Por tercera vez en menos de cinco años, el Ministerio de Minas volvió a presentar un proyecto de ley con ese propósito.
Este 21 de julio se conoció que el Ministerio de Minas radicó ante la Comisión Primera del Senado un proyecto cuya finalidad es, entre otras medidas, convertir la extracción ilícita de yacimientos mineros como un delito fuente del lavado de activos.
Un reporte de El Espectador registra que el Ministro de Minas, Diego Mesa, señaló que en las normas actuales “no hay relación entre estas actividades ilegales con los delitos de lavado de activos o de financiación al terrorismo”.
Entre las propuestas se destaca el incremento de la pena mínima de prisión de dos a cinco años y la creación del tipo penal de “comercialización, beneficio y transporte de minerales con origen ilegal”.
Desde el punto de vista ambiental, la iniciativa prevé considerar como agravante del delito que “se afecte la capa vegetal o se destruyan cauces y rondas hídricas”, así como el uso de medios mecanizados o explosivos.
Una vieja iniciativa que nunca avanza
A finales de octubre de 2016 los ministerios de Ambiente, Justicia, Defensa y Minas presentaron el proyecto de ley 169 que buscaba ampliar la gama de delitos fuente del lavado de activos. La iniciativa se hundió meses después por falta de trámite.
Otro proyecto similar fue presentado en noviembre de 2012, pero se ‘hundió’ en 2013 debido a que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes nunca la estudió.
La gran diferencia entre el proyecto de 2012 y el de 2016 fue que en el primero se propuso tipificar únicamente la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales como fuente del lavado.
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En el proyecto de 2016 ya se previó incluir la gama de trece delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente como generadores del lavado de activos.
No obstante, más allá de las buenas intenciones y de los titulares de prensa, esos antecedentes hacen que el panorama para este nuevo proyecto no sea el más alentador.
La parsimonia del Congreso para dar avance a este tipo de proyectos llama la atención, toda vez que aproximadamente el 30 % del total del lavado de activos en el Colombia corresponde a la minería ilegal.
La cifra está contenida en el informe ‘Minería en Colombia’, publicado en 2014 por la Contraloría General de la República.
