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Millonaria extinción de dominio contra el Clan del Golfo

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Fiscalía ocupó bienes por más de COP 400 mil millones contra esta organización, también conocida en el pasado como Clán Úsuga. Vea también: En Colombia los procesos de extinción de dominio dejaron 5,1 billones de pesos en el 2016 El pasado lunes, la Fiscalía General de la Nación anunció que ocupó activos por COP 400 mil millones pertenecientes al círculo más cercano de Ramiro Caro Pineda, alias ‘Nolasco’, conocido integrante de la banda criminal Clan del Golfo. En la operación, que se desarrolló en la región de Urabá entre Antioquia, Córdoba y Chocó, fueron intervenidos 98 inmuebles, 28 vehículos automotores, 14 establecimientos de comercio, cuatro sociedades y más de 3 200 cabezas de ganado. La Fiscalía estableció que la estrategia de ‘Nolasco’ para intentar ocultar los bienes, consistió en transferir varias veces las mismas propiedades entre sus compañeras sentimentales, hermanos, hijos y sobrinos menores de edad, cuñados y otros familiares, para mezclar dineros de actividades ilícitas con recursos y negocios legales. Adicionalmente, alias ‘Nolasco’, en compañía de otros presuntos narcotraficantes o testaferros, también constituyó empresas de taxis y de buses que cumplían rutas en la región de Urabá y municipios de Antioquia, y que servían de fachada para legalizar dineros obtenidos por los cabecillas del ‘Clan del Golfo’, entre ellos alias Otoniel, por el tráfico de cocaína. Vea también: Duro golpe contra las finanzas del 'Clan Úsuga' Quién es ‘Nolasco’ Ramiro Caro Pineda alias 'Nolasco' es uno de los 17 cabecillas de la estructura de crimen organizado Clan del Golfo solicitados en extradición por cortes de Nueva York y Miami. Este narcotraficante, que se entregó a la DEA en agosto de 2015, aceptó el delito de tráfico de drogas y fue condenado a 25 años de cárcel. Los informes recopilados resaltan que los miembros del círculo familiar de ‘Nolasco’, que tradicionalmente se han dedicado principalmente a labores de campo, han mostrado incrementos patrimoniales no justificados desde 2012.

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