El pasado 19 de febrero La Fiscalía General de la Nación informó que impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre una serie de activos que estaban en manos de los hermanos Norberto, Luis Alirio, Uriel y Edna Yaneth Mora Urrea, presuntos testaferros de la desmovilizada guerrilla de las Farc.
Según el ente acusador, los bienes ocupados se encuentran en 23 municipios de seis departamentos del centro de Colombia y están compuestos, entre otros, por tres cadenas de supermercados populares que agrupan 60 locales y que estarían avaluadas en COP 627 mil millones (USD 220 millones aproximados): Supercundi, Merkandrea y Mercafusa.
Esta acción de la fiscalía generó un ambiente de zozobra frente a la estructura de propiedad de los supermercados, lo que llevó a que los pobladores de los municipios de Cundinamarca, Tolima, y Quindío, protagonizaran saqueos aduciendo que “las tiendas ya no eran de nadie”.
Pero más allá de la confusión y afectaciones que le causó este hecho a la ciudadanía, ahora se hace necesario distanciarse del calor de la discusión y extraer la mayor cantidad de lecciones aprendidas, ya no para solucionar de forma directa el caso de los Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, sino para evitar que situaciones similares se presenten en el futuro cercano.
Como aporte a este objetivo, Infolaft se puso a la tarea de recoger las señales de alerta más importantes derivadas de este caso con el fin de que las empresas obligadas a prevenir lavado de activos y la financiación del terrorismo las incluyan en sus sistemas de prevención, sobre todo cuando dentro de sus contrapartes aparezcan sujetos con un perfil similar al de las sociedades intervenidas anteriormente mencionadas.
Lea también: Extinción de dominio a los supermercados de las Farc
Recordemos la teoría
Según el Sarlaft de la Superintendencia Financiera de Colombia, las señales de alerta “son los hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores cuantitativos y cualitativos, razones financieras y demás información que la entidad determine como relevante, a partir de los cuales se puede inferir oportuna y/o prospectivamente la posible existencia de un hecho o situación que escapa a lo que la entidad, en el desarrollo del Sarlaft, ha determinado como normal”.
Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) definió el concepto en su Circular 170 de 2002 como “cualquier tipo de información, conducta o actividad que debe llamar la atención, pues puede ser un indicio que permite detectar la realización de una operación inusual o sospechosa de estar vinculada a operaciones de lavado de activos”
De esta manera, una señal de alerta es todo hecho o circunstancia genérica que, al ser analizado y comparado respecto al giro ordinario de los negocios, se sale de los comportamientos particulares de los clientes o generales del mercado, por lo que debe ser considerado como un caso atípico que podría estar envuelto en lavado de activos o financiación del terrorismo.
Estas señales de alerta, además de que deben considerar cada uno de los factores de riesgo así como cualquier otro criterio que a juicio de la entidad resulte adecuado, son la primera etapa para que una empresa obligada pueda detectar un hecho o situación que a criterio de las políticas de prevención de lavado requiera un estudio cuidadoso por tener la potencialidad de exponer a la entidad a un riesgo de LA/FT.
De esta manera, lo que hace una señal de alerta es facilitar el reconocimiento de una posible operación de lavado de activos o financiación del terrorismo, aunque no necesariamente toda señal de alerta es un positivo para blanqueo.
Lea también: Farc dice que no tiene vínculo con cadena de supermercados
Tres señales de alerta vinculadas a ‘los Supermercados de las Farc’
Aun cuando los detalles del caso no han sido revelados totalmente, la información que ha sido publicada por la Fiscalía, otras autoridades y algunos medios de comunicación, ya es suficiente para derivar un catálogo de señales de alerta que las empresas nacionales puedan aplicar a sus procedimientos de prevención de lavado, sobre todo cuando entre sus clientes o contrapartes se encuentren sociedades medianas y grandes, ubicadas en zonas riesgosas, que presten servicios y ofrezcan productos por fuera de los parámetros del mercado y que no se caractericen por la transparencia en su información corporativa y sobre sus asociados.
