Tanto entidades públicas como organizaciones no gubernamentales, así como organismos internacionales apoyan la lucha contra la corrupción en Colombia. Es útil conocerlas y saber qué documentos publican y qué tareas realizan con el fin de sacarles provecho en eventuales revisiones a los sistemas anticorrupción de las empresas.
Organizaciones no gubernamentales
Transparencia por Colombia
Esta es una organización sin ánimo de lucro que se creó en 1998 y su misión, según lo informa en su página de Internet, es ‘‘liderar desde la sociedad civil la lucha integral contra la corrupción y por la transparencia, en lo público y en lo privado, para promover una ciudadanía activa, fortalecer las instituciones y consolidar nuestra democracia’’.
Transparencia por Colombia
Transparencia por Colombia acompaña a las entidades públicas y las empresas privadas que deseen fortalecer sus sistemas internos de lucha contra la corrupción. Esta ONG publica los siguientes documentos de interés:
- Índice de transparencia nacional
- Índice de transparencia departamental
- Índice de transparencia municipal
- Estudio de prácticas contra el soborno en el sector privado
- Medición de transparencia empresarial
Misión de Observación Electoral (MOE)
En su página web se lee que ‘‘la Misión de Observación Electoral (MOE) es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil, independiente del gobierno, de los partidos políticos y de intereses privados, que promueve la realización del derecho que tiene todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político’’.
Logo MOE
La MOE publica mapas de riesgo electorales antes de las jornadas democráticas e informes de observación electoral posteriores. También ha publicado informes acerca de la implementación del voto electrónico.
Todos los documentos pueden ser consultados a través del siguiente enlace: http://issuu.com/misionobservacionelectoralmoe
Corporación Ocasa
La misión de la Corporación Ocasa, según lo informa en su página web, es ‘‘empoderar a jóvenes para que participen en la construcción de una democracia de calidad que responda efectivamente a las demandas ciudadanas y donde las relaciones políticas y la toma de decisiones sean transparentes y respeten el Estado de derecho (una democracia legítima por sus resultados y procedimientos)’’.
La Corporación Ocasa se creó con cinco objetivos específicos:
- Promover la participación activa de los jóvenes en la vida política y asuntos de interés público. Esto comprende la participación política electoral y otras formas de participación ciudadana.
- Brindar herramientas que mejoren la capacidad de los jóvenes para exigir cuentas y hacer seguimiento a las políticas que les conciernen.
- Incentivar en los jóvenes el ejercicio del liderazgo, así como la capacidad de incidencia política, asociación y trabajo en equipo
- Promover la transparencia en la administración pública y el acceso efectivo a la información.
- Promover el ejercicio efectivo de los derechos políticos, civiles y sociales de los jóvenes.
Andrea Benavides, directora ejecutiva de la Corporación Ocasa, sostiene que ‘‘trabajamos proyectos con fases de sensibilización, formación y acción con grupos de ciudadanos para fortalecer su participación e incidencia a través de ejercicios de control social. Con esto ayudamos a que sea más eficiente la inversión de los recursos públicos en sus municipios. Establecemos encuentros y diálogos entre los ciudadanos y la administración para llegar a acuerdos sobre la mejor manera de invertir los recursos en beneficio de la comunidad’’.
La alta directiva recuerda que han trabajado de la mano de entes públicos para construir mapas de riesgo de corrupción, les han brindado apoyo conceptual para el diseño de planes anticorrupción y asesorado en procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía por medio de rutas para mejorar el acceso a la información pública.
Corpovisionarios
Corpovisionarios se describe como ‘‘un centro de pensamiento y acción sin ánimo de lucro que investiga, asesora, diseña e implementa acciones para lograr cambios voluntarios de comportamientos colectivos’’ desde el enfoque de cultura ciudadana.
De acuerdo con Sayra Aldana, coordinadora del área cuantitativa de Corpovisionarios, ‘‘en la cotidianidad pueden existir pequeños actos de incumplimiento de normas que pueden ser o no catalogados como delitos que la gente no tiene en cuenta y que están fuertemente relacionados con el delito de corrupción; entonces lo que buscamos mediante nuestras investigaciones y acciones es que los ciudadanos comprendan que nuestros comportamientos están íntimamente ligados con lo que creemos que se espera de nosotros y con lo que hemos visto que hacen los demás. De esta manera, cuantos más comportamientos pro norma existan en un grupo social, es menos probable que haya actos de corrupción, pues el mismo entorno nos exige ser legales’’.
Uno de los principales logros de Corpovisionarios, agrega Aldana, consiste en que ‘‘las organizaciones y ciudades con las cuales hemos trabajado han comprendido la importancia de la cultura ciudadana en la generación de mejores condiciones para convivir, lo que a su vez implica necesariamente cumplir acuerdos básicos entre ellos. Las leyes y normas se han preocupado por conducir a los ciudadanos a que ellos mismos sean protagonistas del cambio. Aun cuando hemos empezado a recorrer el camino hacia el cambio, hace falta aún mucho por trabajar’’.
