drogas sigue vigente’’. En mi entender esto quiere decir que en la medida en que la producción sigue no solo vigente sino que viene en aumento, continúa siendo una buena fuente de financiación para la delincuencia organizada.
En el mismo escenario Leonardo Correa, director del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), señaló que los cultivos de coca están concentrados en los departamentos de Nariño y Putumayo, en la zona montañosa del Cauca, en El Tambo y Argelia, igual que en Caquetá, Catatumbo en Norte de Santander y en la Macarena. Según Correa, el 42 por ciento de la coca está concentrada en 10 municipios y el 13 por ciento de toda la coca del país está en Tumaco.
La minería ilegal
Este es otro de los flagelos que genera mayores beneficios a la delincuencia organizada, en la que participan las Farc tanto en Colombia como en Perú, a través de alianzas con bandas criminales, mineros ilegales y hasta reconocidos empresarios del sector. La reciente captura en Antioquia del empresario Eduardo Otoya Rojas evidencia cómo un alto ejecutivo de reconocidas empresas mineras del país es señalado de tener vínculos y de financiar a la delincuencia organizada del 'Clan Úsuga' y de la 'Oficina de Envigado'.
Según las revelaciones públicas de la investigación, el otrora empresario se quedó con planos de vetas de oro para dedicarse a la minería ilegal al servicio de organizaciones criminales y en tan solo en dos de esas minas se obtenían ganancias mensuales superiores a los U$2 millones de dólares.
Esta denominada minería ilegal, que pareciera permanecer en auge, se desarrolla en varias regiones del país y una sola muestra del daño que produce podría ser la afectación de más de 622 hectáreas en los Farallones de Cali, sitio donde nace el agua para más de un millón de caleños y donde la minería triplicó sus estragos en menos de cuatro años, esto de acuerdo con un informe del 2015 de Parques Nacionales Naturales.
Claramente el fin último de la minería ilegal no es dañar el ecosistema, es producir ganancias para la delincuencia.
La extorsión
Otro de los flagelos que desafortunadamente padece Colombia sigue en aumento. Una de sus manifestaciones es la mal llamada microextorsión porque da la sensación equivocada de que es poco dinero el que mueve esta industria criminal, cuando en realidad la realizan estructuras que obtienen grandes caudales incluso a partir de ser los ‘dueños’ del espacio público y de cobrar a quienes buscan su subsistencia en las ventas ambulantes.
Foto Prensa Dijín
La otra faceta es la de la gran extorsión que denunció reciente y públicamente el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer. Según él, este delito es cometido por el grupo terrorista del ELN y por las Farc y ha dejado pérdidas cercanas a los U$2.5 millones de dólares. ¿Cómo operan? Es simple: exigen el 10% de las obras contratadas por las empresas constructoras, principalmente en los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Cauca, que si recordamos son las mismas regiones en las que se concentran los cultivos ilícitos. Salvo Norte de Santander, estos departamentos han tenido por décadas fuerte presencia de las Farc.
Corrupción
En materia de delitos contra la administración pública muchos casos se han presentado. El más emblemático y reciente en prensa es el del ‘carrusel de la contratación’, luego de la expedición de la primera de varias condenas que seguramente vendrán contra al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rójas. Allí, la Fiscalía sostiene que se pagaron sobornos y millonarias comisiones para la adjudicación del contrato de prestación de servicios de salud por cerca de U$21 160 millones de dólares.
¿Para qué deben servir los cuestionamientos que hacemos?
Con este corto e incompleto –pero también representativo- inventario de algunos delitos fuente del LA/FT, quienes estamos de una u otra manera involucrados con la prevención del riesgo de lavado de activos nos empezamos a plantear algunos cuestionamientos y ellos claramente deben traducirse en acciones que podamos implementar a nivel de política o de procedimientos al interior de nuestras compañías:
A nivel de posconflicto con las Farc
No suena coherente que mientras se negocia un acuerdo en La Habana coincidencialmente durante el tiempo de la negociación –que inició públicamente en Oslo (Noruega) el 18 de octubre de 2012- los cultivos ilícitos aumenten en las zonas donde históricamente han delinquido las Farc.
Según las cifras reveladas por Simci, las hectáreas con cultivos aumentaron de 48 000 a 69 000 y la producción del clorhidrato de cocaína pasó de 290 toneladas métricas a 442, lo que representó un 52 por ciento más entre los años 2013 y 2014.
Foto Presidencia de la República
Más recientemente unas estadísticas de la Oficina Nacional para el Control de Drogas de EE.UU. (Ondcp por su sigla en inglés), conocidas el 14 de marzo de 2016, revelan que los cultivos ilícitos en Colombia estaban alcanzando en 2015 las 159 000 hectáreas, cifra que no se veía desde 2007, es decir, se duplicaron los cultivos de coca en el país en tan solo dos años.
