Por Javier Gutiérrez López*
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en sus 40 Recomendaciones o estándares internacionales para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), indica que los países deben contar con una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que centralice y analice los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) e información sobre el lavado de activos, delitos fuente y el financiamiento del terrorismo (Recomendación 29 del GAFI).
El GAFI indica, además, que el análisis de las UIF debe “agregar valor a la información recibida” de las diferentes fuentes.
Esto debido a que, más allá de contar con una entidad encargada de prevenir y detectar el LA/FT/FPADM, el impacto esperado por parte de las UIF no es otro que el fortalecimiento de los sistemas antilavado para alcanzar el desmantelamiento de las organizaciones criminales, una variable explicativa o determinante del crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar.
Si bien ese propósito es una enorme responsabilidad en la que confluye el accionar de muchos organismos y agencias nacionales e internacionales, la inteligencia financiera juega un papel protagónico en la generación de estrategias que impacten las estructuras financieras de las organizaciones criminales, determinantes de su sostenibilidad.
Su misión es impactar y desmantelar las economías ilícitas (entre ellas, el narcotráfico, el contrabando, la explotación ilícita de yacimientos mineros, la corrupción, la extorsión, el tráfico de migrantes y la trata de personas) a través de mecanismos e instrumentos que permitan seguir el rastro de los dineros de origen ilícito.
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El Grupo Egmont, cuerpo internacional que agrupa a 165 UIF de todo el mundo, definió a las unidades de inteligencia financiera como “instituciones centrales de carácter nacional responsables de recibir, solicitar (en tanto esté habilitada para ello), analizar y comunicar a las autoridades competentes información financiera relativa a bienes de los que se sospeche su origen criminal, a fondos hipotéticamente dedicados a la financiación del terrorismo”.
Así las cosas, el “valor agregado” de las UIF es la información efectiva, útil, accionable y operativa que difunde a las autoridades, información que se traduce en decisiones acertadas por parte de los gobiernos y en un propósito superior, que es crear entornos de seguridad, inversión, crecimiento económico, empleo y bienestar, en donde se garantizan los derechos a la vida, la dignidad humana, la libertad y la convivencia pacífica.
En Colombia este propósito superior no solo está consagrado en la Ley Estatutaria de Inteligencia (Ley 1621 de 2013), sino que, además, es un principio constitucional que la UIAF defiende y por el cual trabaja incansablemente.
En el marco de los tratados internacionales y las Recomendaciones del GAFI, Colombia ha venido fortaleciendo el marco normativo antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo para dar respuesta a la constante transformación y alcance trasnacional de las actividades ilegales.
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La normatividad, como mecanismo, es la base que sustenta la labor de inteligencia financiera, una tarea que cada día cobra más fuerza y a la vez enfrenta más retos, sobre todo si tenemos en cuenta los escenarios cambiantes en donde la tecnología, además de convertirse en un instrumento para el crecimiento económico y en aliada de las agencias que combaten el delito, también se torna en un instrumento para la criminalidad.
Disrupción de las economías ilícitas y desmantelamiento de las organizaciones criminales
Las economías ilícitas generan recursos económicos importantes para las estructuras criminales que bien pueden reinvertirse (una vez han sido lavados en el circuito económico legal) o financiar actos terroristas, lo que potencia la capacidad de la amenaza, generando más violencia y pobreza.
Por lo tanto, disminuir la expectativa de ganancia de las organizaciones criminales es el primer derrotero para llegar a ese deseado desmantelamiento y a mayores niveles de bienestar en la sociedad.
Uno de los instrumentos más poderosos con los que cuenta el país para hacer frente a esta misión son los organismos de inteligencia financiera.
La Ley 1621 de 2013, en el artículo 2, señala que la función de inteligencia y contrainteligencia es aquella que desarrollan los organismos especializados del Estado del orden nacional con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y cumplir los demás fines enunciados en esta ley.
La UIAF hace parte de esos organismos de inteligencia a los cuales se les encomendó tan importante tarea.
Cada uno tiene una responsabilidad específica, de acuerdo a su especialidad, que lleva a la consecución del mismo objetivo.
En el caso de la inteligencia financiera su importancia radica en que tiene la capacidad (humana y tecnológica) de centralizar y analizar información para entender la amenaza desde diferentes aristas, con el objetivo de detectar y afectar su base financiera.
La amplitud de visión, sumada a la articulación y cooperación con todos los actores del sistema antilavado, es una característica de la inteligencia financiera que, sin lugar a duda, facilita la afectación financiera de las organizaciones criminales, a partir de:
- Detección de sus activos.
- Identificación de redes y estructuras criminales, así como de las personas naturales y jurídicas relevantes en cada red criminal.
- Conocimiento de los modus operandi o tipologías empleadas para generar recursos e insertarlos en la economía legal.
- Difusión y retroalimentación efectiva de la información suministrada a las autoridades para adelantar procesos de extinción de dominio, capturas, sentencias condenatorias, entre otras medidas de congelamiento o bloqueo de bienes (P. ej. inclusiones en Lista OFAC).
Al respecto, es importante señalar que la información es y siempre será el insumo más preciado y protegido de la UIAF; de su accesibilidad, calidad y oportunidad depende, en gran medida, la efectividad de la inteligencia financiera.
Entendemos que su adecuado manejo es una garantía para la defensa de los intereses nacionales.
De igual forma, el uso de las capacidades de la inteligencia financiera en el marco legal que la sustenta y la salvaguarda de los derechos, es un principio bajo el cual la UIAF rige sus acciones.
Mirando los resultados de la labor de la inteligencia financiera es fácil deducir y observar los efectos positivos y exponenciales que tiene en la economía, a partir de la protección de los sectores, subsectores y actividades económicas de la penetración de los dineros de origen ilícito generados por las organizaciones criminales.
Evitar que recursos y actores ilegales contaminen la economía es velar por la libre competencia, la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo, para el bienestar de la sociedad.
Desde el año 2019 y hasta la fecha, la UIAF ha difundido 366 productos de inteligencia financiera a receptores autorizados por la ley, cuyos activos involucrados están estimados en 24,7 billones de pesos (8 billones de pesos año promedio, siete meses de 2021) monto que muchas veces aumenta en el curso de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.
Estos activos, una vez son objeto de acciones de extinción de dominio y han sido monetizados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE-SAS), se convierten en recursos que pueden reinvertirse, entre otros rubros, en seguridad, determinante del bienestar.
Solo para tener puntos de magnitud, 24.7 billones de pesos corresponden a la construcción de 1041 centros de atención prioritaria en salud – CAPS o al pago de 10 semestres de carrera de pregrado de 343.657 estudiantes.
El monto detectado es equivalente al valor de 201.384 viviendas de interés social y 2.523 km de carreteras. Este dinero, es equivalente al 2,5% del PIB de 2020.
El trabajo desarrollado por la inteligencia financiera en los últimos tres años incluye la detección de 187 estructuras criminales, cuyo impacto económico promedio por caso se estima en $ 92,7 mil millones de pesos por estructura.
Además, el número de personas naturales y jurídicas vinculadas a los casos difundidos por la UIAF en este periodo de tiempo es de 1680 personas naturales y 758 personas jurídicas.
La inteligencia financiera es una herramienta poderosa que todo país debe tener, un camino acertado para proteger los intereses de las naciones y sus habitantes.
No en vano los organismos multilaterales han considerado este instrumento como un pilar en la lucha contra el LA/FT/FPADM, el crimen organizado transnacional y la protección del sistema financiero internacional.
* Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
