Según el experto internacional en prevención del lavado de activos, el trabajo remoto puede ocasionar que muchos sujetos obligados incumplan con sus propias políticas.
En años recientes varias empresas han sido multadas por incumplir lo que promueven en sus manuales SARLAFT o de prevención del lavado de activos.
Tal fue el caso de un banco que en 2017 recibió una sanción por valor de 430 millones de pesos.
Resulta que dentro de sus políticas internas, esa entidad financiera exigía que sus analistas SARLAFT debían ser profesionales graduados con experiencia laboral de tres años.
Hasta ahí todo en orden, pero al momento de una visita de inspección la Superintendencia Financiera encontró que uno de esos analistas “no había culminado su carrera profesional y no contaba con la experiencia requerida para desempeñar las funciones propias del cargo”.
De esta manera el ente de supervisión comprobó que el banco no cumplía con su propio manual y por esa –y otras razones– le impuso la millonaria sanción.
Pues bien, ante las medidas de emergencia declaradas en Colombia para contener el avance del Covid-19, entre las cuales se destaca el aislamiento social, muchos sujetos obligados pueden estar incumpliendo sus manuales SARLAFT.
El llamado de alerta fue realizado por el director de Infolaft, Alberto Lozano, durante un webinario, realizado el 31 de marzo, denominado: ‘Gestión de riesgo de LA/FT, dos grandes retos: Covid-19 y cambios normativos. Acciones urgentes’.
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Según Lozano, “dentro de dos años esto [la emergencia] se nos va a olvidar, pero la supervisión será igual de exigente, y si no se demuestra que durante la crisis hubo una política alterna –sustentada en parámetros técnicos– nos van a medir con el mismo racero de siempre”.
El experto internacional dijo que si los oficiales de cumplimiento no pueden cumplir a cabalidad con todos los controles dispuestos en sus manuales vigentes, deberían tener “manuales de cuarentena” que expongan las medidas alternativas de control que se están implementando en este periodo.
Teniendo en cuenta que las políticas de prevención deben ser aprobadas por las juntas directivas, Lozano sugirió elaborar los nuevos manuales (que incluso se pueden materializar como anexos de los manuales vigentes) y hacerlos aprobar con celeridad, incluso a través de medios virtuales.
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