Es evidente el importante papel que juegan los medios de comunicación en todos los contextos, siendo actores fundamentales en la generación de opinión. Muy bien ganado tienen el apelativo del ‘cuarto poder’ adjudicado por el escritor y filósofo Edmund Burke. Como en todos los escenarios y situaciones, la prensa ha cubierto los temas relacionados con la ‘lista Clinton’, a veces con errores, a veces con aciertos.
El día que Bill Clinton se posesionó como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 1993, pronunció un discurso en el que, entre otras cosas, se refirió a los desafíos de aquel país a nivel interno y externo. “Ya no existe división entre lo que es exterior y lo que es interior”, aseguró. Aquel discurso vislumbraba una política internacional en materia de lucha contra el narcotráfico que involucró a Colombia de manera explícita. Dos años después nacería la famosa ‘lista Clinton’.
Ya a nivel de medios de comunicación quizá uno de los artículos más recordados acerca del tema del narcotráfico fue el publicado por la revista Time en 1991. En su momento emitió un informe de 8 páginas titulado ‘Cocaine inc. The new drug kings’, un escrito que ponía en evidencia ante el mundo el actuar del Cartel de Cali, un emporio narcocriminal que operaba en un pequeño país de Sudamérica, en Colombia.
Bill Clinton, con su decisión de emitir una orden ejecutiva que después se conocería como ‘lista Clinton’, estaba marcando el camino para quienes tenían negocios ilícitos a través del narcotráfico o colaboraban con el lavado de activos, y fue la prensa la encargada de registrar cada instante: el diario El Tiempo publicó una noticia el 23 de octubre de 1995 que tituló ‘‘E.U. congela bienes del cartel’’, un informe que revelaba la orden del mandatario estadounidense de congelar los bienes y cuentas bancarias de compañías y ciudadanos vinculados al Cartel de Cali. En total fueron 80 las cuentas bloqueadas.
Por su parte, El Espectador tituló: ‘En la ONU se abre desafío al narcotráfico’, una amplia noticia que daba cuenta de las decisiones de Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de droga y el lavado de activos. La entradilla de dicha noticia sugería que las medidas tomadas por Bill Clinton eran “duras” y que afectaban a personas y empresas vinculadas al Cartel de Cali.
Aquella, como la actual, era una época convulsionada: el proceso 8000 estaba en plena marcha en Colombia y la prensa internacional registraba con bastante tinta la llegada del líder socialista Fidel Castro a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. Allí, en esa Asamblea, el presidente de los Estados Unidos emitió un discurso que enfatizó en una nueva agenda de lucha contra el narcotráfico y que internacionalizó la batalla contra el delito, por lo menos así lo relacionó El Tiempo en la noticia ‘La guerra del narcotráfico’ el 24 de octubre de 1995.
De este modo Colombia se comenzaba a enterar de las órdenes de Estados Unidos para combatir los delitos vinculados al tráfico de droga. Mandato que con el paso del tiempo tomó nombre propio: ‘lista Clinton’, expresión que se institucionalizó en todos los medios de comunicación a través de la fuerza de la costumbre y la cual, sin lugar a dudas, horroriza a quienes puedan ser vinculados a ella.
Clinton envía carta explicando la Orden Ejecutiva
El 25 de octubre de 1995 Colombia se enteró de la carta que envío el primer mandatario de Estados Unidos al Congreso de ese país con razón de explicar la decisión que había tomado y en qué consistía (la de emitir la lista). Según El Espectador de ese día, Clinton advertía que “la droga procedente de Colombia se ha convertido en un problema para la seguridad, la política exterior y la economía”. La nota se tituló ‘Pinitos antidroga en E.U.’.
Pareciera que los titulares de la época no entendían lo que significaban las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y un ejemplo claro de ello fue el escueto titular de El Tiempo: ‘Orden Ejecutiva de Clinton’ del 29 de octubre de 1995, una nota que reflejaba la decisión de congelar propiedades de las personas naturales y jurídicas vinculadas al narcotráfico.
Según lo dicho en el cuerpo del texto, con esta resolución el presidente Clinton prohibía a las empresas norteamericanas que operan en Colombia hacer negocios con aquellas personas y empresas que se vincularan a la lista.
La Corte Constitucional emitió sentencias
Por medio de la noticia ‘La lista de Clinton’, publicada por el Tiempo, se dio a conocer la sentencia de la Corte Constitucional y –según la nota- dicha Corte reafirmó la soberanía colombiana y ordenó a la Defensoría del Pueblo dar asesoría a quienes fueran vinculados a la lista en lo que tiene que ver con acciones ante las autoridades de Estados Unidos.
