El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió emprender una acción conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República en contra de las mafias que están trabajando en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Según dijo el funcionario en el foro “Persecución de los bienes de la corrupción y manejo del conflicto de interés”, realizado el pasado jueves en Bogotá, “tenemos que actuar coordinadamente las tres instituciones de control y darle un golpe a esa mafia, es claramente una situación en donde hay un mapa de riesgo altísimo, y por eso hay que actuar inmediatamente”.
En su intervención, el jefe del Ministerio Público pidió poner en marcha un sistema de alertas tempranas en la Dian “a
ver qué pasa con los patrimonios de funcionarios como el que protagonizó los lamentables hechos recientes”. Frente al caso del funcionario de la Dian, Omar Ambuila, el procurador Carrillo anunció la apertura de una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en las que incurrió el servidor público en el ejercicio de su cargo.
“Esto es la punta del Iceberg. Según los cálculos hay una red criminal de más de USD 25 millones que se está beneficiando de los temas del contrabando. El cálculo es que son más de COP 80 mil millones de pesos en el caso particular de esta familia Ambuila, así que imaginemos la cantidad de implicaciones que puede tener como red criminal organizada que es”.
En desarrollo del encuentro, el Procurador General envió un mensaje de que es posible identificar, vigilar y sancionar los incrementos patrimoniales injustificados y los conflictos de interés, y resaltó el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la modernización de los órganos de control para poner la tecnología al servicio de la ética pública.
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El caso Ambuila
La solicitud realizada por la Procuraduría General se deriva del escándalo destapado en los últimos días en el que fueron capturados dos funcionarios de la Dian en Buenaventura, Valle del Cauca, y varios integrantes de su grupo familiar, por haber facilitado el ingreso irregular de varias toneladas de mercancía por el puerto a cambio de millonarios dividendos.
Según la fiscalía, “vehículos deportivos de gama alta, altas transacciones en dólares a Estados Unidos, compra de costosos accesorios, viajes y fiestas hacían parte de las múltiples actividades detectadas por la Fiscalía General de la Nación y que no han podido ser justificadas por los presuntos integrantes de la organización criminal dedicada al contrabando ni por algunos de sus familiares, que ostentaban los lujos en el extranjero”.
Los cabecillas de esta red de corrupción y contrabando serían Omar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian en la terminal marítima de Buenaventura, y Emilson Moreno Granja, funcionario de la misma dependencia. Según la fiscalía, los funcionarios habrían aprovechado sus cargos para manipular los contenedores y alterar el contenido o permitir que cruzaran sin ningún control aduanero a cambio de millonarios beneficios que se ocultaron a través de la constitución de empresas fachada o fueron girados a sus familiares para que adquirieran bienes y servicios que superarían su capacidad económica.
En el curso de la investigación
llamó la atención que la hija y esposa de Omar Ambuila gozaban de una vida lujosa que era expuesta a través de las redes sociales. Ya en la verificación de sus movimientos financieros se constató que no desempeñaban actividad económica que soportara los bienes y la vida social que ostentaban.
Por ejemplo, respecto de Jenny Ambuila, hija del funcionario de la Dian, se conoció que estudiaba en una de las más reconocidas y prestigiosas universidades en Estados Unidos, viajaba constantemente, tenía un celular de oro, recibía giros en dólares y asistía a los más famosos festivales de música electrónica en el mundo. Esta joven sería, además, la propietaria de un vehículo Lamborghini de color rojo que habría sido comprado en Miami, al igual que una camioneta Porsche blanca.
El rastreo financiero evidenció que, por el Lamborghini, se pagaron algo más de USD 300 mil dólares, es decir, cerca de COP 1.000 millones de pesos que supuestamente salieron de la venta de una casa en el norte de Cali (Valle del Cauca), en 2016. Este negocio fue desvirtuado por los investigadores, ya que se verificó que para el mencionado año Ambuila no tenía bienes a su nombre.
Los dos funcionarios y los otros tres detenidos de su circulo familiar fueron presentados ante un juez de control de garantías de Cali, quien legalizó las capturas. Se les imputarán los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
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