Un reconocido banco tendrá que pagar una sanción de 500 millones de pesos por graves fallas en el suministro de información a la UIAF y a la Fiscalía.
Este 2020 es un año de grandes noticias en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
A la expedición del SARLAFT 4.0 y los ajustes temporales en los procesos de conocimiento del cliente debido a la crisis del Covid-19, ahora se suma la multa más alta de la historia por SARLAFT.
Por medio de la resolución 899 del 13 de octubre de 2020 la Superintendencia Financiera de Colombia dejó en firme una multa de 500 millones de pesos en contra de un banco.
¿Los motivos? Fue negligente en la entrega de reportes de transacciones en efectivo a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Como si ello no fuera suficiente, también demoró injustificadamente la entrega de una información que la Fiscalía General requería para unas investigaciones.
Por considerarlo de gran relevancia para la comunidad de oficiales de cumplimiento, en Infolaft exponemos los detalles más importantes del caso.
Una queja de la Fiscalía: origen del caso
El 9 de marzo de 2018 el Delegado contra las Finanzas Criminales dela Fiscalía General le remitió el oficio 2018029312-001-000 al Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera.
Allí, le informó de una serie de “dificultades” que se venían presentando con un banco y que habían demorado unos procesos de búsquedas selectivas en bases de datos.
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En el mismo documento el funcionario de la Fiscalía expuso que “no es la primera vez que las respuestas a los requerimientos formulados a dicho establecimiento de crédito (…) presentan problemas con la oportunidad, calidad y utilidad de la información”.
Ante tal situación, el Superintendente Delegado solicitó detalles precisos de las mencionadas dificultades.
En su respuesta, el funcionario de la Fiscalía General contó que hubo varias irregularidades en relación con la solicitud de información relacionada con cuatro investigaciones.
La injustificada solicitud de un logo
El 10 de octubre de 2016 la Dirección Especializada de Policía Judicial Económica y Financiera de la Fiscalía General hizo una solicitud al banco en el marco de una investigación.
Concretamente, la Fiscalía necesitaba formularios de apertura de productos, certificaciones de inversiones y declaraciones de operaciones en efectivo de unos clientes.
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Dicha solicitud fue acompañada de la orden del fiscal y la autorización de un juez de control de garantías para realizar la búsqueda selectiva en bases de datos.
En el documento el Fiscal le precisó al banco que “es un tema de vital importancia, razón por la cual acudimos a ustedes con el fin de que se agilice la solicitud y podamos llevar a cabo nuestra labor lo más pronto posible”.
El banco respondió casi tres semanas después y le pidió a la Fiscalía “confirmar los productos para la búsqueda” y enviar la solicitud en una hoja con logo.
Días después, los investigadores respondieron que no tenían los números completos de los productos, solo sus últimos dígitos, debido a que la información la extrajeron de centrales de riesgo.
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El 3 de noviembre de 2016 el banco reiteró su solicitud para que le enviaran el oficio en una hoja con logo.
Para hacer corta la historia, después de varias dilaciones, el banco solo entregó la información en marzo y abril de 2017.
El regaño de la Superfinanciera
En la resolución sancionatoria el ente de supervisión recordó que, según los numerales 4.2.2 y 4.2.2.1.3 del SARLAFT, las entidades deben “atender los requerimientos de información por parte de autoridades competentes”.
Luego de revisar el caso, encontró que el banco “no fue diligente en la atención de requerimientos de la Fiscalía General de la Nación”.
Esto basado en que la información solicitada fue entregada parcialmente el 27 de marzo de 2017, es decir, pasados más de cinco meses de la solicitud original.
Respecto a la exigencia del logo, la Superfinanciera señaló que “la falta del mencionado logo no le impedía (al banco) adelantar las labores de búsqueda de la información”.
Además, la Superintendencia mencionó que la Fiscalía había acompañado la solicitud junto con la orden del fiscal, la autorización de un juez y desde un correo con dominio oficial.
Por todo ello, “para atender dicho requerimiento, (el banco) no necesitaba de un oficio con el logo de la Fiscalía General (…) pues era evidente que tenía conocimiento previo del mismo y que el correo provenía de la mencionada autoridad”.
Una situación similar ocurrió con las demás investigaciones en las que el banco demoró la entrega de información.
Problemas con los reportes a la UIAF
Los reportes de transacciones en efectivo correspondiente s al periodo febrero 2016-febrero 2017 que el banco le entregó a la UIAF tuvieron varias inconsistencias.
La situación irregular obedeció, según el banco, al cambio de su sistema tecnológico, hecho que “fue debidamente informado a la Superintendencia Financiera”.
No obstante, la Superfinanciera cuestionó al banco por no cumplir con su propio procedimiento interno de remisión de información, el cual incluía parámetros de calidad.
La falla concreta consistió en que hubo problemas en las cifras reportadas debido a que varios puntos indicadores de posiciones decimales estuvieron mal ubicados y afectaron la calidad de los datos.
En opinión de la Superfinanciera, tal aspecto debió tenerse en cuenta “antes de proceder a la remisión de información”, toda vez que ello “afectó esencialmente” los datos.
Lecciones que se pueden aprender
La multa más alta jamás emitida en Colombia contra una entidad financiera por fallas en el SARLAFT deja varias lecciones.
Una de las más importantes es que se deben atender con celeridad y cuidado todos y cada uno de los requerimientos que hagan las autoridades competentes.
Además, la respuesta no se debe dilatar por detalles accesorios como la inclusión de un logo en un documento.
Hay varias herramientas que los oficiales de cumplimiento pueden usar para verificar la autenticidad de una solicitud de información.
Tal es el caso de la verificación de la orden de Fiscalía o de la autorización del juez de control de garantías. Para ello basta con llamar o escribir a los respectivos despachos.
Otra lección importante es que se debe revisar muy bien la información dirigida a una autoridad antes de su envío. Cualquier inconsistencia puede generar sanciones.
Finalmente, los oficiales de cumplimiento deben tener claro que existe una importante coordinación y comunicación entre las diferentes autoridades encargadas de luchar contra el LA/FT.
Esa coordinación no solo sirve para poner la lupa sobre potenciales organizaciones delincuenciales, sino sobre profesionales de cumplimiento que no sean diligentes en su trabajo.