Por su parte, en junio de 2007 la Revista Semana emitió un reportaje que tituló ‘Las víctimas de la lista’ en el que compiló algunos casos de personas que consideraban injusta su sanción por parte de la Ofac, entre ellos Carlos Puente González, quien fuera presidente del América de Cali.
El escrito periodístico también se refiere a la sentencias C-157 de 1999 de la Corte Constitucional, en la que se entiende que el Gobierno de Colombia no puede adelantar gestiones para que estas personas sean excluidas de las sanciones impuestas.
Vale decir que la misma Corte en la sentencia T-468 de 2003 aseguró que la Orden Ejecutiva dictada por Estados Unidos “no constituye una decisión judicial o administrativa propia de alguna autoridad del orden nacional sino que, por el contrario, es una decisión autónoma de un gobierno extranjero (EE.UU)” por tanto, reiteró el alto tribunal, “dicha orden en sí misma considerada no tiene efectos vinculantes en el Estado Colombiano y no puede aplicarse coercitivamente como una norma jurídica al interior del país”.
Algunos de los casos más sonados
El caso Grajales
El 12 de mayo de 2005 la Embajada de Estados Unidos en Colombia informó sobre la inclusión de 32 compañías y 31 personas a la ‘lista Clinton’, entre ellos Raúl Alberto Grajales Lemos, empresario propietario de la famosa casa de viñedos Casa Grajales. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos Grajales estaba relacionado con el Cartel del Norte del Valle.
De acuerdo con el artículo ‘Cae líder del grupo Grajales’, pubicado por El Tiempo el 13 de mayo de 2005, “las conjeturas sobre esas operaciones (vínculos del grupo Grajales con el narcotráfico) se tejían desde hace más de un año, tras la detención de Lorena Henao, viuda de Iván Urdinola Grajales, jefe del cartel del Norte del Valle. La razón: en su captura en Panamá, en enero del 2004, las autoridades le hallaron documentos que la vinculan a la organización de los Grajales”.
Mientras se hacía efectiva la captura de la cabeza más visible de este grupo vallecaucano, la justicia colombiana comenzaba a hacer efectiva la ley de extinción de dominio y el gobierno estadounidense informaba el hecho a la opinión pública como “un duro golpe contra el narcotráfico”. En el entretanto, los empleados y colaboradores del Grupo Grajales empezaban a enterarse de la situación sin saber cómo iba a afectar esto su trabajo y sus propias vidas.
Álvaro Barón, subgerente comercial de la compañía, contó para El Universal de México la forma cómo lograron sobrevivir a ese duro impase: se enfocaron hacia “el factor humano, tomando medidas de urgencia tanto con los empleados como con los proveedores y compradores. Todos los trabajadores fueron permanentemente informados de lo que estaba ocurriendo y una vez pasado el pánico inicial, la empresa quedó con 90% de sus 800 trabajadores intacto”.
Hay que mencionar que, según informó El Tiempo el 30 de agosto de 2005, el gobierno colombiano logró que seis de las empresas que inicialmente habían sido incluidas en la lista pudieran tener relaciones comerciales con los Estados Unidos, esto debido al impacto económico que traía la situación para el municipio de La Unión (Valle del Cauca), además del hecho de que la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) tomó control del grupo designando cuatro depositarios o gerentes generales.
Las empresas que pudieron seguir teniendo relaciones comerciales con los Estados Unidos fueron: Agropecuaria El Nilo, Casa Grajales, Frutas Exóticas Colombianas, Grajales S.A., Los Viñedos de Getsemaní y Transportes del Espíritu Santo. A pesar de ello, para 2006 las perdidas alcanzaban los U$1.5 millones de dólares y se hacía evidente la demora en los pagos de salarios a empleados y proveedores. Aunque Barón hizo énfasis en que nunca se dejó de pagar la nómina a los empleados ya que “nos convertimos en nuestro propio banco”.
Aunque la mayoría de empresas siguen en la ‘lista Clinton’, desde el 2013 el grupo empresarial ha empezado nuevamente a generar utilidades con valores que alcanzan los $47.603 millones.
Cuando Estados Unidos se equivoca
Un caso que tuvo resonancia en los medios de comunicación fue el de Rosa Amelia Giraldo Arango, víctima del conflicto armado y a quien la Ofac señaló de tener vínculos con el narcotráfico y por ello la designó en la lista SDN.
