Como ya comentamos en la pasada entrega de este especial sobre los problemas legales de varias personas expuestas políticamente (PEP) de la región y aunque los hechos que han motivado muchos de los escándalos de corrupción en gobiernos latinoamericanos se dieron dentro de las últimas dos décadas (o incluso más), ha sido durante los últimos años que las autoridades judiciales han procedido a acusar y a procesar mandatarios y exmandatarios para castigar sus delitos de corrupción.
Las causas judiciales por causa de corrupción y lavado de activos en contra de altos funcionarios o exfuncionarios de Estados latinoamericanos no se detienen. En esta segunda entrega se muestran los impactantes casos de Argentina, Panamá y Costa Rica.
En esta segunda entrega se analizan los casos de Argentina, en el que la expresidenta Cristina Fernández ha sido vinculada a causas de lavado por operaciones con derivados financieros y hoteles; de Panamá, cuyos sumarios en contra del expresidente Ricardo Martinelli incluyen fraude en el cobro de impuestos, manipulación del mercado de valores y compras públicas con sobrecostos; y de Costa Rica, en el que se reseñan dos ex presidentes salpicados.
Dos casos de lavado contra Cristina
A pesar de que su avance ha sido lento y de que aún Cristina Fernández no ha sido llamada a declarar, es probable que el sumario que más complique a la expresidenta y a su familia sea el caso Hotesur por presunto lavado de activos. Este caso fue revelado durante el segundo semestre de 2014 cuando el periodista opositor Jorge Lanata emitió un especial periodístico de su programa Periodismo Para Todos en el que denunciaba las irregularidades de la sociedad Hotesur desde el año 2008, año en que el difunto expresidente argentino Néstor Kirchner adquirió la sociedad. En este proceso se investigan supuestas operaciones de blanqueo de capitales por parte de la empresa Hotesur que pertenece a Fernández (según su declaración jurada), a sus hijos, sobrinos y amigos y que administra una cadena hotelera en la provincia de Santa Cruz, al sur del país. Estos hoteles no sólo arrendaban cientos de habitaciones durante todo el año a entidades estatales (entre ellas Aerolíneas Argentinas), que en realidad nunca eran ocupadas, sino que hay dudas acerca de que la empresa administradora pagara los impuestos correspondientes dado que no publicó sus últimos estados contables y no informó acerca de su domicilio legal. En paralelo y cuatro días después de que Cristina Fernández declarase en otra causa, esta vez por la presunta fijación irregular de un precio fijo de ventas futuras de dólares que la tiene en serios problemas, a finales de abril de 2016 la expresidenta fue imputada por el juez Guillermo Marijuan en otro proceso por blanqueo de capitales luego de que el financista encargado de mover grandes sumas de dinero en maletas para los Kirchner, Leonardo Fariña, declarara que los exmandatarios manipularon los precios en la contratación de obras públicas con fines de lavado. Aunque no se conocen suficientes detalles dado lo reciente de las acciones, en este sumario también están investigados el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el ex presidente del Banco Nación, Juan Carlos Fabrega; y el empresario de la construcción Carlos Wagner, además del empresario Lázaro Báez, quien ya fue encarcelado hace unos meses por ser el supuesto testaferro de los Kirchner.Carlos Menem, otro PEP argentino en problemas
El también expresidente de Argentina Carlos Menem (1989 – 1999) fue condenado en diciembre de 2015 a cuatro años y medio de cárcel e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos por haber participado en una red en la que se pagaban sobresueldos a funcionarios del Estado con recursos públicos que debían destinarse a mejorar los organismos de inteligencia del país. Aunque según el fallo Menem es penalmente responsable de haber planeado el sistema de defraudación pública, la sentencia fue recurrida, por lo que aún faltan instancias en este proceso antes de que la decisión sea definitiva. En todo caso, Carlos Menem ya había sido condenado a siete años de prisión en junio de 2013 por vender ilegalmente armas a Croacia y Ecuador, lo que lo convirtió en el primer presidente argentino es ser enviado tras las rejas.Regulación de las PEP en Argentina
La regulación de las personas expuestas políticamente en la República Argentina se encuentra contenida el la Resolución UIF 11 de 2011 de la Unidad de Información Financiera expedida en desarrollo de la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996).
La norma incorpora en su primer artículo una definición de quiénes son las PEP de acuerdo con una categorización dividida en funcionarios públicos nacionales (que además están obligados a presentar declaraciones juradas); los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las autoridades y apoderados de partidos políticos; las autoridades de organizaciones sindicales; los funcionarios públicos extranjeros; y los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendiente, descendiente o colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad de todos los de la lista.
