Medida de aseguramiento contra directivos de Inassa por corrupción

La Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra directivos y exdirectivos de la empresa Inassa (que hace parte del grupo empresarial Canal Isabel II) y de la Empresa de Servicios Públicos Triple A S.A. por un presunto contrato de asistencia técnica irregular que sirvió para desviar recursos destinados exclusivamente para la prestación de los servicios públicos en la Costa Atlántica, lo que afectó el suministro de un bien vital para la comunidad como es el agua potable. De acuerdo con el material probatorio que reposa en el expediente, los hechos ocurrieron desde el año 2000 hasta el 2017, lapso en el que se detectaron aparentes pagos fraudulentos a través de un “contrato de asistencia técnica” que habría causado un detrimento patrimonial a la nación. El contrato en cuestión tiene fecha del 4 de septiembre de 2000, cuando la empresa Inassa y Triple A S.A. acordaron la entrega del 4.5% del recaudo mensual de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica. Las investigadores calculan que en 17 años de vigencia del mencionado contrato de asesoría se habrían realizado pagos irregulares por COP 237 mil millones, valor que actualizado con el IPC al cierre de agosto del año 2018 superaría los trescientos COP 329 mil millones, una cifra cercana a lo que el distrito de Barranquilla recauda anualmente por el impuesto predial. Los elementos recaudados indicarían que el objeto del “contrato de asistencia técnica” nunca se cumplió. Hay evidencia que demostraría una supuesta desviación irregular de recursos con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A. (otra empresa del Grupo Español Canal Isabel II) y Slasa (compañía Panameña), que presuntamente recibieron los dineros en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami (Estados Unidos). Esta maniobra financiera, al parecer, garantizaba que parte de los recursos quedaran entre los socios y un porcentaje fuera destinado para los gastos operacionales de Inassa. En paralelo, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio adoptó la medida cautelar de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de las acciones de propiedad de la sociedad Inassa S.A. en la empresa Triple A, S.A, E.S.P, las cuales corresponden al 82% del capital de  esta última. El valor de dichas acciones, según cifras contable de la compañía, ascendería a los COP 202 mil millones.  

La respuesta de Inassa

  Tras las medidas establecidas por la Fiscalía General de la Nación, el Grupo Inassa publicó un comunicado de prensa en el que informó que "emprenderá todas las acciones legales y administrativas necesarias para defender sus derechos y garantías ante la intervención realizada por el ente acusador por el embargo y secuestro de las acciones de INASSA en la empresa Triple A de Barranquilla, que ascienden al 81,2 % del capital". Según el comunicado, "la empresa manifiesta su enorme preocupación por las consecuencias que puedan derivarse de las medidas adoptadas por la Fiscalía para los servicios públicos esenciales que Triple A, empresa filial de INASSA, lleva prestando 17 años en el distrito de Barranquilla con total eficiencia, responsabilidad y resultados contundentes, como lo demuestra una cobertura que alcanza los niveles del 100 % en servicios de acueducto y aseo, y del 98 % en los de alcantarillado". Por último, la empresa anunció que en los próximos días acudirá ante un juez de control de garantías para solicitar defender los intereses de Inassa. Lea también: Supersociedades sancionó a empresa por soborno transnacional