Recientes casos en la región y en Colombia muestran que el riesgo reputacional también recae sobre los profesionales encargados de gestionar el riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo en toda clase de entidades.
Según el numeral 1.6.1. del Sarlaft financiero, el riesgo reputacional se traduce en ‘‘la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales’’.
La definición de este riesgo es casi idéntica en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, que obliga a las empresas más grandes del país a implementar un Sagrlaft, y en el capítulo 11 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Economía Solidaria, que exige a las cooperativas de ahorro y crédito establecer un Siplaft.
Como se ve, en ninguna de las citadas definiciones se contempla que el riesgo reputacional incluya al oficial de cumplimiento, esto debido a que las normas asumen que los riesgos asociados al LA/FT (legal, operativo, de contagio y reputacional) solamente involucran a las entidades.
No obstante, la casuística denota todo lo contrario: paradójicamente en muchas ocasiones son los oficiales de cumplimiento los que ven afectada su imagen, mientras que las compañías siguen adelante en sus operaciones.
Dos sonados casos en EE.UU.
Quizá el ejemplo más diciente es el de David Bagley, quien fuera oficial de cumplimiento global del Hsbc, un profesional al que prácticamente se le acabó la carrera luego de que la junta directiva en pleno —incluido él— tuviera que reconocer ante el Subcomité de Investigaciones del Senado de EE.UU. que el banco lavó millonarios recursos de carteles mexicanos.
Ese caso, que tuvo una difusión mundial, puso en la palestra al entonces oficial de cumplimiento, quien tuvo que ayudar a reparar las falencias del sistema de prevención del LA/FT del banco antes de retirarse. Luego de todo ese episodio, Bagley estuvo unos meses por fuera de la actividad y ahora trata de rehacer su camino laboral haciendo actividades de consultoría.
David Bagley. Foto por Talk Radio News
Otro caso de gran connotación fue el de Thomas Haider, exoficial de cumplimiento de MoneyGram, quien fue multado por la UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés) con el pago de USD 1 millón de dólares y quien, además, podría ser procesado penalmente por las fallas de la compañía para la que trabajaba en torno a la prevención del fraude y el lavado de activos.
Según un fallo de enero de 2016, un juez de los Estados Unidos dictaminó que la ley establece que ‘‘(…) una sanción civil puede ser impuesta a los funcionarios de la empresa y a los empleados como Haider, quien fue responsable de diseñar y supervisar el programa ALD de MoneyGram’’.
La historia se remonta a 2014 cuando un informe del fiscal del Distrito Sur de Nueva York reveló que varios agentes de MoneyGram acordaron participar en una red cuyo objetivo era estafar a los clientes de la compañía.
De acuerdo con el documento, los funcionarios solicitaron a sus clientes varios datos de contacto para después ubicarlos y decirles que se habían ganado jugosos premios. La única condición para reclamar el supuesto beneficio era hacer el pago de unas ‘comisiones’ a través de MoneyGram.
Cuando el entramado se destapó y la propia compañía tuvo que reconocer sus errores, vinieron dos multas de USD 18 millones de dólares en 2009 y de USD 100 millones de dólares en 2013.
Luego de esas dos sanciones vino la multa de Fincen contra Haider. La autoridad estadounidense señaló que él falló al no implementar una política disciplinaria que castigara a los funcionarios corruptos, no terminó a tiempo la relación con los puntos de venta involucrados, no entregó a tiempo los reportes de operaciones sospechosas (ROS) y fue responsable de no implementar procedimientos de debida diligencia sobre sus empleados.
La tragedia de dos oficiales de cumplimiento en la región
Sin lugar a dudas el miércoles 7 de octubre de 2015 fue el peor día de trabajo para el oficial de cumplimiento del Banco Continental de Honduras, ya que a las 2:49 de la tarde fue incluido en la temida ‘lista Clinton’ por, presuntamente, apoyar las actividades de lavado de activos de la organización Rosenthal.
El banco, fundado en 1974, era uno de los más conocidos en Honduras y pertenecía a la familia Rosenthal, una de las más ricas del país centroamericano. Tal y como lo informó infolaft en su edición 79, con corte al año 2014 esa entidad financiera poseía activos por un valor cercano a los USD 595 millones de dólares y manejaba depósitos de clientes por más de USD 312 millones de dólares. También, según cifras propias, empleaba a más de 1000 familias.
Dos días después de la reseña, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (Cnbs) ordenó la liquidación del Banco Continental, luego de comprobar que la desvinculación unilateral de sus contrapartes y el progresivo cierre de los negocios lo llevó a una situación de iliquidez que hacía imposible su continuidad.
Una situación similar vivió el oficial de cumplimiento del Balboa Bank & Trust de Panamá, entidad financiera que el 5 de mayo fue reseñado en la misma ‘lista Clinton’ por supuestamente pertenecer a la organización de lavado de activos panameña Waked.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés), el empresario Abdul Mohamed Waked —uno de los más ricos de Panamá— estructuró una gigantesca red de lavado de activos que desde hacía varios años prestaba sus servicios a varios grupos narcotraficantes colombianos.
Apenas minutos después de la sanción, la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la toma de control administrativo y operativo del Balboa Bank & Trust ‘‘como resultado de las acciones de la Ofac del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Waked Economic Group’’.
Posteriormente, a principios de junio y por medio de la resolución SBP-0098-2016, la misma entidad de supervisión panameña decidió ampliar la toma de control del Balboa Bank por 30 días adicionales con el objetivo, según alegaron en un comunicado, de ‘‘completar la valoración de los activos del banco’’ para ‘‘minimizar las pérdidas de valor de la entidad’’.
Análisis de la situación
Esteban Tobón, exoficial de cumplimiento de Interbolsa y quien ha padecido la mala imagen que le dejó la liquidación de la firma comisionista, afirma que los profesionales encargados de gestionar el riesgo de LA/FT sí están expuestos al riesgo reputacional.
Según Tobón, cuando ‘‘sucede algo negativo contra una entidad, así no esté relacionado con el tema de LA/FT, los organismos de control y en general cualquier persona tienen la obligación o ‘quieren’ encontrar un culpable, y el oficial de cumplimiento siempre será una opción para pagar los platos rotos’’.
En sus palabras, lo peor es que en este tipo de situaciones la inocencia o la buena gestión es lo de menos. ‘‘Es posible que el análisis y la investigación sobre el papel desempeñado por el oficial de cumplimiento terminen favoreciéndolo, es decir, puede que el proceso termine demostrando que no existió responsabilidad, pero el riesgo reputacional ya ha generado efectos nocivos para la vida personal y laboral de ese oficial’’.
Ahora bien, ¿qué puede hacer un buen oficial de cumplimiento para protegerse? Lo primero que debe tener claro es que su función tiene una relación directa con el riesgo y que en cualquier momento puede haber problemas.
No obstante, y así no sea una gran novedad, lo mejor que pueden hacer estos profesionales es documentar muy bien su gestión para demostrar que cumplieron al pie de la letra con todos sus deberes y obligaciones, y que la eventual materialización de un riesgo no fue su responsabilidad. Solo así podrán evitar convertirse en los Bagley o Haider del futuro.
