La reestructuración reciente de la que fue objeto la Fiscalía generó cambios en las áreas encargadas de combatir el LA/FT: Danny Julián Quintana, quien se venía desempeñando como fiscal jefe de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos, pasó a la dirección del CTI; mientras que Andrea Del Pilar Malagón llegó a la nueva Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción de Dominio. Infolaft los entrevistó para conocer sus planes y perspectivas en sus respectivos cargos.
Quiero cambiarle la dinámica a la investigación del CTI: Quintana
Infolaft:
¿Qué significó para usted el nombramiento como Director del CTI?
Danny Julián Quintana:
A nivel personal es un reto bien importante, ya que, prácticamente, yo soy de la entraña del CTI. Mi vida profesional se desarrolló en este Cuerpo Técnico de Investigaciones: aquí me formé como abogado, como profesional y como investigador, y retornar nuevamente ya ocupando la Dirección de la que considero mi casa, pues es un reto personal.
En materia laboral el gran reto es cambiarle la dinámica a la investigación del CTI para que país se lleve un mensaje diferente de la investigación criminal. Quiero aplicar algo similar a lo hecho en la antigua Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos (Unedla), donde aplicamos unas teorías muy italianas del doble riel. Me explico: lo que hicimos fue iniciar la investigación penal de forma simultánea con la investigación patrimonial y eso es lo que hemos aplicado en los casos priorizados por el Fiscal General. Esto se evidencia, por ejemplo, en un caso como el de ‘la Gata’, donde logramos las capturas por lavado de activos, las imputaciones y además de ello también extinguimos sus bienes, y pues son metodologías de investigación, de priorización, de contextualización, que en poco tiempo le pueden cambiar la cara a una unidad y dar muy buenos resultados.
También hay retos respecto de las policías judiciales, toda vez que siguen trabajando con la misma metodología de hace quince años y eso requiere no solo unos cambios de movimiento de personal, sino coyunturales que se refieren a la cultura y el perfil del investigador, cosa muy difícil de encontrar cuando no tenemos instituciones que brinden programas y capacitaciones indicadas. En ese orden de ideas lo que queremos es dejar en el CTI una estructura montada que cambie la metodología de investigación de esos investigadores que llevan mucho tiempo, que a su vez nos permita darle proyección a los nuevos investigadores.
Aquí tenemos diferentes variables, pero hemos detectado que a nivel de investigación se deben complementar y también reforzar los grupos de análisis, los cuales son indispensables para tener el panorama de todas las investigaciones y no cometer los errores de antes, donde nos limitábamos a investigar caso por caso y no había una comunicación entre los diferentes investigadores de las distintas unidades. Si tenemos un fuerte componente de análisis podremos dimensionar el panorama criminal en Colombia, ya que es claro que no estamos persiguiendo delincuentes ordinarios, sino delincuentes sofisticados con visión empresarial, y la investigación tiene que responder a ese cambio de esquema del delincuente y hacer frente a estos nuevos fenómenos.
Otro de los retos será mostrar las bondades del fraccionamiento de las policías judiciales, no con el propósito de trabajar aisladamente o en corto circuito, sino para desconcentrar las labores de policía judicial con el fin de que puedan tener más concentración en temas que antes eran irrelevantes. Antes el Director del CTI tenía que administrar solo a más de 8000 funcionarios y eso humanamente era imposible, por eso el CTI hoy está fragmentado en tres direcciones: la Dirección Nacional del CTI, la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana, y la tercera es la Dirección Nacional de Policías Especializadas. Sin embargo, ya no nos basamos en los viejos conceptos de gerencia, sino que ahora nos centramos en el concepto de articulación, razón por la cual estas tres direcciones, a pesar de que son diferentes, están totalmente articuladas, trabajan en equipo. Cada director tiene que responder por unos buenos resultados en unos ejes temáticos.
Infolaft:
¿Esas policías especializadas de las que usted habla son, entre otras, la policía de extinción de dominio y la policía económica?
DJQ:
Sí, en las policías especializadas están las que tienen vinculación directa con el crimen organizado: están la Policía Económica y Financiera (PEF), la de Extinción de Dominio, Crimen Organizado y la Policía de Aforados, entre otras, las cuales manejan la temática de organizaciones criminales e investigación especializada, es decir, no son investigadores de campo, sino investigadores especializados en esos temas.
