El día de ayer, en la sesión de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales, el Ministerio de Justicia y de Derecho presentó los avances en la construcción de la Política Criminal Electoral en el marco de lo establecido en la Ley 1864 de 2017 (de protección a los mecanismos de participación democrática).
En su intervención, el Ministro de Justicia, Enrique Gil, enfatizó que “es un hecho que la corrupción ha afectado las democracias de América Latina y de Colombia” para luego señalar que “la corrupción infecta el sistema legal, ahonda la pobreza, la miseria y las diferencias sociales, impide el desarrollo de infraestructuras y la prestación de los servicios públicos de salud, educación, vivienda, saneamiento básico y promueve la violencia que alimenta el narcotráfico y la minería ilegal”.
El ministro Gil dijo además que el Estado debe tener una respuesta a través de una política que combine distintas estrategias y tenga como finalidad identificar y sancionar a quienes facilitan la compra y venta de votos y a quienes sobornan a candidatos en beneficio privado.
A modo de alerta temprana, durante la presentación de la Política Criminal Electoral fueron señalados algunos de los factores que más inciden en esta problemática, entre los que se destacaron los funcionarios cooptados por intereses particulares o grupales, la presión de actores violentos con estructuras financieras organizadas, las prácticas culturales que no perciben la gravedad del delito electoral, la falta de estímulos para la acción ciudadana, y los procedimientos que no permiten que la justicia se aplique de forma pronta y eficaz.
El ministro de justicia aseguró también que el objetivo de toda política criminal exitosa es disminuir, evitar y prevenir la comisión de conductas delictivas por encima de la captura, judicialización y sanción de los actores criminales, aunque justamente la acción de la justicia tenga un efecto disuasivo importante en la prevención efectiva de prácticas ilegales.
La Política Criminal Electoral, que aún está en construcción, fue trabajado en conjunto con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), con este se busca comprender los fenómenos criminales relacionados con la participación democrática así como formular una política criminal electoral que incorpore mecanismos de prevención, investigación, juzgamiento y sanción (judicial, disciplinaria y social).
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