La minería es uno de los sectores más representativos de la economía nacional, motor del crecimiento, la inversión, las exportaciones y la generación de empleo.
Por: Javier Gutiérrez López*
Según cifras del DANE, en 2020 la explotación de minas y canteras le aportó al país 40 billones de pesos; es decir, aproximadamente el 4% del PIB nacional.
Además, generó 350.000 empleos que beneficiaron a muchas familias y con ello el consumo y la reactivación económica.
Asimismo, genera importantes recursos en materia de regalías, que respaldan la financiación de proyectos destinados a mejorar la educación, la salud y la infraestructura, también determinantes en el crecimiento económico y el bienestar.
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Teniendo presente lo que representa la explotación de minas y canteras para la economía y para el bienestar de la sociedad, el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) focaliza sus esfuerzos en la protección de este y de todos los sectores, subsectores, actividades económicas y profesiones, frente a la penetración de dineros de origen ilícito, que afectan la reputación de los sectores y causan efectos negativos para la economía.
A partir del entendimiento de la amenaza, el fortalecimiento de los procesos de prevención y detección del LA/FT y la afectación a sus estructuras financieras ilícitas se impacta estructuralmente a las redes de crimen organizado y se liberan posibilidades para la economía legal, lícita.
Convergencia criminal y afectación sectorial asociada a la minería ilegal
La explotación ilícita de yacimientos mineros impacta de manera dramática las dimensiones económica, de seguridad, medioambiental y social.
Además, genera graves afectaciones a la salud de las personas que habitan en las zonas contaminadas con mercurio y cianuro, entre otros químicos.
Al ser una fuente importante de recursos para los Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), la minería criminal contribuye al sostenimiento de las estructuras delincuenciales, perpetuando así su accionar delictivo generador de violencia, desplazamiento, desigualdad y pobreza.
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El panorama atomizado de impactos incluye también la corrosión a la economía legal, al promover la sustitución de economías lícitas por ilícitas y afectar de forma directa al sector minero que, como se mencionó antes, le genera grandes recursos al país.
La convergencia criminal existente entre la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando, los delitos medioambientales, la corrupción, la trata de personas, el tráfico de migrantes y, por supuesto, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, obliga al sistema ALA/CFT a impactar de manera transversal toda la cadena criminal asociada a la extracción ilícita de yacimientos mineros.
La minería ilegal es un vehículo para el lavado de activos del narcotráfico, a su vez, de forma asociada con el narcotráfico, financia a los GAO y al terrorismo.
El producto de la minería ilegal y del narcotráfico se comercia a través de redes criminales trasnacionales. La corrupción entra en la cadena como facilitador de la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y la extorsión.
La minería ilegal y el narcotráfico aumentan la presencia territorial de los GAO y GDO, agudizando fenómenos como la trata de personas y el tráfico de migrantes que se presentan en zonas donde convergen los GAO y las economías ilícitas.
Por si fuera poco, la minería ilegal y el narcotráfico generan deforestación ocupando el territorio de cultivos lícitos, generando daños irreparables para el medio ambiente.
Al observar esta dinámica perversa es fácil evidenciar que no se puede atacar de manera aislada el fenómeno de la extracción ilícita de yacimientos mineros, sino enfrentar la convergencia criminal desde la afectación del componente financiero de las estructuras criminales, responsables de las economías ilícitas que se alimentan entre sí.
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Esto se convierte en un requisito para evitar que se reinventen y fortalezcan. Es decir, para lograr el desmantelamiento de dichas estructuras de crimen organizado.
En ello, la labor de la inteligencia financiera de la UIAF y el accionar en pleno del sistema ALA/CFT resultan ser decisivos, generando información y productos de inteligencia que orienten la toma de decisiones y las acciones de la fuerza pública y de las autoridades competentes.
El debilitamiento financiero, la desarticulación y el posterior desmantelamiento de las redes del crimen organizado es, sin duda, la mejor estrategia para enfrentar estos fenómenos.
Para desarrollar esta tarea, la UIAF lideró el diseño e implementación del Sistema Dinámico y Efectivo (SDE) para fortalecer y dinamizar el sistema antilavado colombiano.
Su principal objetivo es el de contar con más y mejor información disponible, accesible y de calidad.
En la actualidad esta información fluye de forma más ágil y efectiva en las fases antilavado (prevención, detección, investigación y judicialización).
En el artículo Coordinación y cooperación, un camino construido y recorrido para la efectividad del Sistema ALA/CFT, publicado en Infolaft el 31 mayo de 2021, explico el alcance del SDE, el cual se sustenta en tres pilares:
- Capital tecnológico sustentado en herramientas de hardware, software, big data, analítica, inteligencia artificial, machine learning, procesos y procedimientos efectivos.
- Capital humano altamente calificado, tanto para el uso de la tecnología como para articularse con otros actores del sistema antilavado en los procesos y procedimientos, de acuerdo con su especialidad.
- Capital intangible que se refiere a la confianza, coordinación, articulación, cooperación, suma de capacidades, de acuerdo con la especialidad.
Estos tres capitales facilitan la generación de conocimiento para el estudio y entendimiento de fenómenos como la minería ilegal y las estructuras criminales que la originan.
El conocimiento es un requisito sin el cual es imposible determinar qué se busca afectar, a quiénes, cuáles son los nodos más relevantes dentro de la estructura y cuáles son las mayores vulnerabilidades por donde se puede impactar la dinámica criminal.
Gracias a lo anterior, la UIAF y el sistema ALA/CFT de Colombia, en el que son una pieza fundamental la Fuerza Pública, la Comunidad de Inteligencia y la Fiscalía General de la Nación, han dado golpes contundentes en contra del lavado de activos, sus delitos fuente y el financiamiento del terrorismo.