Empresa dedicada a ofrecer o adquirir productos a un precio muy inferior del comercial
Tal como lo ha informado la Fiscalía en diferentes comunicaciones, las evidencias dieron muestra de que las cadenas de tiendas fungieron no sólo como una eficaz red de abastecimiento para la guerrilla, sino que tuvieron la utilidad de ser una fachada para el lavado de activos proveniente de sus actividades ilícitas.
Este esquema estaba sustentado en ofrecer productos con descuentos de más del 80%; es decir, muy por debajo del valor comercial, hecho condujo a que Supercundi, Merkandrea y Mercafusa alcanzaran gran popularidad en las poblaciones donde se asentaron, lo que fue presentado por la defensa como una razón lógica y coherente para el crecimiento anual del 40% en las ventas.
No obstante este sistema de fijación arbitrario de precios no es financieramente sostenible y por ende debió ser visto como una alerta de que había alguna irregularidad subyacente.
Crecimiento desmesurado e injustificado tanto del negocio como de sus asociados
En la acción de ocupación en que la que fueron intervenidas las cadenas de tiendas, la Fiscalía General de la Nación también impuso medidas cautelares sobre cinco sociedades, 70 cuentas bancarias, siete casalotes, cuatro predios rurales, 29 lotes urbanos, 15 apartamentos, tres casas, siete locales comerciales y 27 vehículos que también estaban al servicio de los hermanos Mora Urrea.
Sin embargo, ni el proceso de crecimiento corporativo de los mercados, ni el camino de acumulación de esta fortuna individual tenía una justificación lícita.
En efecto, se sabe que la familia Mora Urrea tiene su origen en Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca, en una zona que en la década de los 90 tenía una fuerte influencia del frente 53 de la desaparecida guerrilla de las Farc.
Allí, la cabeza de la familia Mora Urrea, la señora María Ana Bertilda Urrea tenía una tienda humilde que no tenía una proyección de crecimiento representativa.
Sin embargo, con el pasar de los meses, los negocios de los Mora Urrea crecieron exponencialmente hasta convertirse en varias cadenas de almacenes de suministro de productos al detal consolidadas y financieramente robustas.
Por ejemplo, se conoció que Supercundi tuvo un llamativo salto en las ventas entre 2014 y 2016 de aproximadamente COP 70 mil millones (al pasar de COP 182 mil millones a COP 259 mil millones), lo que ubicó a la sociedad entre las 600 más grandes del país en relación con ese rubro.
Así las cosas, la bandera roja se debe levantar cuando se realice un análisis comparativo entre los ingresos de ventas de la empresa y el promedio de este indicador en la industria específica y no exista una correlación clara entre el crecimiento corporativo de la sociedad y la actividad que desarrolla.
Falta de claridad en el esquema societario
Según informó en un artículo cercano a la fecha de ocupación de las tiendas, el periódico El Tiempo ha identificado 12 sociedades vinculadas al Clan Mora Urrea: “Uriel Mora Urrea creó un nuevo supermercado: Merkandrea. Y la familia también está vinculada a Inversiones Marlú S. A., Distribuciones e Inversiones del Sur S. A. S., Inversiones y Representaciones La Estrella de Fusa, Grupo Astone Ltda., Figurados y Mallas Cundinamarca, Transportes Cundinamarca, Smart Card Solution, Inversiones Mora Dusán, Todo Plásticos Bogotá y Fábrica y Comercializadora de Alimentos Colombianos”.
Es claro que ser dueño de un entramado societario no es ilícito, pero respecto a un grupo de empresas sí es irregular que no se justifique el origen de los recursos, que se señale que los supermercados fueron consolidados con dinero de la guerrilla procedente de actividades de secuestro extorsivo, y que se sospeche que las sociedades estaban constituidas para facilitar movimiento de efectivo de la guerrilla.
En esta señal de alerta, así como en la referente a la venta de productos a un precio comercial considerablemente inferior, también concurre otra señal de alerta que, aunque más difícil de estructurar y comprobar, es necesario tener en cuenta pues suele ser diciente respecto a la claridad de un negocio: celebrar operaciones, negocios o contratos sin dejar constancia documental de las mismas.
Lea también: Metodología para el diseño de señales de alerta