Esto aporta porque se trata de gente con el mejor perfil para llevar a cabo ese tipo de indagaciones y eso es lo que quiere el Fiscal General. En la PEF, por ejemplo, no podemos incluir un investigador que no tenga conocimientos económicos. El error que cometíamos antes era poner policía judicial a investigar casos económicos cuando ellos no tenían el perfil financiero, esto no quiere decir que no hayan sido buenos investigadores, pero quizá no eran los idóneos. Lo que se quiere es optimizar los recursos y comenzar a especializar la policía judicial en sus diferentes ejes temáticos.
El lavado de activos involucra muchos delitos: falsificación, corrupción, extorsión, secuestro, entre otros, sin embargo el reto que hoy tenemos los directores del CTI es precisamente articularnos y poder hablar un mismo idioma, es un modelo novedoso que en Italia ha dado muy buenos resultados.
Infolaft:
En términos prácticos, ¿cuál es el procedimiento de una investigación?
DJQ:
Desde el grupo de análisis y contexto es que nosotros comenzamos a hacer asociación de casos y también a priorizarlos. Ese departamento que hace el análisis criminal tiene un panorama mucho más amplio de la investigación que el que puede tener un fiscal, por decir algo, en La Guajira, porque ellos pueden saber cuántas investigaciones hay, si los hechos guardan congruencia, si tienen el mismo direccionamiento y si es viable que se unan y que los lleve una misma unidad, o que tenga dos o tres fiscales. Lo que buscamos es un mismo esfuerzo y no varios fiscales conociendo de la misma investigación, haciendo uso de muchos investigadores y desgastando esfuerzos en la administración de justicia.
Cuando llega una investigación los miembros del grupo de análisis tienen que hacer una mesa de trabajo con nosotros los directores y ahí vemos los casos relevantes, cómo los podemos trabajar, si podemos unir esfuerzos o si no tienen relación.
Infolaft:
¿Cuál es el nivel de cooperación que usted percibe por parte de las entidades del sector financiero, y del sector privado en general, en las investigaciones?
DJQ:
Eso es relativo, ya que hay entidades financieras que colaboran demasiado. Hemos tenido experiencias muy gratas con bancos a los que se les pide la información y responden en pocos días. Pero también hemos tenido inconvenientes con entidades a las que se les pide la información y tardan más de un mes en dar respuesta. Eso tiene muchos inconvenientes porque nosotros aquí manejamos unos términos perentorios en las órdenes de policía judicial, así que si un juez nos dice que tenemos 30 días para practicar unas pruebas, son 30 días, y no nos podemos prorrogar automáticamente, sino que tenemos que acudir ante el juez de control de garantías para solicitar nuevos términos para poder consultar la información.
Si el banco se demora en entregar la información más de los 30 días que el juez nos ha otorgado, tenemos que volver a pedir dicha información y hacer la legalización, lo cual implica un desgaste para el fiscal y eso no lo entienden las entidades bancarias. Sin embargo, la Fiscalía no ha puesto sus dientes en el tema de requerir a estas unidades, porque incluso se les puede tramitar por obstrucción a la justicia, pero creemos que esto se tiene que hacer con una mejor comunicación y con la colaboración de los bancos. No creemos que tengamos que llegar a judicializar a las entidades financieras para que nos entreguen la información.
Así que agradecemos y felicitamos a las entidades que lo hacen bien y hacemos un llamado a las entidades que lo están haciendo mal para que colaboren más con la Fiscalía, proporcionando la información en los términos perentorios.
Infolaft:
¿Cuándo empezó la investigación del caso de ‘la Gata’ y cuáles fueron los principales hallazgos?
DJQ:
El tema de ‘la Gata’ lleva mucho tiempo en la Fiscalía y lo que quiero resaltar en esta entrevista es que este caso se comenzó a mover con la administración del fiscal general Eduardo Montealegre. Cuando yo llegué a la Unedla ese fue uno de los primeros temas que él me puso sobre el escritorio, así que desde que nosotros comenzamos a gerenciar la investigación llevamos aproximadamente dos años. Anteriormente hubo unos problemas incluso de corrupción al interior de la entidad que se pudieron depurar y ya cuando se tuvo un equipo de confianza comenzamos a sacar adelante el caso.
Entonces llevamos dos años en la investigación penal, los cuales considero razonables por tratarse de una estructura tan grande porque prácticamente iniciamos de cero, sumándole que no solamente culminamos la investigación penal, sino que también hicimos la investigación de extinción de dominio. Ese es un plus que hay que resaltar en el tema de metodología de la investigación, ya que anteriormente eso no pasaba porque se aplicaba la extinción y muchas veces ni se pensaba en la responsabilidad penal, pero aquí todo fue un complemento.