Seguramente varios técnicos cuestionarán con válidas razones las cifras, la exactitud de las mismas y hasta la metodología utilizada para la medición, pero en lo que todos coinciden y no pueden rebatir es en la tendencia: los cultivos están aumentando en proporciones que nos preocupan, como lo acepta además el Ministro de Defensa y el Ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo Rueda, quien atribuye el aumento de los cultivos ilícitos a la falta de fumigación aérea.
Posconflicto incompleto
En caso de llegar a feliz término la negociación de La Habana estaríamos hablando, en teoría, de un muy buen comienzo para buscar la paz en Colombia, pero claramente entraríamos en una etapa de posconflicto incompleto, dado que el ELN seguiría alzado en armas contra el Estado colombiano, contra su pueblo.
Es previsible que parte de las bases de las Farc pasen a engrosar el aparato militar del ELN, el cual entraría a ocupar territorios de los primeros, o en el peor escenario para Colombia, que este posconflicto a medias vaya a permitir el resurgimiento de los grupos de autodefensas que ya algunos sectores empiezan a señalar como cierto.
Respecto a minería ilegal, corrupción y otros flagelos, hay que señalar que seguirán presentándose a pesar de los esfuerzos de las autoridades por la capacidad de compra de conciencias.
Los desafíos que encara el país
El sentido de este análisis es económico y busca visualizar el silencioso monstruo sin cabeza que deben enfrentar el Estado (puntualmente en los temas de prevención, control y represión del lavado de activos y de la financiación del terrorismo) y los oficiales de cumplimiento (por ser quienes deben diseñar la estrategia de las entidades que representan para no ser utilizados en el blanqueo de esos capitales).
En el escenario de un posconflicto incompleto tendremos unas Farc que – me atrevo a suponer- desde hace ya algún tiempo tienen implementadas sus estrategias para lavar las grandes fortunas obtenidas de su quehacer criminal como organización, aunque sus cabecillas dicen que no tienen dinero y algunos les creen.
La Fiscalía General de la Nación ya desde hace algún tiempo se refirió a algunas de las propiedades de las Farc, entre ellas las fincas La Herradura, de 405 hectáreas; Caquetania, de 1.545 hectáreas; Vivienda Marulanda, de 94 hectáreas; y Terranova, de 106 hectáreas. Según el ente investigador, todas ellas están ubicadas en San Vicente del Caguán (Caquetá), bastión de las Farc en el sur del país, y fueron adquiridas con dineros provenientes del narcotráfico.
Estos serían apenas cuatro de los cientos de inmuebles rurales de los que las Farc se adueñaron antes y durante la época del despeje, entre noviembre de 1998 y febrero de 2002. De acuerdo con la Fiscalía, las Farc se habrían apropiado de por lo menos unas 300 mil hectáreas de tierra en el Caguán.
Por el contrario, otro escenario más benévolo que no tiene tanta fuerza como el primero y que en términos económicos es más rentable, es que estén sembrando más hectáreas de coca no para producir y comercializar directamente, sino para que durante el posconflicto el Gobierno les pague la sustitución de esos cultivos, es decir, para obtener recursos del Estado e inclusive beneficiarse de los recursos de cooperación con los que ya se han comprometido otros Estados.
Otra manifestación de ese posconflicto será el afán individual de los cabecillas por lavar sus fortunas, como ya se ha probado en el caso de ‘Lucas Gualdrón’, una de las fichas más importantes de la comisión internacional de las Farc, quien se radicó en Suiza desde el 2006 y era uno de los ejes importantes del lavado de activos y el financiamiento de la logística internacional.
Tendríamos adicionalmente un ELN que día a día parece ser más robusto o que por lo menos tiene una milagrosa mayor presencia en el territorio nacional por alguna curiosa razón, y una reaparición del mal llamado paramilitarismo como manifestación de rechazo a la ocupación que dejarían las Farc, o las alianzas con las bandas criminales o combos fortalecidos militarmente que conllevaría la necesidad de más recursos y la consolidación del negocio del narcotráfico con altos réditos.
Vemos entonces cómo bajo un propósito loable como es el de la búsqueda de la paz, se ciernen soterradamente intereses económicos que demandarán dar apariencia de legalidad a esos dineros que financian al terrorismo o que son producto del actuar criminal de esos grupos, se generan reordenamientos geopolíticos de la estructura criminal o la reaparición de actores violentos que demandarán nuevos recursos o que producirán nuevos para oxigenarse y, finalmente, una coyuntura técnica que tendrá efectos en las finanzas ilícitas como lo es la medida del Banco del Banco de la República de emitir una nueva familia de billetes, especialmente el billete de $100.000.
Serán desafíos de contexto que los oficiales de cumplimiento y las autoridades en general deben contemplar desde lo macro para tomar las mejores decisiones operativas y de negocio que no los sorprendan.
*Exsuperintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superfinanciera
