Se lee en el artículo 358 del código penal, vigente desde el 25 de julio de 2001, que comete delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos quien ilícitamente importa, introduce, exporta, fabrica, adquiere, tiene en su poder, suministra, trafica, transporta, o elimina “sustancia, desecho o residuo peligroso, radiactivo o nuclear considerado como tal por tratados internacionales ratificados por Colombia”.
Como es bien sabido, la Recomendación No. 7 del GAFI en el mismo contexto desde febrero de este año les solicita a los países implementar sanciones financieras dirigidas a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento.
Estas resoluciones, enfatiza el GAFI, exigen a los países que congelen sin demora los fondos de las personas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad dentro del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
Al respecto debe tenerse en cuenta que la Resolución No. 1718 de 2006 del citado Consejo hace referencia esencialmente a los programas nucleares relacionados con ADM (armas de destrucción masiva) y con misiles balísticos de la República Popular Democrática de Corea, y que la Resolución No. 1737 del mismo año y sus complementarias hacen referencia esencialmente a la proliferación nuclear en Irán y en particular a la participación dentro de ello del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y de la Sociedad Mercantil Naviera de la República Islámica del Irán.
La primera pregunta que aflora ante este panorama es si Colombia es un territorio apto para adquisición, desarrollo, tráfico, o empleo de armas o sustancias nucleares.
De acuerdo con información presentada por el Ministerio de Minas y Energía ante la OIEA (Agencia Internacional para la Energía Atómica de la ONU), existen áreas con potencial de uranio en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Meta; se ha desarrollado exploración institucional en la región de Paipa–Iza en el departamento de Boyacá; hay más de veinte (20) contratos de concesión vigentes para explotación de Uranio a cargo principalmente de empresas canadienses y más de trescientas (300) solicitudes de concesión para el mismo propósito.
Es de destacar, adicionalmente, que la Policía Nacional de Colombia inauguró en octubre de 2010, con la cooperación de la OIEA, el Centro Nacional de Seguridad Nuclear, el cual tiene como propósito “(…) el fortalecimiento de las capacidades para prevenir, detectar y responder a las amenazas terroristas que involucren material nuclear y/o radioactivo”. Gracias a ello, se han logrado incautar fuentes radioactivas y judicializar a los responsables del tráfico ilícito de estos materiales. (Declaración de Colombia ante la 55 Conferencia General de la OIEA; Septiembre de 2011).
De igual forma, es necesario saber si las organizaciones terroristas afincadas en nuestro país están en capacidad de tener relaciones con fines de tráfico de ADM con la República Popular Democrática de Corea, o con la República Islámica de Irán.
Otra pregunta, aun no contestada por las autoridades, es si es factible que en Colombia se trafique, o si –eventualmente– existe capacidad tecnológica para producir de manera clandestina los llamados “sistemas vectores”, esto es “misiles, cohetes y otros sistemas no tripulados”.
Finalmente, es necesario poner de presente que para estos propósitos las autoridades (Fiscalía, UIAF, Ministerio de Minas, Superintendencias, entre otras) deben:
No obstante, es evidente que esas obligaciones deben establecerse de manera previa, clara y expresa mediante normas (Circulares Externas) de carácter general, para cumplir con las disposiciones del GAFI y de la Organización de las Naciones Unidas, como también para generar mecanismos de prevención, detección y reporte frente al tráfico o uso que de estas ADM puedan llegar a hacer las organizaciones terroristas locales.
