Altos funcionarios de la Supersociedades, la Superfinanciera y la UIAF expusieron cuáles son las principales dificultades de los sujetos obligados para cumplir con el SARLAFT y SAGRILAFT.
Son varios los retos que enfrentan las instituciones financieras y las empresas del sector real en Colombia para cumplir con la regulación de prevención de lavado de activos.
Por lo menos, esa fue una de las conclusiones del IV Congreso de Compliance, realizado este 6 de abril por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Durante un panel moderado por Alberto Lozano Vila, director de innovación y tecnología (CIO) de Infolaft, varios delegados del Gobierno de Colombia expusieron sobre las tareas pendientes.
Dificultades en el SAGRILAFT
Ana María Alzate, superintendente delegada de asuntos contables y económicos de la Supersociedades, señaló que muchas empresas tienen problemas para identificar a sus contrapartes y realizar la debida diligencia.
Además, reconoció que muchos sujetos obligados “se han enfrentado a dificultades” al solicitar la información relacionada con los beneficiarios finales.
Esta problemática ocurre, principalmente, cuando la contraparte es una sociedad que no está obligada a implementar medidas para evitar el lavado de activos.
En aquellos casos, recomendó la superintendente delegada, los oficiales de cumplimiento deben documentar cómo hicieron la debida diligencia y qué instrumentos utilizaron.
Esa documentación del proceso “es lo que vamos a revisar” y “hemos dicho muchas veces que nadie está obligado a lo imposible”, aseguró.
Por otra parte, afirmó que a las empresas les cuesta mucho la elaboración de matrices de riesgo, debido a que no suelen contar con personas expertas en la implementación y metodologías.
Nuevos ajustes en el SARLAFT 4.0
Cesar Reyes Acevedo, superintendente delegado de riesgo de lavado de activos de la Superfinanciera, reconoció que algunas instituciones financieras siguen teniendo problemas para cumplir con el SARLAFT.
Aquello a pesar de ser el sector con más desarrollo normativo y tiempo implementando sistemas de administración del riesgo.
Si bien el superintendente delegado no precisó las dificultades, sí anticipó que su oficina está trabajando en un proyecto de circular para modificar el SARLAFT 4.0.
Los cambios, añadió, tendrán que ver con los controles de vinculación de las personas expuestas políticamente PEP.
Actualmente la norma exige que la vinculación de una PEP sea aprobada por un funcionario de mayor jerarquía de aquel que acostumbra a hacerlas.
Pues bien, ahora la responsabilidad de aprobar la vinculación de las PEP quedaría en cabeza de la alta gerencia.
Adicionalmente, señaló que se realizarán ajustes relacionados con la definición y alcance del beneficiario final.
Calidad de información: solicitud de la UIAF
Javier Gutiérrez López, director de la UIAF, sostuvo que el principal reto para los sujetos obligados es entregar información adecuada y funcional a las autoridades.
Gutiérrez, quien dirige la Unidad que recibe los reportes de operaciones sospechosas (ROS) por parte de empresas, recordó que esta y otra información se considera un insumo fundamental para perseguir el delito.
Finalmente, el alto funcionario recordó que en la UIAF analizan más de 322.000 registros cada segundo, y cuentan con más de 17.000 millones de datos.
