A pesar de los cuestionamientos que desde varios sectores políticos se han hecho contra el nombramiento de Néstor Humberto Martínez como nuevo Fiscal General debido a la cantidad de impedimentos que tendría que presentar cuando sus antiguos clientes sean procesados, lo cierto es que de los tres candidatos era el que más conocimientos tenía en lucha contra el lavado de activos.
Según una reseña que de su hoja de vida hizo el portal La Silla Vacía, Martínez fue ministro de Justicia en 1994 –durante el gobierno de Ernesto Samper– y desde allí promovió la penalización del lavado de activos, impulsó la aprobación de la ley de extinción de dominio y sacó adelante el Estatuto Anticorrupción.
Estos tres resultados son incuestionables y permiten inferir, por lo menos, que es un profesional que tiene en el radar la importancia de luchar contra las ganancias de las organizaciones delictivas.
No obstante, el nuevo funcionario no puede vivir de los logros pasados porque son muchos los retos que enfrentará.
En primer lugar, tendrá que evaluar y decidir la continuidad o los cambios de quiénes deben liderar la dirección de Fiscalía Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, la dirección de Extinción de Dominio y la Policía Económica y Financiera del ente acusador. Estas tres dependencias son dirigidas desde hace varios años por tres mujeres que han cumplido con su tarea y han entregado importantes resultados.
A esa decisión deberá dedicarle tiempo y un gran análisis, ya que la potencial firma de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) demandará profesionales de grandes facultades que sepan atender las necesidades del posconflicto. Aunque la continuidad de las tres directoras actuales sería una buena opción.
En igual sentido, Martínez tendrá que hacer claridad sobre la dimensión real de las finanzas de las Farc y perseguirlas. Este tema, tan vigente en la agenda nacional, será uno de los pilares de la sostenibilidad de los acuerdos de paz que eventualmente se firmen en La Habana.
Y no solo tendrá que perseguir la plata y bienes de ese grupo guerrillero, también deberá ir tras los recursos de las denominadas bandas criminales y de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y al lavado de activos en Colombia.
Por si fuera poco y como el lavado de activos se ha desnarcotizado, Martínez tendrá que promover la judicialización de los corruptos, como lo ha anunciado en su primera declaración pública como Fiscal elegido, extorsionistas, tratantes de personas, contrabandistas y mineros ilegales que cada año lavan sus millonarias ganancias.
Cuando se presentó ante los magistrados de la Corte Suprema, quienes a la postre lo eligieron, Martínez dijo que él sería el fiscal del posconflicto. Ahora lo es y deberá estar a la altura para acallar las voces de sus críticos.
