Hace algunas semanas el presidente Juan Manuel Santos anunció que en marzo de 2016 se firmaría el acuerdo definitivo con las Farc en el marco del proceso de paz de La Habana. Por ello, el manejo que deberán dar las entidades financieras a la población desmovilizada y en proceso de reintegración es un tema más que vigente y que tendrá un gran impacto en cuanto a reconociliación se refiere.
Durante el reciente congreso de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) de Asobancaria Joshua Mitrotti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), sostuvo que actualmente los reintegrados ‘‘están excluidos’’ del sistema financiero, ya que, a su modo de ver, las políticas de riesgo de lavado de activos de muchas entidades les impiden abrir cuentas porque muchos de ellos todavía tienen antecedentes judiciales.
El alto funcionario incluso señaló que cuando los reinsertados encuentran un empleo uno de los principales desafíos que enfrentan es abrir una cuenta bancaria.
Por su parte, Santiago Castro, presidente de Asobancaria, reconoce en diálogo con Infolaft que ‘‘en la actualidad Asobancaria no cuenta con un programa de bancarización destinado a esta población’’ y pide al Ejecutivo que ‘‘más allá de los esfuerzos que la banca ha venido realizando para tener un mejor país, para el postconflicto esperamos que de la mano del Gobierno se generen iniciativas para incluir al sistema a los nuevos integrantes de la sociedad civil’’.
Y es que el tema es muy complejo como para simplificarlo en si se debe vincular o no a la población reintegrada, ya que la conclusión casi obvia es que sí se debería hacer.
Lo difícil del asunto está en que las entidades financieras deben cumplir con un estricto Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) que las obliga a conocer cabalmente a sus clientes para evitar ser utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos ilícitos o para financiar acciones de grupos terroristas, y el pensamiento casi generalizado que se tiene es que muchos de los reintegrados vuelven a su actuar delictivo. Pero, ¿esto es cierto?
¿Quiénes son los reintegrados y a qué se dedican?
Una cifra interesante de la ACR revela que solamente el 10 % de las 6700 personas capturadas en los últimos años por pertenecer a bandas criminales eran reintegrados. Es decir, el restante 90% sigue en la legalidad a pesar de las evidentes dificultades que representa dejar las armas y rehacer sus vidas, con lo cual quedaría claro que la mayoría de los reintegrados no vuelve a delinquir.
De acuerdo con la misma ACR, en Colombia se han desmovilizado alrededor de 57 000 combatientes, de los cuales cerca de 36 000 pertenecieron a los grupos de autodefensa y otros 21 000 hicieron parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Pero, más allá de las cifras, es importante preguntarse ¿qué lleva a una persona a entrar al conflicto armado? Según Joshua Mitrotti, muchas veces ‘‘estos hombres y mujeres se van a la guerra huyendo de escenarios de victimización desde sus propias familias o desde sus propias comunidades’’, lo cual muestra una realidad distinta a la imaginada desde las grandes ciudades acerca de que estas personas simplemente forjaron su destino y decidieron volverse delincuentes de un momento a otro.
A lo anterior hay que sumar la falta de educación y de oportunidades. Según datos de la Agencia, el 75% de las personas que han dejado los grupos armados ilegales y que han entrado al proceso de reintegración eran analfabetas, el 46% de ellas fueron reclutadas como menores de edad y su tiempo promedio de permanencia en los grupos fue de 20 años. Además, el 90% viene afectado psicológicamente producto del ejercicio de la violencia.
Aquí es importante aclarar que una persona desmovilizada es aquella que es certificada como tal por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (Coda) o por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, mientras que un reintegrado es un desmovilizado que cumplió cabalmente con su proceso de reinserción, el cual dura aproximadamente 6 años y medio.
Dicho lo anterior, es necesario mencionar que el proceso de reintegración, debido a su extensión, tiene diferentes etapas y por ello varían mucho las opciones laborales de una persona que recién se desmoviliza a las que tiene otra que lleva varios años en el proceso y ya ha logrado capacitarse y obtener experiencia. Infolaft conoció que en la etapa básica de su proceso de reintegración las personas se vinculan generalmente a ocupaciones no cualificadas o poco tecnificadas, mayoritariamente en el sector de la construcción y en la comercialización de productos, y a medida que van avanzando se vinculan formalmente a las empresas, principalmente en los sectores inmobiliarios y de servicios de construcción.