Dentro de los primeros se encuentran 22 categorías en las que están el presidente, el vicepresidente, los senadores y diputados, los magistrados del poder judicial y del ministerio público, el defensor del pueblo, los ministros, los secretarios y subsecretarios, los militares con mayor rango que coronel y los directivos de universidades de la nación, entre otros.
La norma establece que la categoría de PEP se ostenta durante el ejercicio del cargo y hasta dos años después de que se ha cesado en las funciones.
Cristina Fernández junto a Dilma Rousseff, otra expresidenta en problemas. Foto Blog do Planalto
Ricardo Martinelli. Foto Presidencia RD
Además los testimonios de Guardia y Tamburrelli aclararon que Martinelli, con el objeto de aceitar la maquinaria de corrupción, instauró un esquema de sobornos y dádivas en el que repartía porcentajes del contrato adjudicado según la función de sus ayudantes. Por ejemplo, a Rafael Guardia le correspondía el 5% del valor total por presentar informes semanales en los que aseguraba que todos los procesos de selección que llevaba a cabo el PAN eran acordes a la ley.
No obstante, a pesar de tener todo un enramado de certificaciones ficticias que garantizaban la transparencia de los procedimientos de contratación del PAN, a mediados de 2015 las autoridades confirmaron que muchos de los concursos adelantados por la entidad eran un fraude pues, aun cuando se presentaban de a tres cotizaciones de distintas de empresas, las tres propuestas correspondían al mismo proveedor que se presentaba a través de interpuesta persona o compañías fachada.
Foto James Leocadi
El Decreto Ejecutivo 36948 de 2011 es el cuerpo normativo que regula a las personas expuestas políticamente en Costa Rica en desarrollo de los postulados regulatorios contenidos en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública (Ley 8422 de 2014).
En la misma línea que hemos expuesto para Argentina y Panamá, las PEP en Costa Rica son aquellas que, además de estar obligadas a presentar declaración jurada sobre su situación patrimonial ante la Controlaría General de la República, ocupan alguno de los siguientes cargos: los diputados de la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, los vicepresidentes; los ministros o los funcionarios nombrados con ese rango; los viceministros, los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones; el contralor y el subcontralor generales de la República, entre otros.
De igual manera, la categoría de exposición política se extiende a los extranjeros que ocupen o hayan ocupado puestos homólogos a los indicados así como al cónyuge, pues se sostiene que representan riesgos similares a los determinados para las PEP.
De esta manera y frente a alguno de los funcionarios enunciados, los sujetos obligados deben aplicar una diligencia debida reforzada cuando se trate de clientes que sean considerados como personas expuestas políticamente, que incluye que para establecer relaciones comerciales con una PEP se debe obtener la aprobación expresa de la gerencia general. Además, se prevé el caso de que cuando un cliente ya vinculado pasa a ser un PEP, se debe solicitar autorización a la gerencia general para continuar con la relación comercial.
Estos casos, al igual que los mencionados en la primera parte de este especial, denotan la importancia que tiene para todas las entidades financieras y empresas del sector real aplicar procedimientos de debida diligencia ampliada a las PEP. Después de todo, entre más alto el perfil, más alto será el riesgo y el impacto.
Cristina Fernández junto a Dilma Rousseff, otra expresidenta en problemas. Foto Blog do Planalto
Ricardo Martinelli: un ramillete de corrupción
Son varios los cargos por corrupción y delitos contra la administración pública que han puesto en aprietos al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli y a su círculo más cercano de colaboradores durante su gobierno entre 2009 y 2014. Tanto es así que la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) incluyó a finales del año pasado a Martinelli en su lista de candidatos a ganar el concurso Unmask the Corrupt (desenmascare al corrupto), el cual busca designar anualmente el caso de corrupción más escandaloso y así generar conciencia de los males que acarrea este a las economías nacionales. En una votación reñida el expresidente panameño y su grupo de aliados más cercanos se alzaron con el tercer puesto luego de obtener 10 166 votos, solo por detrás del expresidente de Ucrania Viktor Yanukovych, (con 13 210 votos) y del caso de Petrobras (con 11 900 votos). A pesar de que en la actualidad hay más de 200 acusaciones de corrupción contra Martinelli, durante su mandato hubo dos escándalos muy sonados que merecen ser tenidos en cuenta como lecciones aprendidas dentro de la lucha global anticorrupción: el sobrecosto en el contrato de adquisición de alimentación para las escuelas públicas del país y el fraude en el cobro de impuestos a morososEl escándalo de los alimentos deshidratados del PAN
Durante el mandato de Ricardo Martinelli y por conducto del sistema de seguridad social más grande del país, el Programa de Ayuda Nacional (PAN) le adjudicó a dedo entre 2009 y 2010 un contrato a la empresa brasilera Lerkshore International Limited para el suministro de alimentos deshidratados a las escuelas públicas del país. Dentro del contrato estaba incluido un sobrecosto considerable frente al mercado internacional. Gracias a la filtración de una factura comercial se pudo comprobar que Lerkshore pagaba en Brasil alrededor de U$200 000 dólares por una mercancía que vendía en Panamá por U$45 millones de dólares, lo que condujo a una serie de investigaciones que culminaron con la detención de dos exdirectores del PAN Rafael Guardia y Giacomo Tamburrelli, quienes aseguraron que todo fue orquestado directamente por Martinelli. Según la Fiscalía Segunda Anticorrupción de Panamá, a abril del año pasado las pruebas recopiladas evidenciaban “los precios ínfimos pagados a las empresas suplidoras en comparación a la suma millonaria recibida por parte de la República de Panamá”.