Fueron dos años de mucho trabajo, de coordinar con la Policía Nacional, de trabajar con fiscales muy juiciosos, de obtener la información y de hacer también la articulación con los bancos. No fue fácil, pero finalmente pudimos hacer un gran trabajo y yo resalto la responsabilidad y el profesionalismo de los fiscales e investigadores que asumieron el cargo, a pesar de que incluso fueron amenazados.
Infolaft:
¿Cuántas entidades financieras participaron en la investigación?
DJQ:
Por el tema de secreto bancario, consultamos más de diez entidades financieras.
Infolaft:
¿Cuáles fueron esos hallazgos puntuales que llevaron a la Fiscalía a imputarle cargos a ‘la Gata’?
DJQ:
Hablando del delito de lavado de activos encontramos que el dinero era de grupos paramilitares y que dicho dinero se invertía en los negocios que tenía el clan de ‘la Gata’, razón por la cual hubo mezcla de plata lícita e ilícita, lo que enmarca abiertamente una operación de lavado de activos. Con ese patrimonio ilícito se financió el inicio de la carrera empresarial de ‘la Gata’ y a raíz de la rentabilidad que le estaba dando el negocio, pues empezaron a mezclar el dinero.
Infolaft:
Hasta ahora se sabe de unos testaferros, pero entendiendo lo macro del negocio, ¿hay también funcionarios públicos involucrados? ¿por ejemplo de entidades territoriales?
DJQ:
Bueno, esa es una segunda etapa que estamos investigando. No lo descartamos porque para que una persona tenga tanto poder en una región al punto de poder manipular y corromper es porque tiene la colaboración de funcionarios públicos. Además, en materia de prevención nunca hubo una alerta, así que estamos también verificando cuáles fueron aquellas entidades que a pesar de que sabían de las actividades y el dinero ilícitos del clan de ‘la Gata’ nunca hicieron un reporte.
Infolaft:
Y eso incluye, por supuesto, entidades privadas…
DJQ:
Claro, entidades privadas y públicas.
Infolaft:
Entidades que tenían deber de reporte…
DJQ:
Claro, incluso muchas empresas que tuvieron relaciones comerciales con ‘la Gata’. Nosotros también hemos deducido de las pruebas que hemos recaudado que varias empresas tenían conocimiento de las actividades ilícitas de este clan y sin embargo seguían haciendo negocios con ellos. Eso es materia de investigación y lo vamos a sacar en una segunda etapa.
Teniendo en cuenta que las investigaciones manejan una reserva sumarial, ¿qué otros casos de macrocriminalidad manejan en relación con LA/FT? ¿en qué sectores de la economía hay casos avanzados?
Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por priorizar los casos de lavado de activos en los delitos contra la administración pública y no en vano hemos iniciado muchas investigaciones. Uno de los ejemplos es la investigación contra Emilio Tapia y sus testaferros, donde queremos establecer cuál fue todo el panorama en el que se perdieron los recursos de Bogotá. Incluso con los Nule vamos muy avanzados. Estamos en esa línea investigativa.
Infolaft:
¿En qué otros sectores han visto casos grandes?
DJQ:
A mi me preocupa mucho el tema de la minería y lavado de activos porque la minería es una tipología que están utilizando las bandas delincuenciales, también guerrilla y bacrim, para hacer la conversión de estos dineros ilícitos a través de la exportación del oro producto de actividades ilícitas.
El sector de la minería es un tema preocupante para la Fiscalía, por eso la unidad de medio ambiente está haciendo ese trabajo de contexto de la minería ilegal en Colombia y creo que ya hay un mapa muy interesante que hemos construido para mirar como contrarrestamos el fenómeno de la contaminación y de ese delito ligado que es el lavado de activos.
Infolaft:
¿Eso corresponde a la explotación que hacen frentes de las Farc o hay connivencia de actores armados?
DJQ:
En minería ilegal hay de todo. Hay mineros artesanales y empresas que prestan sus nombres y cuentas para lavar el dinero. Es decir, estos grupos al margen de la ley financian las explotaciones o excavaciones con dinero ilícito y lo que explotan es lo que los nutre económicamente, incluso ese oro lo obtienen con maquinaria producto de actividades ilícitas. También hemos visto que ellos en ocasiones tienen títulos mineros y exportan el oro como si fuera legal.
