Según informó Dinero, la Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda elaboró un proyecto de decreto que eliminaría la obligación de canalizar las operaciones monetarias por importaciones o exportaciones mediante los Intermediarios del Mercado Cambiario, tal como sucede ahora.
Según la URF, el proyecto intenta hacer una corrección frente al tratamiento actual que tienen las divisas que recibe el país producto del comercio externo ya que estas no son tomadas en cuenta por el Banco de la República para calcular la Balanza de Pagos y tampoco le afectan los controles cambiarios actuales.
Sin embargo, Dinero conoció que al sistema financiero poco le gustó la propuesta de la Unidad de Regulación. Ya que el proyecto se mantuvo en etapa de comentarios hasta hace poco, los privados aprovecharon para enviarle a la URF una carta con todos sus reparos y advertencias al respecto.
Para las entidades privadas, eliminarle a las divisas por comercio exterior su paso por los Intermediarios del Mercado Cambiario podría constituirse en un grave error para los esfuerzos del país en la lucha contra la financiación del terrorismo y el lavado de activos para la cual sigue los estándares internacionales.
El sistema financiero explica que dicha canalización de recursos es precisamente la que permite que se lleven a cabo los controles necesarios para evitar que al país ingresen dineros ilícitos o procedentes de países que no cumplan con los estándares internacionales de seguridad.
Pero una modificación a la medida actual le provocaría al país varios riesgos, advierte la carta que recibió la URF.
Por ejemplo al cancelar el registro de cuentas de compensación para abrir este mercado, se le abriría paso a una desbancarización que a su vez generaría un mercado paralelo de divisas.
Dada la falta de controles sobre el origen de las divisas, las cuentas del país podrían contagiarse de recursos ilícitos, lo que pondría en duda a todo el sistema y reduciría la confianza tanto de los inversionistas extranjeros como de los socios comerciales y financiadores, reduciendo el flujo de recursos al país.
Esta misma situación también llevaría a la rebaja en la calificación de Colombia como colaborador en el control de financiación del terrorismo y lavado de activos, algo que tiene especial relevancia teniendo en cuenta el tráfico de sustancias ilícitas del país, que incluso le llevó recientemente a protagonizar un debate en el Congreso de Estados Unidos.
Pero los riesgos para el país con el mencionado proyecto de decreto van más allá. La falta de control para los ingresos por actividades comerciales podría llevar a un incremento en el contrabando, ya que los bajos pagos por la compra y venta de estas mercancías no tendría control alguno.