Ricardo Martinelli. Foto Presidencia RD
Además los testimonios de Guardia y Tamburrelli aclararon que Martinelli, con el objeto de aceitar la maquinaria de corrupción, instauró un esquema de sobornos y dádivas en el que repartía porcentajes del contrato adjudicado según la función de sus ayudantes. Por ejemplo, a Rafael Guardia le correspondía el 5% del valor total por presentar informes semanales en los que aseguraba que todos los procesos de selección que llevaba a cabo el PAN eran acordes a la ley.
No obstante, a pesar de tener todo un enramado de certificaciones ficticias que garantizaban la transparencia de los procedimientos de contratación del PAN, a mediados de 2015 las autoridades confirmaron que muchos de los concursos adelantados por la entidad eran un fraude pues, aun cuando se presentaban de a tres cotizaciones de distintas de empresas, las tres propuestas correspondían al mismo proveedor que se presentaba a través de interpuesta persona o compañías fachada.
El fraude en la cobranza de impuestos
Durante la primera semana de agosto de 2015 la Fiscalía Cuarta Anticorrupción de Panamá presentó un escrito en el que trasladaba a la Corte Suprema de Justicia una causa contra Ricardo Martinelli por el presunto el cobro ilegal de comisiones al interior de la empresa Cobranzas del Istmo S.A. (Cisa), que había sido contratada por el Estado para tercerizar el cobro de impuestos a contribuyentes morosos en 2009. Según el expediente trasladado, a medida que crecía el recaudo de impuestos por parte de Cobranzas del Istmo S.A. empezaron a trasladarse recursos de las cuentas de esa compañía hacia una cuenta de la empresa Lagnton International Holding Limited y, por intermedio de ella, a 27 personas naturales y 204 sociedades anónimas, algunas de las cuales eran propiedad o dirigidas por el entonces director general de ingresos, Luis Cucalón, y por el propietario de Cisa, Cristobal Salerno. El sistema estaba tan bien montado que el mismo Salerno confesó que recibió durante el gobierno Martinelli maletas con hasta U$600 000 dólares cada dos meses, los cuales correspondían a supuestas comisiones por el recaudo de impuestos, aunque en realidad la plata se le entregaba como una especie de dádiva de agradecimiento. La denuncia en este caso fue realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, quien puso en conocimiento de las autoridades que no existen sustentos legales o fácticos que justificaran que entre las cuentas de Cisa y Langton International Holding se hayan transferido más de 70 cheques por valor de U$24 millones de dólares. Desde finales de 2015 el caso se encuentra en trámite ante los tribunales competentes, pero el avance del proceso se ha visto interrumpido varias veces por las acciones de nulidad que presentaron los abogados de la defensa para anular el juicio.Regulación de las PEP en Panamá
La normatividad relativa a las PEP en Panamá está incorporada en el Acuerdo 010 de 2015 de la Superintendencia de Bancos (que a su vez desarrolla el numeral 18 del artículo 4 de la Ley No. 23 de 2015) y señala que la categoría de PEP debe ser tenida en cuenta dentro de los requisitos mínimos de debida diligencia, así como en la descripción del perfil de riesgo al momento de vincular clientes. Por ello los bancos y empresas fiduciarias son requeridos para adoptar una debida diligencia ampliada del cliente cuando se trate de personas catalogadas como expuestas políticamente, ya sean nacionales o extranjeras. La definición de PEP que trae la regulación no incluye un listado, pero sí ejemplifica cómo debe procederse a categorizar las PEP. En el artículo 22 del referido acuerdo, se señala que son PEP “las personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción, en un Estado o en organismos internacionales, por ejemplo y sin limitarse a: Jefes de Estados o de un gobierno, políticos de alto perfil, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresa o corporaciones estatales, funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros, que ejerzan toma de decisiones en las entidades públicas’’. La norma también señala que se deberían considerar en esta categoría a ‘‘las personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización internacional’’ entre ellas a los miembros de la alta gerencia, como directores, subdirectores y miembros de la junta directiva. Asimismo, se considera que alguien es PEP desde el momento de su nombramiento hasta su separación del cargo y por un periodo posterior de dos años desde el momento que cesa de ejercer las funciones y obligaciones. Adicionalmente, se establece que las medidas de debida diligencia ampliada se extienden a los familiares cercanos de las personas expuestas políticamente, es decir cónyuge, padres, hermanos e hijos, así como personas conocidas por su íntima relación con ella.Dos expresidentes de Costa Rica en apuros por corrupción