Infolaft:
Pasando a otro tema, ¿en qué quedó la propuesta de modificación del tipo penal de lavado de activos?
DJQ:
El Ministerio de Justicia hizo algunas recomendaciones y se hicieron algunos estudios sobre la apertura del tipo de lavado de activos. Es una propuesta que está haciendo la Fiscalía que no será fácil de sacar adelante cuando tenemos tantos años de tener un tipo cerrado. Sin embargo, yo creo que en el futuro y con la ayuda del Ministerio de Justicia, porque lo seguimos trabajando, podremos hacer un profundo cambio legislativo al articulo 323.
Infolaft:
Es decir que tienen el borrador y están analizando cuándo lo radican…
DJQ:
Exacto, esa es la idea. Entiendo que El Ministerio de Justicia ya tiene un proyecto bien interesante de cuáles son los aspectos o áreas más vulnerables en lavado de activos en materia normativa. Por ejemplo, se dice que la investigación penal puede ser una camisa de fuerza para la investigación, ya que los fiscales tienen que estar legalizando mucha información y como la variable de extinción de dominio consiste en tanta verificación de bases de datos, pues el desgaste es enorme para los fiscales. En síntesis, el Ministerio hizo un estudio muy serio encabezado por Carmen Eloísa Ruíz y ellos están evaluando la viabilidad de presentar un proyecto de ley o no.
Solo los procesos en fase de inicio seguirán bajo la ley 793 de 2002: Malagón
Infolaft:
¿Cuántos fiscales hay actualmente en la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción de Dominio?
Andrea Malagón:
En este momento somos 23 fiscales. Realmente tenemos 26 cargos de fiscales, pero a raíz de la reestructuración algunos de esos fiscales quedaron adscritos a la Dirección Nacional de Antinarcóticos y Lavado de activos, de manera que tenemos tres despachos sin fiscal. No obstante, estamos trabajando para reorganizar la carga laboral de esos despachos y que los que existen la asuman.
Infolaft:
Entonces, ¿esta unidad quedará conformada por 26 fiscales?
AM:
26 fiscales en este momento, pero como usted sabe la ley 1708 de 2014 amplía la planta a 50 fiscales más y 100 investigadores para el área exclusiva de extinción, que conforme al artículo 20 de la ley 1708 de 2014 se dedicarán exclusivamente a este tema. En la actualidad el señor Fiscal General de la Nación está evaluando el personal que se va a vincular una vez entre en vigencia la nueva ley.
Infolaft:
¿Esos 50 fiscales se suman a los otros 26?
AM:
Exactamente. De ese total de 76 se presupuesta que 25 fiscales se queden aquí en el nivel central y el resto se repartan en el nivel nacional.
Infolaft:
¿Cuándo entrará en vigencia la ley 1708?
AM:
El 20 de julio de 2014.
Infolaft:
¿En qué consisten los comités de priorización y cómo va su proceso de creación?
AM:
Los comités de priorización son un grupo interdisciplinario de personas que dependen directamente del Fiscal General de la Nación, son estudiosos en política criminal y los encargados de estudiar todos los focos de delincuencia para lograr determinar cuáles son los temas que el señor Fiscal, mediante resolución, debe priorizar y dar a conocer a las direcciones nacionales de fiscalía especializada, que dependen a su vez de la Dirección Nacional de Articulación de Fiscalías Especializadas.
Infolaft:
¿Usted tiene conocimiento de si esos comités ya están operando o están en proceso?
AM:
Están en proceso porque no nos han dado instrucciones sobre cuáles son los temas que de ahora en adelante, luego de la reestructuración, se van a priorizar. Nos han dado las instrucciones de seguir priorizando los casos que por la Directiva 001 del año 2012 han de priorizarse.
Infolaft:
¿Cómo se va a hacer esa transición con la entrada en vigencia de la ley 1708 y la antigua ley? ¿la Dirección va a poner fiscales para que evacúen procesos antiguos?
AM:
Hemos aprendido de la experiencia que hubo de la modificación del régimen penal, de ley 600 a ley 906, porque se ha observado que es un trabajo que ha funcionado y nosotros tenemos pensada la aplicación de ese mismo sistema para la entrada en vigencia de le ley 1708. La ley 1708 establece que solo los procesos que están en etapa o fase de inicio seguirán siendo conocidos bajo el régimen de la ley 793. En la actualidad en esta Dirección –sin contar con la información de las seccionales– tenemos alrededor de 5211 procesos, de los cuales alrededor de 3000 están con resolución de inicio.