Según narró Giraldo a la Revista Semana, en octubre de 2014, aunque sus nombres y cedula aparecían correctamente en la ‘lista Clinton’, el segundo apellido no correspondía al de ella y eso evidenciaría un error por parte del Departamento del Tesoro. Las consecuencias fueron drásticas para ella: tuvo que cerrar el negocio que administraba y le cortaron el acceso a los subsidios a los que tenía derecho, además de no poder acceder a ningún crédito ni tener relación alguna con el sistema financiero en Colombia.
Incluso temía que fuera capturada y extraditada a los Estados Unidos por delitos que, según ella, no había cometido. Aunque a la acusada le había sido negada una tutela por parte del juzgado 24 Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Medellín para que el Estado colombiano la desvinculara de la ‘lista Clinton’ por ser esta una “acción administrativa de los Estados Unidos y no una gestión jurisdiccional”, finalmente la Corte Constitucional revocó esa sentencia obligando a las instituciones nacionales a reintegrar los subsidios. Aun Giraldo espera la salida de la lista.
Los vinculados también se relacionan con empleados que hacían parte de empresas o grandes capos que fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El caso de Copservir Ltda, que es dueña de Drogas la Rebaja (droguería que estuvo vinculada con el cartel de Cali). Se estima que unos 126 empleados están y estuvieron relacionados en la ‘lista Clinton’, desde gerentes, pasando por jefes de área hasta María Isabel Merchant, quien dice que se dedicaba a lavar los pocillos de la empresa.
El abogado Libardo Orejuela en su libro ‘Lista en Mano. De las listas negras a la lista Clinton’ hace una fuerte crítica a esta lista restrictiva estadounidense de la que afirma que “no es una lista en mano que sale en pos de la ejecución de los señalados, para asesinarlos o descuartizarlos, sino que propicia en forma automática la muerte civil y comercial de quien incorpore, con razón o sin ella, o sea que conduce a la muerte en vida, a la más aberrante condición de paria en su propia patria”.
Según él, en la práctica se equipara a ciudadanos comunes con grandes capos del narcotráfico o con el terrorismo sin mediar las consecuencias que esto tiene para ellos.
Además, el abogado también hace énfasis en que la censura la impone un gobierno extranjero y sus efectos son inmediatos en Colombia sin que, en algunos casos, se tengan procesos judiciales en Colombia por esos hechos. Si bien la Corte ha informado en varias sentencias que la lista no es vinculante para Colombia, estar en esta lista se asimila a una muerte civil sin que haya lugar a defensa o proceso alguno, tal y como lo manifestó Jorge Restrepo Potes en una columna de opinión publicada en El País de Cali el 3 de mayo de 2007.
Apoyo indudable para autoridades colombianas
También hay que destacar la ayuda que la ‘lista Clinton’ ha representado para las autoridades colombianas como forma de combatir el narcotráfico. Un caso para tener en cuenta es el del presunto narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza, alias ‘el Arquitecto’, quien, según un artículo de El Espectador, pasó desapercibido mucho tiempo para las autoridades colombianas a pesar de amasar una gran fortuna en bienes y propiedades producto de sus relaciones con el tráfico de drogas.
Antes de su ingreso Bermúdez era reconocido como un próspero empresario desde hace más de dos décadas en Medellín.
Otro caso que llamó la atención de la opinión pública fue el de los hermanos Gallón, quienes fueron incluidos en la lista en junio de 2015 por ser presuntos financiadores de la ‘Oficina de Envigado’, esto según la Ofac. Sin embargo, este caso tuvo mayor resonancia en razón de que los Gallón fueron mencionados como determinadores del asesinato de Andrés Escobar, el recordado exfutbolista de Atlético Nacional y de la Selección Colombia. El periódico El Colombiano reseñó esta información con la noticia “Los hermanos Gallón y alias ‘Natilla’ fueron incluidos en la lista Clinton”.
Es claro que las designaciones en la ‘lista Clinton’ se convierten, en muchas ocasiones, en fuente de información relevante del contexto nacional. Por ejemplo, en febrero de 2011 se conoció el ingreso de varios colombianos a la lista, entre ellos Dolly Cifuentes Villa, un nombre que habría pasado desapercibido de no ser porque ella sería la excuñada del expresidente de Colombia y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. De Cifuentes Villa se conoce que fue dejada en libertad en Estados Unidos tras purgar varios años de cárcel aunque aún está inmersa en la lista Ofac.
Con todo esto, se podría deducir que la designación de narcotraficantes y sus colaboradores en la ‘lista Clinton’ se convierte en una importancia pista para las autoridades colombianas.
Notas de prensa tomadas de Hemeroteca Nacional
