Según un reciente informe, respecto al narcotráfico y el lavado de activos “el grado de desconocimiento en las propias instituciones del Estado es enorme”.
A finales de junio de 2022 la Comisión de la Verdad publicó el informe ‘Hay futuro, si hay verdad’, en el que expone las causas del conflicto armado colombiano.
Dentro del reporte también se da cuenta de los niveles de responsabilidad que tuvieron los diferentes actores del conflicto: Estado, grupos armados al margen de la ley, empresarios y sociedad en general.
Un elemento que llama la atención dentro del informe es el análisis que hacen los comisionados respecto al sistema colombiano contra el lavado de activos.
Falta de una estrategia coordinada
De acuerdo con el informe, desde hace más de 40 años existen instituciones en Colombia encargadas del control de estupefacientes y del lavado de activos.
Respecto a su desempeño, el informe señala que dichas instituciones “han sido poco efectivas enfrentando el problema”.
Agrega que “el grado de desconocimiento en las propias instituciones del Estado es enorme; todo se sabe, porque el fenómeno es evidente, pero hay poca información consolidada”.
Los comisionados aseguran que las autoridades encargadas “no han contado con una estrategia sistemática de investigación para la judicialización” de los responsables.
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Como sustento de tales afirmaciones el informe señala que la mayoría de condenados por estas conductas son mulas y campesinos cocaleros, pero “pocas veces los lavadores o los capos han terminado en las cárceles”.
Además, cuestionan el hecho de que, hasta el momento, no existen casos abiertos contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por narcotráfico o lavado de activos.
El papel del narcotráfico, la clase política y las élites
Sin lugar a duda, el narcotráfico se denota como uno de los fenómenos con mayor impacto en el conflicto armado de Colombia.
Sobre este particular, el informe detalla que el tráfico de drogas “irrumpió en el país como un actor político y económico, que encajó sin problemas en el sistema clientelista”.
Respecto a su articulación en la sociedad, los comisionados detallan que las élites se apropiaron del comercio de la droga y el lavado de activos.
Mientras que los sectores populares se hicieron cargo de los cultivos ilícitos y los ejércitos privados de violencia.
La Comisión de la Verdad afirma que “las élites colombianas han tenido un doble discurso frente al narcotráfico”.
A su modo de ver, las élites han promovido la guerra contra las drogas con especial foco en las guerrillas y el campesinado cocalero, “mientras mantienen relaciones con los traficantes de cocaína”.
Señalan, además, que “el modelo de acumulación de capitales a partir de la cocaína ha sido amplio en el país y, en algunos casos, tan frecuente y profundo, que se ha convertido en un atentado a la democracia y a la independencia de las instituciones”.
Respecto al papel de los políticos, el informe destaca que “el blanqueo de capitales en el sistema financiero, la compra de tierras o la contratación de obras públicas se ha dado a través de diferentes formas de financiamiento con la política”.
También reseñan que la “influencia del narcotráfico en la política, sea directa o indirecta, y las formas de legalizar los dineros del narcotráfico a través de las contrataciones públicas, no solo han profundizado la corrupción estructural, sino que han obstaculizado la posibilidad de una apertura democrática”.
