Según informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU),en Uruguay se recibieron 32% más reportes de operaciones sospechosas con respecto al delito de lavado de activos que en el 2015 (480 contra 363).
De esos casos, 11 fueron puestos en conocimiento de la Justicia penal, según datos publicados en la Memoria de Actividades de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU que se publicó este lunes.
A su vez, la UIAF asistió a la Justicia uruguaya en 132 casos en 2016, 35% más que el año anterior, al tiempo que se colaboró con unidades similares del exterior en 96 oportunidades, lo que representa un incremento del 50% respecto a 2015.
Los llamados Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado (ROS) son pieza fundamental para que la UIAF inicie una investigación sobre un posible caso de lavado de activos, lo que, de encontrarse elementos suficientes, puede derivar en la Justicia penal. El número de reportes presentados no paró de crecer en los últimos cinco años: mientras que en 2012 se registraron 237, en 2016 fueron 480.
Según estipula la ley (17.835) existen sujetos obligados a denunciar actividades sospechosas de lavado, como por ejemplo entidades financieras, escribanos y contadores. El informe destaca que este crecimiento constante en el número de ROS se explica en buena medida por el cumplimiento de esta normativa por parte de actores del sistema financiero, ya que estos presentan el 87% de las denuncias.
Solo los bancos presentan el 54% de los reportes de actividades sospechosas, seguidos de las empresas de servicios financieros y casas de cambio (10%) y 5,2% los intermediarios de valores (como corredores de bolsa, por ejemplo).
El informe señala que en entre 2014 y 2015 los reportes del sector no financiero pasaron de representar el 5% del total a ser el 17%, aunque es una cifra que no volvió a crecer en 2016, a pesar de que se sumaron nuevos actores obligados a reportar este tipo de operaciones, como promotores inmobiliarios, empresas constructoras y usuarios directos de zonas francas.
Por esta razón, el informe destaca como "llamativo" que existan "tan pocos" reportes relacionados con la "compraventa de bienes inmuebles" y "tan pocos actores del sector no financiero que han detectado y reportado una operación sospechosa" (83 contra 391 del sector financiero). Las constructoras, que fueron obligadas a reportar los casos sospechosos recién en 2016 presentaron apenas dos denuncias y los rematadores una.
Si bien, según indica el informe, el transarte de metales preciosos o efectivo a través de las fronteras es "un mecanismo frecuentemente asociado a tipologías de lavado de activos o financiamiento del terrorismo", los vendedores de este tipo de metales no presentaron ningún reporte de actividad sospechosa en 2016.
Para lograr que más actores del sector no financiero brinden información sobre actividades sospechosas, el BCU llevará adelante tareas de difusión y capacitación de la normativa, al tiempo que se incrementará la supervisión de su cumplimiento, señala el informe.
Además se resalta que el BCU adoptó cinco resoluciones para impedir por 72 horas la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos relacionados con el lavado de activos por un valor de US$ 3,6 millones. En los cinco casos la Justicia decidió mantener la inmovilización de los fondos.
La cifra registrada en 2016 es particularmente alta si se tiene en cuenta que entre 2012 y 2016 se había tomado esta definición en nueve casos por un valor de US$ 4,4 millones.
(Nota agregada de El Observador)