Corpovisionarios también ha desarrollado proyectos con entidades como Unodc y la Dian en los que ha investigado sobre cultura de cumplimiento de normas y cultura académica, además de talleres sobre ética para funcionarios públicos.
Entidades del Estado
Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado colombiano y su función es la de velar por que los funcionarios y las entidades públicas hagan un uso adecuado de los recursos.
De acuerdo con lo expresado en el artículo 267 de la Constitución Política, ‘‘el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación’’.
Entre los instrumentos con los que cuenta el ente de control para cumplir con sus funciones se destacan los controles de advertencia por medio de los cuales, según informa en su página de Internet, el administrador público pueda conocer ‘‘en tiempo real las inconsistencias detectadas por la Contraloría y mediante la aplicación de un control de corrección proceda a subsanarlas’’.
Procuraduría General de la República
La Procuraduría General de la Nación tiene entre sus funciones velar por el adecuado comportamiento de los funcionarios del Estado y castigarlos en caso de que cometan fallas que van en contra de la función pública. Para hacer lo anterior puede abrir procesos disciplinarios por medio de la formulación de pliegos de cargos a aquellos funcionarios señalados de incurrir en irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Sus tres funciones misionales principales son la función preventiva, la función de intervención y la función disciplinaria.
Según informa en su página web, la función preventiva es ‘‘considerada la principal responsabilidad de la Procuraduría, que está empeñada en prevenir antes que sancionar, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales’’.
La función de intervención, como su nombre lo indica, se da cuando la Procuraduría interviene ante las diferentes instituciones que conforman la rama judicial para defender lo que considera violaciones a derechos y/o garantías fundamentales. Finalmente, la función disciplinaria es a través de la cual adelanta y falla las investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos.
Secretaría de Transparencia
La Secretaría de Transparencia es la entidad que desde 2011 reemplazó a la antigua oficina del Zar Anticorrupción. Según el Estatuto Anticorrupción, su función es la de ‘‘asesorar y asistir al Presidente de la República en la formulación y diseño de políticas públicas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción’’.
Casa de Nariño. Foto por Momentcaptured1
También debe ‘‘diseñar y coordinar la implementación de la política del gobierno en la lucha contra la corrupción, enmarcada en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo, según los lineamientos del Presidente de la República’’.
Esta Secretaría también se puede entender como un ente de enlace entre las diferentes entidades del Estado para coordinar de forma adecuada las investigaciones penales y/o disciplinarias que se adelanten por casos relacionados con la corrupción.
Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía es la entidad encargada de investigar los delitos relacionados con corrupción y acusar a sus responsables ante los jueces de la República. Debido a la magnitud del fenómeno, el ente investigador cuenta con una Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción.
Entre las funciones de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción se encuentran:
- Dirigir, coordinar y adelantar las investigaciones y acusaciones que le sean asignadas por recomendación del respectivo comité de priorización o directamente por el Fiscal General de la Nación.
- Organizar y adelantar comités técnico-jurídicos de revisión de las situaciones y los casos para la ejecución de acciones en el desarrollo efectivo y eficiente de las investigaciones penales de su competencia.
- Ejecutar los planes de priorización aprobados por el Comité Nacional de Priorización de Situaciones y Casos en lo de su competencia.
- Asesorar a las dependencias de la Fiscalía General de la Nación en los temas especializados de su competencia.
- Mantener actualizada la información que se registre en los sistemas de información de la entidad, en los temas de su competencia.
- Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Fiscalía General de la Nación.
Organismo internacional: Unodc
Al interior de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) existe un Área de Prevención del Delito y Fortalecimiento de la Justicia (Projust) que cuenta con una coordinación anticorrupción, desde la cual se implementan estrategias para combatir este fenómeno tanto en las entidades públicas como en las empresas privadas.
Según lo informa en su página web, Unodc ‘‘también trabaja para mejorar la prevención del delito y prestar asistencia en la reforma de la justicia penal en diferentes países. La Oficina colabora con los Estados miembros para fortalecer el imperio de la ley, promover sistemas de justicia penal estables y viables y combatir las crecientes amenazas de la delincuencia organizada transnacional y la corrupción’’.
La Unodc también ofrece apoyo para la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en Colombia. En el marco de esta tarea ‘‘se han desarrollado herramientas para dirigir audiencias verbales públicas (disciplinarias, de responsabilidad fiscal y penales), para rendir testimonios y para recoger pruebas o evidencias de manera técnica en las investigaciones en casos anticorrupción, [y] en los procesos sancionatorios de toda índole’’.
Foto infolaft
