El superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, señaló que “hay un riesgo enorme” de lavado de activos en este tipo de instituciones, debido a que la norma Sarlaft no les aplica.
La mayoría de EPS e IPS de Colombia, así como las empresas de medicina y ambulancias prepagadas tienen que implementar un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft), esto luego de que la Superintendencia de Salud emitiera en abril de 2016 la circular 9 de 2016 que impuso esa obligación.
De acuerdo con dicha norma, desde el 17 de diciembre de 2016 todas estas entidades deben tener sus Sarlaft en marcha. Sin embargo, hay un segmento que no está regulado: las EPS indígenas.
Y es que según el superintendente Norman Julio Muñoz, allí “hay un riesgo [de lavado de activos] enorme por las reglas específicas de estas instituciones, obligaciones como la de Sarlaft no resultan obligatorias y eso nos preocupa bastante”.
En conversación con Infolaft el funcionario expresó que en casos como el de la EPS indígena Manexka “tenemos serias sospechas de lavado de activos, tenemos una controversia en este momento por su liquidación”. Vale la pena recordar que esa EPS entró en liquidación por parte de la Supersalud luego de encontrar –en palabras de Muñoz– “acciones de corrupción muy graves”.
Según el propio superintendente, es importante que la condición especial que tienen las EPS indígenas “no sirva de amparo a actividades ilegales”.