Esto quiere decir que tendríamos que distribuir esa carga laboral entre los 26 fiscales, porque en este momento no puedo contar con los otros 50 debido a que no han sido nombrados, para que ellos se dediquen solamente a finalizar esos procesos y entrarlos a calificación. Esto también servirá para evacuar los procesos que llevan muchos años pendientes de calificarse, para evacuar eso y que vayan entrando paulatinamente a la ley 1708.
Infolaft:
Para eso serían muy útiles los procesos abreviados que contempla la ley 1708…
AM:
Los procesos abreviados de la ley 1708 si son muy útiles, pero no aplicarían para los casos que ya tienen resolución de inicio.
Infolaft:
¿Cuáles son las principales fuentes de información para iniciar casos de extinción de dominio? ¿compulsa de copias? ¿denuncias anónimas? ¿ROS?
AM:
En este momento nosotros como dirección nacional estamos aplicando los criterios de priorización del Fiscal General de la Nación. En el caso de los ROS, si recibimos un reporte que no se encuadra dentro de las directrices de priorización no lo descartamos de entrada, sino que lo trabajamos articuladamente con las policías judiciales (Sijín, Dijín, Antinarcóticos, Gaula y CTI) para determinar si se puede complementar con la información que esas policías tienen y darle utilidad.
Otra fuente de información bastante grande son los mismos procesos penales que se están adelantando en las distintas direcciones nacionales de fiscalías especializadas y que conforme a la ley 793 se enmarcan dentro de los delitos que son fuente de la extinción del derecho de dominio, por eso estamos trabajando de la mano de la nueva Dirección Nacional de Articulación de Fiscalías Especializadas para establecer canales de comunicación que nos permitan aplicar procesos de extinción de dominio, de forma paralela, en aquellos casos priorizados expresamente por el señor fiscal y que son llevados por otras direcciones de fiscalía especializada.
En temas de microtráfico, por ejemplo, una de las fuentes de información son las alcaldías locales, ya que el microtráfico es una modalidad delincuencial que se da principalmente en las ciudades. Para el caso de Bogotá también se tienen en cuenta las alcaldías locales. También nos suministran información las estaciones de policía, la Sijín y los informantes.
Infolaft:
Recientemente a ‘la Gata’ le aplicaron extinción de dominio y además le hicieron la imputación de cargos por temas de lavado y otros delitos. Para este caso concreto, ¿esa articulación como se llevó a cabo? ¿hubo reuniones, mesas de trabajo?
AM:
Esa es la mejor demostración del trabajo de articulación que están haciendo las diferentes direcciones. La información que manejó la anterior Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos (Unedla) en medio de la investigación penal por lavado de activos permitió determinar que había grandes cantidades de bienes que habían sido adquiridos como producto de las actividades ilícitas de la empresaria Enilse López.
Luego, en un trabajo coordinado con el anterior jefe de la unidad, se determinó la necesidad de abrir paralelamente el proceso de extinción de dominio. Con el fin de no duplicar esfuerzos hicimos varias mesas de trabajo y decidimos usar la misma policía judicial tanto en el caso de lavado como en el de extinción de dominio, de esta manera el material probatorio fue útil para las dos investigaciones y eso permitió que se dieran resultados al mismo tiempo.
Infolaft:
¿En algún momento de contempló la opción de esperar la aplicación de la extinción de dominio a los bienes de ‘la Gata’ hasta la entrada en vigencia de la ley 1708?
AM:
Sí se contempló, ¿pero cuál es la diferencia entre la nueva ley y la anterior ley en punto de la empresaria del chance?, no veo en sí cuál sería la diferencia. Sí se contempló, pero usted sabe que cuando uno está llevando una investigación de tanto tiempo existe la posibilidad de la filtración de la información y cuando esto sucede tenemos que actuar inmediatamente para evitar que los delincuentes se escapen y así mismo oculten sus bienes.
En ese orden de ideas se determinó que el trabajo estaba lo suficientemente decantado y que el tiempo para llevar a cabo las diligencias era la primera semana de junio. Ahora bien, si hacíamos primero las capturas y esperábamos hasta el 20 de julio para aplicar la extinción de dominio también existía la posibilidad de que estas personas prendieran las alarmas frente a sus bienes y los ocultaran.
