Sanciones PTEE, SAGRILAFT y SARLAFT. Imagen Freepik
Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior a 6200 millones de pesos.
Un análisis elaborado por el equipo de expertos de Infolaft revela que en los últimos cinco años la Superintendencia Financiera de Colombia ha impuesto 62 sanciones en contra de sus vigiladas.
¿La razón? Diversas fallas e incumplimientos en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Son dos las principales deficiencias encontradas por la Superfinanciera. La primera es la falta de designación y posesión de los oficiales de cumplimiento en las entidades financieras.
En segundo lugar se encuentran las inconsistencias en la segmentación y perfilamiento de clientes para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos.
Producto de estas multas las entidades financieras afectadas tuvieron que pagar cerca de 5900 millones de pesos durante el periodo 2017-2022.
A manera de contexto, la Superintendencia Financiera vigila a cerca de 418 instituciones financieras en el país, entre ellas bancos, aseguradoras, firmas comisionistas de bolsa, fiduciarias y compañías de financiamiento, entre otras.
Multas también afectan a empresas no financieras
La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo no es una obligación exclusiva de las entidades financieras.
De hecho, según cálculos de Infolaft, en Colombia hay cerca de 8000 empresas no financieras y vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que deben implementar Sistemas de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).
El análisis de Infolaft encontró que entre 2020 y lo que va corrido de 2022 la Superintendencia de Sociedades ha emitido 30 sanciones por un valor cercano a los 300.000.000 de pesos.
La principal falla identificada durante las visitas de inspección, realizadas por delegados de la Supersociedades, fue que las empresas no tenían los controles antilavado establecidos por el SAGRILAFT.
Según expertos de Infolaft, “el alto número de sanciones demuestra que las autoridades se están tomando muy en serio el combate contra el lavado de activos en el sector privado”.
Multas por el PTEE
Los ejercicios de supervisión por parte de la Superintendencia de Sociedades también han derivado en sanciones relacionadas con lucha contra la corrupción.
Durante el mismo periodo (2020-2022) la Superintendencia de Sociedades impuso otras seis sanciones contra empresas que no adoptaron debidamente el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
El PTEE es un sistema de obligatorio cumplimiento para las empresas que operan en Colombia y tienen contratos con el Estado o realizan negocios internacionales.
Desde Infolaft aseguran que “este conjunto de sanciones debería servir para que todas las organizaciones –tanto financieras como no financieras– identifiquen puntos de mejora que les ayuden a fortalecer sus mecanismos de control para cerrar la puerta a los grupos criminales que buscan infiltrarlas”.