Por otra parte, cuando los reintegrados desarrollan ideas de negocio informales lo hacen en el sector del comercio, mientras que cuando logran establecer proyectos productivos estos se enfocan en el sector agropecuario.
¿Qué se ha logrado hasta ahora en materia de bancarización?
En primer lugar los desmovilizados tienen derecho a un seguro. Según el artículo 2.3.2.1.4.17. del Decreto 1081 de 2015, la ACR debe adquirir pólizas de seguros de vida para las personas en proceso de desmovilización por el término de un año una vez dicha persona obtenga el certificado de la Coda. Dicha póliza tiene una cobertura de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, aproximadamente $9.665.000 pesos.
En segundo lugar y hablando ya de bancarización, Joshua Mitrotti afirma que ‘‘el principal aliado hasta hoy en estos temas es la Fundación Social [Banco Caja Social] y su red bancaria, con quienes se desarrollan diferentes estrategias de vinculación para la población en proceso de reintegración, no solo en temas de acceso a servicios financieros, sino también en ejercicios corresponsables como desarrollo de proveedores’’.
El directivo destaca que ‘‘esta articulación permanente de ya varios años ha permitido identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas’’ en materia de inclusión financiera para la población reintegrada.
Así mismo, Mitrotti agrega que la Agencia ha realizado mesas de trabajo con el Fondo Nacional de Garantías (FNG), con Bancoldex, con la Banca de Oportunidades y con Opportunity Colombia ‘‘con el propósito de revisar líneas de redescuento o capital de riesgo para fomentar el acceso a los productos que ofrece el sector financiero’’, al tiempo que trabaja un convenio con el Fondo Nacional del Ahorro que le permita a la población en proceso de reintegración acceder a las líneas de crédito y ahorro que maneja la entidad.
Dicho esto se denota que algunas entidades financieras sí han optado por abrir la puerta a esta población, la cual precisa de todas las oportunidades posibles para evitar incurrir nuevamente en acciones delictivas.
Ojo: la negación de los bancos a prestar el servicio debe estar justificada
A pesar de lo importante que sería que las entidades financieras vincularan a los desmovilizados como clientes, lo cierto es que no están obligadas a hacerlo. Según el artículo 3.º de la Ley 1328 de 2009, las entidades y los consumidores financieros ‘‘pueden escoger libremente a sus respectivas contrapartes en la celebración de los contratos mediante los cuales se instrumente el suministro de productos o la prestación de los servicios’’.
No obstante, el mismo artículo resalta que ‘‘la negativa en la prestación de servicios o en el ofrecimiento de productos deberá fundamentarse en causas objetivas y no podrá establecerse tratamiento diferente injustificado a los consumidores financieros’’.
Además, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de listas restrictivas –ya analizada por Infolaft en numerosas ediciones– y el concepto 2014075615-006 del 29 de septiembre de 2014 de la Superintendencia Financiera, es posible que las entidades nieguen la prestación de servicios. No obstante, deben tener en cuenta que, tal y como lo señala la Superfinanciera, “(…) si bien corresponde a las entidades vigiladas definir los segmentos de mercado en los cuales desarrollan su actividad, una vez definidos éstos, el acceso a los servicios que prestan no puede ser discriminatorio, desigual, negado o suspendido injustificadamente''.
Además, sostiene la entidad de supervisión, la negativa para suministrar un servicio financiero o su terminación unilateral ''debe basarse, estrictamente, en la evaluación de las condiciones y los riesgos inherentes a las operaciones que se realizan o se realizarían con cada consumidor, de forma que la abstención de prestarlos esté plenamente justificada en criterios objetivos y razonables que deben ponerse en conocimiento del consumidor cuando lo solicite''.
Esto quiere decir que en una operación que se vaya a realizar con una persona desmovilizada o reintegrada, en caso de que la entidad financiera determine que el riesgo con el cliente potencial o actual es muy alto, dicha entidad financiera podrá terminar o negar la relación contractual de manera legal.
Sin embargo, este supuesto no procede para todos los casos y en la práctica se podrían encontrar situaciones en las que el riesgo no sea suficientemente alto como para poder negar el acceso al sistema financiero. Aquí bien valdría la pena preguntarse: ¿hay alto riesgo al vincular un reintegrado que trabaja como obrero en una construcción y que devenga cerca de un millón de pesos? o ¿cuál es realmente el riesgo que representa un reintegrado que trabaja en una parcela y que devenga un salario mínimo?
