Infolaft conoció un estudio contratado hace algunos meses por el Ministerio de Justicia y del Derecho que señala la inconveniencia de aumentar el número de delitos fuente del lavado de activos. Las razones se exponen a continuación.
Lo primero que vale la pena mencionar es que dicho estudio fue ordenado por el Conpes 3793 de 2013, también conocido como Conpes antilavado. A través de esa política pública se solicitó al Ministerio de Justicia ‘‘elaborar un estudio técnico que permita armonizar y complementar la reglamentación relacionada con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el congelamiento de activos, según estándares internacionales’’.
Para cumplir con lo dispuesto el Ministerio contrató un análisis jurisprudencial del tipo penal de lavado de activos, el cual analizó, entre otras, los delitos fuente actuales y la conveniencia o no de aumentarlos.
Una de las conclusiones del estudio es que ‘‘no parece necesario adelantar una reforma significativa al delito vigente’’ porque abarca un número muy importante de delitos fuente y ‘‘se adecúa a los estándares internacionales y en su aplicación no se detectaron mayores problemas’’. Esto a pesar de que la evasión fiscal no es un delito fuente -contrario a lo que sugiere el Gafi- y que el contrabando ahora sí es delito fuente (el estudio finalizó antes de la emisión de la ley anticontrabando).
Además, el estudio sostiene que ante eventuales reformas al tipo penal se debería tener en cuenta ‘‘su efecto sobre el sistema penal en general que deberá, en orden a materializarla, contar con los recursos humanos, económicos y logísticos necesarios para satisfacer esas nuevas demandas de criminalización’’.
Otra de las razones en las que se fundamenta la conclusión del estudio es que la gran mayoría de casos de lavado de activos están vinculados ‘‘a un reducido número de delitos como el enriquecimiento ilícito y el tráfico de estupefacientes’’.
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