Desde 2019 a diciembre de 2021, la UIAF difundió a las autoridades competentes 449 productos de inteligencia por cerca de 45 billones de pesos, cifras récord de la entidad que demuestran el compromiso por construir un país en donde primen la legalidad, el emprendimiento y la equidad.
De los productos de inteligencia difundidos, se estima que 1,2 billones de pesos corresponden a casos relacionados con delitos ambientales; sin embargo, como expliqué antes, la convergencia criminal correlaciona a otros delitos que facilitan y apoyan la ejecución de los mismos.
Las importantes cifras de detección por parte de la UIAF son un logro muy importante que ha estado acompañado de una batería de medidas implementadas por el país para enfrentar la minería criminal. A continuación, algunas de ellas.
Protección al sector minero: una tarea bien hecha
El país ha robustecido en los últimos años el marco normativo para regular la actividad minera, proteger el medioambiente de prácticas ilegales asociadas a la minería criminal y, con lo anterior, proteger al sector de la explotación ilícita de yacimientos mineros por parte de GAO y GDO.
Recordemos, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad, a través del cual se busca, entre otros muchos proyectos, frenar la deforestación y otros crímenes ambientales a partir del Pacto por la Sostenibilidad.
De la misma forma, la Política de Seguridad y Defensa, en el objetivo estratégico 4, se enfoca en preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales como activos estratégicos del país.
La política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques, consignada en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 4021 de 2020, es un punto de partida muy importante, a través del cual el país logrará la reducción del 30% de la deforestación en 2022, la reducción de 100.000 hectáreas de deforestación en 2025 y eliminar por completo la deforestación en 2030.
Es importante mencionar también la nueva política pública antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la destrucción de armas de destrucción masiva, consignada en el CONPES 4042 de 2021.
Su objetivo es fortalecer el sistema antilavado a partir de cuatro ejes: gestión del conocimiento y cultura antilavado, fortalecimiento del marco normativo antilavado, gestión de la información, y finalmente la coordinación y cooperación.
Colombia también cuenta con el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación CONALDEF que propone la política, planes, programas y estrategias de lucha contra la deforestación y otros delitos ambientales asociados.
En materia regulatoria está el Decreto 2235 de 2012 del Ministerio de Defensa Nacional, el cual regula el uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras sin autorización.
De la misma forma, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 2261 de 2012 que regula el registro y movilidad de la maquinaria amarilla y ejerce el control de la importación.
Estos esfuerzos se sustentan en la articulación, coordinación, cooperación y confianza (capital intangible del SDE) como elementos fundamentales para impulsar estrategias efectivas en contra de esta y todas las economías ilícitas.
Por esa razón desde la UIAF trabajamos articuladamente con el Ministerio de Minas y Energía a través de un Convenio de Cooperación para apoyar al sector minero en la identificación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como en la elaboración de estudios estratégicos conjuntos en la materia.
De igual forma, trabajamos con las entidades del sector de minas y energía para tener acceso a la información de la base de Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) y para seguir trabajando en la implementación del sistema de administración de riesgos para los comerciantes de metales y piedras preciosas que se sometan al proceso de formalización.
Con la Superintendencia de Sociedades también desarrollamos estrategias coordinadas a través de mesas de trabajo para la identificación de nuevos sujetos obligados del sector de comerciantes de minerales y piedras preciosas en el marco del Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de LA/FT/FPADM, conocido como SAGRILAFT 3.0.
En virtud de la norma las empresas comercializadoras deben enviar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIAF y adoptar el SAGRILAFT 3.0.
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería trabajan en el desarrollo de un proyecto piloto para la trazabilidad de la cadena del oro con origen en la minería de subsistencia.
Según explican las entidades, este es el primer paso en la implementación de un sistema para tener trazabilidad y control en el registro de las operaciones de compra y venta de oro con origen en la minería de subsistencia.
Con ello se pretende la inclusión en el sistema de todos los comercializadores y mineros de subsistencia que cumplen con las normativas y realizan importantes esfuerzos para dar credibilidad a las operaciones en la cadena de explotación y comercialización del oro.
Bancarización e inclusión financiera para el sector
La tarea se está haciendo bien. Muestra de ello es la reciente aprobación de la Ley de bancarización minera que, sin duda, contribuirá a fortalecer el sector y a protegerlo de la penetración de dineros de origen ilícito y proteger a la economía en general.
La Ley 2177 del 30 de diciembre de 2021 facilita el acceso a los servicios financieros a las minas formalizadas y legalizadas con el objetivo de “establecer condiciones para garantizar el ingreso de la actividad extractiva formalizada a créditos y cuentas de ahorro que ofrecen las entidades que son vigiladas por la Superintendencia Financiera y/o por la Superintendencia de Economía Solidaria.”
Para ello, según se indica en la Ley, “las entidades [financieras] realizarán capacitaciones sobre el proceso de acceso a los productos y servicios financieros ofrecidos, más en lo relacionado con el cumplimiento regulatorio, gestión de riesgos, prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva y prácticas de ética empresarial (…)”.
Toda esta batería de mecanismos e instrumentos son la base sobre la cual podemos detectar, a través del análisis financiero, las posibles operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector minero.
Nuestra misión es seguir protegiendo la economía de la penetración de dineros de origen ilícito, asegurando con ello escenarios de crecimiento, generación de empleo, seguridad y bienestar.
Simultáneamente, el sistema ALA/CFT y la UIAF seguirán proponiendo estrategias orientadas a robustecer la bancarización y la inclusión financiera como un determinante para mejorar la prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector minero y en todos los sectores.
*Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia UIAF
