Durante el acto de instalación de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019 (ENR) la semana pasada, el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa Palacios, manifestó que en el apartado de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo lo que se quiere es poner más el foco en las riquezas ilícitas y menos en el hecho de enviar a todo el mundo a la cárcel.
“Está claro que para ciertas organizaciones criminales la cárcel no es una amenaza. Por ello como Ministerio de Justicia quisiéramos avanzar hacia otro ámbito: trascender el enfoque sancionatorio penal e ir más hacia la prevención y la recuperación y persecución de activos”, aseguró el funcionario en desarrollo del evento que tuvo lugar en el salón Esmeralda del Hotel Tequendama de Bogotá.
Asimismo, Espinosa comentó que es prioridad lograr “un marco sancionatorio que impacte cada día más a las organizaciones criminales desde la perspectiva financiera”, puntualizó, antes de recordar que en esa línea, el Gobierno del Presidente Duque aprobó el año pasado ‘Ruta Futuro’, la política integral para enfrentar el problema de las drogas y que cuenta con un pilar exclusivamente dedicado a las finanzas criminales y a la disrupción financiera. “Porque las diferentes problemáticas de las organizaciones criminales se reducen a un solo ícono: dinero”, añadió.
El Viceministro indicó que los países deben identificar, evaluar y entender el riesgo de lavado de activos para poder generar acciones de mitigación: “No es posible mitigar lo que no se entiende, por lo que esta herramienta de Evaluación que hoy presenta la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), resulta fundamental”.
Del proceso de evaluación como tal, dijo que debe materializarse con ejercicios periódicos, comparables y evolutivos, ya que el riesgo se transforma. “Esto nos genera gran cantidad de información para nuestro funcionamiento. Por eso es tan importante que se aterrice y que pase por la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla), y que el gobierno y el Estado la hagan suya”, señaló.
Y al recordar que se han realizado dos evaluaciones de este tipo en 2013 y 2016, llamó la atención acerca de las dos grandes dificultades que se han registrado: la brecha de entendimiento del riesgo y la falta de participación de todos los actores. Sin embargo, aseguró que confía en que la Evaluación de 2019 solventará dichas problemáticas y generará mejores resultados.
“Esta Evaluación será una fuente importante de generación de evidencia empírica, algo vital para el Gobierno en su propósito de hacer ajustes y dirigir esfuerzos desde el apalancamiento político. Si lo que necesitamos es modificaciones normativas, requerimos buena evidencia para ir al Congreso a defenderlas”, explicó al alto funcionario, quien cerró su intervención celebrando la iniciativa, manifestando que el Gobierno está al servicio de la UIAF y que el Ministerio de Justicia está presto a apoyar lo que se requiera en cuanto al Sistema Antilavado de Activos.
La Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) permite implementar estrategias eficaces en materia de política pública para la prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo; genera conocimiento para focalizar esfuerzos de cara a esta lucha e identifica las amenazas y vulnerabilidades para mitigar los riesgos que atentan contra la economía nacional y el bienestar de los colombianos.
LA ENR permitirá contar con un nuevo plan de acción, que a su vez estará contenido en una política pública que hace parte del Sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), el cual incluye 66 delitos, entre ellos, la corrupción, los delitos contra el sistema financiero, la extorsión y el contrabando.
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