Hace algunos meses el grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera publicó un documento que analiza 22 investigaciones exitosas de lavado de activos alrededor del mundo. Una de ellas tuvo lugar en Colombia y permite evidenciar cómo trabaja la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la importancia de los reportes de operaciones sospechosas (ROS).
El documento de Egmont hace un resumen de las etapas y actividades realizadas por la Uiaf y otras instituciones que ayudaron a descubrir los bienes de un presunto capo del narcotráfico y jefe de bandas criminales que habría mantenido nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
La Unidad, señala el documento, realizó varios informes de inteligencia entre 2008 y 2010 a la Fiscalía con base en los reportes de operaciones sospechosas recibidos desde varios sectores reportantes. Dichos ROS proporcionaron información sobre transacciones de personas que en fuentes públicas se identificaron por tener presuntos vínculos con el narcotráfico.
La Uiaf también recibió ROS de personas que efectuaron transacciones por fuera de su perfil económico normal y sobre las cuales tenían sospechas de ser testaferros o estar al servicio del presunto capo. Ante ese escenario la Uiaf realizó una mesa de trabajo con una agencia de inteligencia nacional, tras la cual obtuvo los números de identificación de ocho personas que al parecer tenían vínculos con grupos armados ilegales o bandas criminales.
Con posterioridad y a través de otra mesa de trabajo, esta vez con una unidad de inteligencia financiera europea, la Uiaf obtuvo los datos de tres personas catalogadas como ‘‘enlaces directos’’ del capo. En su momento fue la UIF extranjera la que solicitó la cooperación de la Uiaf para encontrar la información financiera de varios individuos.
Con toda esta información en su poder la Uiaf revisó informaciones de código abierto, incluyendo informes de prensa, por medio de las cuales pudo establecer aparentes vínculos entre las personas y las bandas delictivas relacionadas con el capo.
Entre las técnicas y procesos de análisis utilizados durante el caso, el documento de Egmont destaca que la Uiaf revisó documentos y estableció el perfil financiero de los reportados en los ROS y determinó los vínculos financieros entre las personas identificadas, centró el análisis en la inteligencia financiera (comparando el perfil de aquellos de quienes se recibieron informes) y trazó la información financiera cruzando bases de datos.
La Unidad también solicitó documentación de apoyo ‘‘a las entidades que están obligadas a reportar a la Uiaf, así como a otras entidades’’.
Todos los análisis realizados permitieron encontrar enlaces, vehículos, bienes muebles e inmuebles, transacciones en efectivo y actos notariales, y ‘‘de esta manera, otras empresas y personas físicas que tenían vínculos con los temas iniciales fueron identificados por la Uiaf’’, observa el documento. ‘‘Con respecto a este último grupo de personas, la Uiaf fue capaz de establecer los detalles de su participación en las sociedades identificadas como representantes legales, miembros de la junta directiva, socios y supervisores fiscales’’.
En este punto de la investigación se logró identificar que varias de las personas involucradas presuntamente adquirieron bienes producto de dineros del narcotráfico a través de 33 empresas fachada y que hacían parte de una red encargada de transportar cocaína al exterior que lavaba el dinero a través de empresas ganaderas, de logística y de aviación.
Finalmente, dice el documento, todo el trabajo permitió desmantelar la red conformada por 197 personas y 33 empresas, quienes tenían 629 bienes inmuebles avaluados en más de $146 000 millones de pesos y 177 bienes muebles valorados en $10 000 millones.
Infolaft buscó información de este caso en los informes de gestión publicados por la Fiscalía General de la Nación y encontró que el informe de gestión 2013-2014 se afirma que el presunto capo fue ‘‘extraditado a Estados Unidos en julio de 2013, [y] fue vinculado como persona ausente al proceso que adelanta la Fiscalía 17 de la Unidad Nacional Antinarcóticos, como presunto líder de una estructura delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes y lavado de activos’’.
El ente acusador agregó en el citado informe de gestión que ‘‘en el proceso también están judicializadas otras 13 personas, entre ellas, varios integrantes de su núcleo familiar, que conformarían la organización, siendo sus zonas de injerencia los departamentos del Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Magdalena Medio, Santander, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá’’.
Documento Egmont
