La corrupción es un delito fuente del lavado de activos con efectos perversos en la sociedad debido a los impactos transversales en las dimensiones económica, social, de seguridad y medioambiental. La pérdida de recursos destinados a infraestructura, salud, vivienda y educación, entre otros, deriva en aumento de la pobreza multidimensional, desigualdad y subdesarrollo.
Por Javier Gutiérrez López, Director de la UIAF
Desde la inteligencia financiera, a partir del análisis sobre la convergencia criminal, se observa que uno de los impactos más graves generados por la corrupción es el fortalecimiento de delitos conexos como el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilícita de yacimientos mineros.
La razón de esto es que la corrupción facilita y dinamiza el actuar criminal, allanando el camino para la multiplicación de las economías ilícitas.
La corrupción busca todas las formas de cubrirse de las medidas de prevención y detección implementadas por las autoridades y entorpece los procesos de investigación y judicialización, creando entramados ilegales y buscando el “éxito” de las operaciones en cada fase de la cadena delictiva.
Asimismo, como delito autónomo, aprovecha vulnerabilidades en los mecanismos de control para malversar los recursos públicos en beneficio de las estructuras criminales, afectando los proyectos de inversión social e infraestructura, y frenando el crecimiento económico, sobre todo impactando negativamente la generación de puestos de trabajo y el bienestar en las regiones más vulnerables.
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Pero, sin duda, una de las consecuencias más peligrosas de la corrupción es la cooptación del Estado por parte del crimen organizado a través de procesos de contratación, en donde los Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos de Delincuencia Organizada nacional y transnacional buscan ingresos a través de la celebración de jugosos contratos en los municipios en donde hacen presencia.
En definitiva, las secuelas de la corrupción se traducen en la palabra “pérdida”. Así es, pérdida de los recursos, de la democracia, de la confianza y la credibilidad en las instituciones, pérdida del bienestar, del empleo, de las oportunidades. Pérdida también de los valores y de la cultura de la legalidad.
Acciones para enfrentar la corrupción
En los últimos cuatro años el Gobierno Nacional ha enfilado importantes esfuerzos en la lucha contra la corrupción desde los aspectos normativos, estratégicos y pedagógicos.
A continuación, quisiera detallar algunas de las iniciativas implementadas para luchar contra este flagelo:
- Ruta Colombiana de la Integridad Empresarial: a través de la cual las empresas pueden verificar el progreso en sus políticas y programas de integridad.
- Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA): iniciativa que incentiva la participación ciudadana y la transparencia.
- Ley 2013 de 2019: norma que solicita la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.
- Ley 2014 de 2019: la cual prohíbe la casa por cárcel para los sancionados por corrupción e inhabilita a las “personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública”.
- Red Nacional de Observatorios Anticorrupción: mecanismo a través del cual se busca entender las dinámicas de la corrupción en Colombia desde diferentes territorios, sectores y actores.
- Ley 2022 de 2020 o Ley de Pliegos Tipo: su propósito es acabar con la contratación “a dedo” y asegurar la pluralidad y transparencia de participantes en las convocatorias públicas.
- Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas: permite orientar las acciones del Estado para concretar su destinación definitiva a partir de un diagnóstico con respecto a su condición técnica, física y financiera.
- Tablero de control para monitorear los convenios interadministrativos y la contratación electoral: creado en 2021 con el objetivo de garantizar la transparencia y evitar actos de corrupción en la jornada electoral de 2022.
- Ley 2195 de 2022 o Ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción: incluye una serie de herramientas contundentes para combatir este delito, entre ellas, la posibilidad de sanción a las personas jurídicas y la extinción de dominio exprés.
El sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo también ha hecho lo propio en la lucha contra la corrupción.
La inteligencia financiera de Colombia, liderada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), ha sido determinante en los resultados contundentes para desmantelar las grandes estructuras asociadas a este delito.
Pero no es suficiente, se deben seguir reforzando los instrumentos y todas las capacidades de prevención y detección. Aún hay muchas tareas por hacer.
La corrupción ha facilitado la comisión de otros delitos, sobre los cuales el sistema antilavado y la UIAF han trabajado. Todos los delitos convergen, por eso los resultados se presentan de forma global.
