Infolaft pone sobre la mesa cinco tareas pendientes que tiene Colombia para perseguir el lavado de activos.
Durante el Congreso de Sostenibilidad de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria) el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, propuso llegar a un “consenso” nacional para quitarle los tres ceros al peso y así ejercer presión sobre los grupos criminales que tienen su dinero en ‘caletas’.
Esta propuesta, que busca obligar a los delincuentes a llevar su dinero a los bancos y así perseguirlos, es una buena idea y seguramente va a cambiar conductas criminales, pero no es suficiente.
La efectividad de esta medida puede ser relativa por varias razones. En primer lugar, la noticia tuvo gran difusión y
los grupos criminales ya están advertidos. Seguramente en estos momentos están pensando en estrategias para lavar el dinero antes de que sea obsoleto. Se perdió el factor sorpresa.
En segundo término, es una medida demorada de implementar, toda vez que un ajuste así debe ser tramitado a través de una ley cuya aprobación toma tiempo en el Congreso.
Además, es necesario que se haga una transición para cambiar los billetes y así evitar afectar a los ciudadanos, con lo cual el dinero de los delincuentes no perdería de inmediato su poder económico.
En tercer lugar,
los delincuentes tienen muchas maneras de burlar la medida. Por ejemplo y como lo han hecho en muchos casos de lavado de activos en Colombia, pueden cambiar los billetes impunemente por medio de empresas fachada, de testaferros, suplantando personas, falsificando documentos o por medio de ‘pitufos’, personas que se prestan para moverles pequeñas cantidades de dinero a los ilegales.
Por otra parte, las denominadas ‘caletas’ parecen ser cosa del pasado.
De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), que dan cuenta de los dineros incautados a los grupos insurgentes y estructuras de crimen organizado, en los 2014 y 2015 apenas se incautaron 1833 millones de pesos en ‘caletas’ de las Farc, y 14 993 millones de las bandas criminales (Bacrim).
Si tenemos en cuenta que, según estimaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), el lavado de activos en Colombia supera los 18 billones de pesos al año,
el monto incautado de las ‘caletas’ equivale al 0,000000093 % del total de plata lavada.
Si se trata de poner sobre la mesa propuestas para perseguir el lavado de activos, a continuación se exponen algunas iniciativas que, de materializarse, tendrían un gran impacto.
Registro único de propiedades
Es necesario que Colombia reconozca la necesidad de tener un registro completo de propiedades que centralice la información de todos los registros públicos de bienes (acciones y otro tipo de participaciones societarias, aeronaves, inmuebles y cuentas bancarias, entre otros) en uno solo, para así incrementar la transparencia de cara a la ciudadanía y facilitar la administración transparente de dichos bienes.
Además, este registro es una vía expedita para cumplir con estándares y convenios internacionales suscritos por Colombia en los que se exige establecer mecanismos para el conocimiento real y efectivo de los beneficiarios finales de transacciones con sujetos obligados a prevenir el LA/FT.
Incluso
dentro de ese registro podría informarse si los bienes están incursos en algún proceso de extinción del derecho de dominio, algo que, sin duda, sería de gran utilidad para los ciudadanos de bien que en la actualidad cuentan con pocas herramientas para evitar relacionarse con delincuentes.
Sistema centralizado de información para autoridades
En el año 2012 la Uiaf y la Contraloría General tuvieron una fuerte disputa jurídica debido a que la primera negó el acceso a una información relacionada con el grupo Nule. El caso, incluso, llegó a los estrados judiciales y fue resuelto por el Consejo de Estado a favor del ente de control.
Este tipo de situaciones se pueden prevenir si las entidades del Estado facultadas para prevenir, combatir y judicializar el lavado de activos cuentan con un sistema centralizado que les permita consultar en tiempo real la información sobre casos y personas, evitando los engorrosos oficios y requerimientos cuyas respuestas tardan semanas.
Además, esto no es opcional. De hecho, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) exige dentro de sus estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos que las autoridades de los países “(…) cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación a nivel interno”.
Estatuto contra las finanzas ilícitas
Como parte de la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la desaparecida guerrilla de las Farc se previó la elaboración de un nuevo Estatuto de Prevención y Lucha contra las Finanzas Ilícitas que
aún no ha sido expedido.
El objetivo de esta norma es armonizar y fortalecer el marco legal contra este fenómeno, y para promover la persecución de los eslabones más fuertes de la cadena de valor del narcotráfico, como son las redes de comercialización a gran escala y de lavado de activos.
Según lo acordado, el Estatuto contendrá las funciones específicas de las diferentes autoridades para el funcionamiento de los esquemas de prevención del
lavado de activos y la manera en que dichas autoridades se coordinarán entre sí.
También debe definir cuáles son los sujetos que se encuentran obligados a prevenir el lavado, establecerá el régimen sancionatorio aplicable a los particulares y creará un régimen aplicable a los bienes.
‘Lista Clinton’ colombiana
Crear un listado de sanción financiera similar a la denominada ‘
lista Clinton’ –administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés)– para congelar los activos vinculados a redes criminales y bloquear las transacciones con individuos sospechosos de lucrarse se recursos ilegales, parece una manera más eficaz para que el Estado golpee de forma efectiva las estructuras financieras del crimen organizado sin afectar a terceros.
De esta manera,
sería deseable que la ‘lista Clinton’ colombiana incorpore individuos, organizaciones, empresas, naves, aeronaves, inmuebles y otros bienes relacionados con la delincuencia organizada con el fin de alejarlos del mercado lícito y de aislarlos económicamente, toda vez que esta herramienta ha demostrado ser muy efectiva en la desarticulación de bandas delincuenciales sofisticadas.
Adicionalmente, este esquema ha resultado robusto y efectivo en otras jurisdicciones porque, al materializar las sanciones de forma inmediata, no da tiempo a los delincuentes para desviar los recursos hacia testaferros o hacia el exterior. Algo que si ocurriría con los billetes.
Registro único de beneficiarios finales
Esta es una de las mejores prácticas sugeridas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) para perseguir el delito, pero en Colombia no ha sido posible sacarla adelante.
El último que lo intentó infructuosamente fue el fallecido Juan Mario Laserna en el año 2012, momento en el que se desempeñaba como Senador de la República adscrito a la comisión económica del legislativo.
Un registro de
beneficiarios finales, que sería obligatorio para las empresas, permitiría a las autoridades no solo establecer con facilidad qué personas están detrás de las operaciones, sino cuáles son las empresas que se niegan a entregar los datos y por esa vía identificar aquellas que estarían incursas en actividades delictivas.
Además, sería una poderosa herramienta para fortalecer los controles de prevención del lavado de activos que deben implementar los bancos, empresas y demás sujetos obligados.