Rafael Calderón y las irregularidades en un crédito
El expresidente de Costa Rica Rafael Calderón (1990 – 1994) fue condenado a cinco años de prisión en octubre de 2009 luego de que las autoridades comprobaran que repartió comisiones a un grupo de funcionarios que participaron en la solicitud de un crédito de la Caja Costarricense del Seguro Social (Ccss) al banco de Finlandia Sampo Bank, en 2002, para la renovación de equipo médico por valor de U$32 millones de dólares. La acusación señaló que Calderón utilizó sus influencias sobre los congresistas de su Partido de Unidad Socialcristiana, cuando ya no era presidente, para darle vía libre a la aprobación del crédito en la Asamblea Legislativa a cambio de que la empresa finlandesa Instrumentarium Medko Medical, la que vendía el instrumental médico, girara U$8.6 millones de dólares en compensaciones que fueron distribuidas entre políticos y funcionarios públicos de Costa Rica. Específicamente, se probó que el ex presidente Calderón no sólo obtuvo U$520 000 dólares para su propio beneficio, sino que fue él quien decidió cómo debían repartirse el soborno y el que ideó el esquema de ocultamiento de recursos en Panamá.Miguel Ángel Rodríguez y la denuncia por un seguro
Una acusación que salpicó a Miguel Ángel Rodríguez se conoció en julio de 2013, cuando el expresidente (1998-2002) fue llamado a juicio por haber colocado en el mercado, a través del Instituto Nacional de Seguros (INS) y por intermediación de un corredor de reaseguros inglés, una póliza de reaseguros para asegurar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), previo pago de sobornos de más de U$2 millones de dólares a funcionarios del INS y del ICE, con los que se creó un fondo paralelo que se habría desviado a cuentas de Rodríguez, lo que se tipifica en el país como peculado en perjuicio de la función pública. Los fiscales del caso explicaron que los recursos ilícitos fueron obtenidos de la aplicación de un sobre precio a las primas de las pólizas, del incremento injustificado de las comisiones en las operaciones de corretaje que le debían ser pagadas a la sociedad corredora de reaseguros, y de falsos procesos de capacitación para empleados del INS. Este proceso se encuentra a la fecha para que inicie el juicio. También vale la pena recordar que Rodríguez fue procesado entre 2004 y 2012 por presuntamente recibir sobornos de la compañía francesa Alcatel para otorgarles un contrato de telefonía móvil 3G. Si bien fue condenado en 2011, un año después fue absuelto tras la apelación presentada por su defensa.Regulación de las PEP en Costa Rica
Foto James Leocadi
El Decreto Ejecutivo 36948 de 2011 es el cuerpo normativo que regula a las personas expuestas políticamente en Costa Rica en desarrollo de los postulados regulatorios contenidos en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública (Ley 8422 de 2014).
En la misma línea que hemos expuesto para Argentina y Panamá, las PEP en Costa Rica son aquellas que, además de estar obligadas a presentar declaración jurada sobre su situación patrimonial ante la Controlaría General de la República, ocupan alguno de los siguientes cargos: los diputados de la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, los vicepresidentes; los ministros o los funcionarios nombrados con ese rango; los viceministros, los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones; el contralor y el subcontralor generales de la República, entre otros.
De igual manera, la categoría de exposición política se extiende a los extranjeros que ocupen o hayan ocupado puestos homólogos a los indicados así como al cónyuge, pues se sostiene que representan riesgos similares a los determinados para las PEP.
De esta manera y frente a alguno de los funcionarios enunciados, los sujetos obligados deben aplicar una diligencia debida reforzada cuando se trate de clientes que sean considerados como personas expuestas políticamente, que incluye que para establecer relaciones comerciales con una PEP se debe obtener la aprobación expresa de la gerencia general. Además, se prevé el caso de que cuando un cliente ya vinculado pasa a ser un PEP, se debe solicitar autorización a la gerencia general para continuar con la relación comercial.
Estos casos, al igual que los mencionados en la primera parte de este especial, denotan la importancia que tiene para todas las entidades financieras y empresas del sector real aplicar procedimientos de debida diligencia ampliada a las PEP. Después de todo, entre más alto el perfil, más alto será el riesgo y el impacto.