Desde septiembre de 2018 a la fecha, la UIAF ha difundido 550 productos de inteligencia, estimados en aproximadamente $50 billones de pesos. De estos 550 informes, 130 estaban asociados a corrupción. La cifra estimada de montos y activos detectados en estos casos supera los cinco billones de pesos e involucra a 1139 personas y empresas.
Por otra parte, dentro de las líneas estratégicas del sistema antilavado, el liderazgo para la implementación del Decreto 830 de 2021 que ajusta la definición de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), según el estándar del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fue un logro importante en la materia.
Además, el principio de Debida Diligencia, incluido en la Ley 2195 de 2022 (Ley Anticorrupción), representa un paso importante en la lucha contra este delito y en el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI.
Según el Artículo 12 de dicha Ley, “la Entidad del Estado y la persona natural, persona jurídica o estructura sin personería jurídica o similar, que tenga la obligación de implementar un sistema de prevención, gestión o administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas o que tengan la obligación de entregar información al Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), debe llevar a cabo medidas de debida diligencia que permitan entre otras finalidades identificar el/los beneficiario(s) final(es), teniendo en cuenta como mínimo los siguientes criterios (…)”.
Igualmente, en la nueva política pública antilavado (CONPES 4042 de 2021), liderada por la UIAF y en la que participaron 33 entidades públicas y privadas del sistema antilavado, se hace hincapié en la importancia de llevar el conocimiento en materia de prevención y detección del fenómeno de la corrupción y del LA/FT a todas las regiones.
El propósito de esto es impulsar la implementación de programas de compliance en el sector público a partir del conocimiento de las amenazas, sus causas y efectos.
Esta transferencia de conocimiento debe llevarse especialmente a las regiones afectadas por los GAO para evitar la cooptación del Estado y la fuga de recursos públicos.
Hacia el compliance público
Tengo que reconocer que el sector privado ha hecho esfuerzos importantes para implementar la normatividad antilavado y mejorar los esquemas de debida diligencia e identificación del beneficiario final con el objetivo de evitar la penetración de los flujos financieros ilícitos en la economía nacional, y así actuar en favor del empleo, la inversión y la libre competencia.
En esa ruta deben estar enfilados los esfuerzos del sector público con el objetivo de proteger los recursos de la nación de los esquemas de corrupción a través de la adopción de programas de compliance diseñados a partir de los riesgos identificados en materia de corrupción, sobre todo, en los procesos de contratación.
Para ello, es necesario crear una sección especial en las Evaluaciones Nacionales (y regionales) de Riesgo, relacionada con corrupción en el sector público.
Los resultados arrojados con respecto a las amenazas, vulnerabilidades y riesgos asociados a los delitos contra la administración pública deben ser el punto de partida para diseñar un programa general para el sector público que establezca los mecanismos de gestión, monitoreo y control de los riesgos identificados en la materia.
El compliance público sería un plus importante para el sistema antilavado porque armonizaría perfectamente con el propósito superior de proteger la economía nacional de la penetración de los dineros de origen ilícito.
Todo se trata de crecimiento, de bienestar. Además, como indiqué antes, la corrupción tiene un rol muy importante en la convergencia criminal como catalizador de otras economías ilícitas, por tanto los beneficios de las estrategias anticorrupción irradiarían de forma positiva también en la dimensión de seguridad.
Estrategias paralelas
Además de impulsar el compliance público es necesario fortalecer la tecnología, mejorar el conocimiento del fenómeno de la corrupción, agilizar los procesos de extinción de dominio y hacer de la pedagogía un instrumento para la prevención. Sin duda, todas ellas son las tareas a seguir.
En este punto quiero insistir en la importancia de la cooperación y articulación para enfrentar este y todos los delitos.
Los actores públicos y privados del sistema antilavado podemos construir una red tan fuerte que sea capaz de acabar con todas las redes o grandes estructuras de corrupción. La hoja de ruta está clara, los instrumentos y mecanismos están dispuestos.
La clave está en seguir trabajando en el fortalecimiento de los tres capitales del Sistema Dinámico y Efectivo (SDE) para lograr la función de producción óptima de la institucionalidad y así maximizar la efectividad. Ahora, a seguir trabajando con todas las herramientas disponibles.