La lista de desmovilizados no es una lista negativa
Según información enviada por la ACR a Infolaft, la finalidad de la lista de desmovilizados ‘‘(…) es la acreditación como persona desmovilizada de manera colectiva de un grupo organizado al margen de la ley, por parte de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, y que le permite acceder a los beneficios sociales, económicos y jurídicos del Proceso de Reintegración, siempre y cuando su situación jurídica lo permita’’.
Por otra parte, y según la misma ACR, los datos contenidos en las listas de desmovilizados ‘‘en lo relacionado con nombres e identificación es información pública, en razón a que fueron expedidos mediante acto administrativo o actuación de la administración’’.
Si bien esta es información pública, no debería utilizarse en las entidades financieras y/o en las empresas del sector real como una lista restrictiva –una práctica frecuente–, toda vez que realmente lo que certifica es que una persona reingresó a la vida legal luego de haber pasado por las filas de un grupo ilegal y en ningún momento hace referencia a delito específico alguno.
En consecuencia, el hecho de que una persona haga parte del proceso de desmovilización no sería en sí misma una causal objetiva para negar el servicio.
Los bancos deberán seguir cumpliendo con la norma antilavado
Al instalar el congreso de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en julio de 2015, dos fueron las preguntas lanzadas por Santiago Castro, presidente de Asobancaria, respecto al eventual postconflicto: ¿qué políticas, procedimientos y controles adicionales deberán establecer las entidades y Gobiernos de la región para prevenir que los dineros provenientes del LA/FT no permeen la economía? y ¿qué información adicional será proveída al sector financiero para atender las necesidades de inclusión financiera de la población reinsertada?
Santiago Castro, presidente de Asobancaria. Foto infolaft
Al ser consultado por Infolaft, Castro sostiene que ‘‘el sector financiero es consciente de los retos y las implicaciones del acuerdo que ha dado a conocer el Gobierno y que busca combatir con mayor eficacia el lavado de activos. Razón por la cual la banca colombiana anticipa que la regulación financiera y los controles aplicados en esta materia se fortalecerán en el corto plazo’’.
En el entretanto y mientras la norma Sarlaft continúe con sus exigencias actuales, agrega el presidente de Asobancaria, ‘‘nuestras agremiadas continuarán cumpliendo con el Sarlaft, con su deber de remitir por su calidad de sujetos obligados los reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), y con la regulación penal y de extinción de dominio vigente’’.
Propuesta: ¿cómo se podría impulsar un programa de bancarización de reintegrados?
Si bien es cierto que atender las necesidades financieras de la población reintegrada sería una causa noble por cuanto sería un aporte enorme a la reconciliación, también se debe entender que las entidades bancarias tienen unos temores fundados y además deben cumplir con una norma que las obliga a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
No obstante, de las oportunidades que se brinden a los futuros excombatientes dependerá en gran medida el éxito del acuerdo eventualmente firmado en Cuba. Si se les cierran las puertas lo más seguro es que regresen a su única fuente conocida de sustento: el crimen.
Aquí parte de la propuesta: la ACR está en capacidad de informar a las entidades financieras y al público en general si una persona está efectivamente certificada como desmovilizada o no, si esa persona hace parte del proceso de reintegración y cuál ha sido su cumplimiento con el proceso (asistencia a actividades y cumplimiento de acuerdos, entre otros). Con esta información, la cual deberá estar constantemente actualizada, las entidades financieras podrían hacer seguimiento a sus posibles clientes reintegrados.
Además, y sin pretender de ninguna manera comparar las situaciones, la Superintendencia Financiera podría flexibilizar las exigencias de conocimiento del cliente para la población desmovilizada y reintegrada, tal y como lo hizo en otros casos (por ejemplo con los desplazados colombianos desde Venezuela).
Según Joshua Mitrotti, ‘‘el tema de sector financiero es clave actualmente para la consolidación del proceso de reintegración y va a ser fundamental que esté más preparado ante un eventual postacuerdo’’. Mientras que Santiago Castro reconoce que ‘‘el sector bancario tendrá que ser parte activa de este eventual proceso de reconciliación’’ y tendrá ‘‘una gran responsabilidad en este escenario en la medida en que será el soporte sobre el cual se apalancarán buena parte de los proyectos que harán sostenible el postconflicto’’.
Visto esto queda claro que el Gobierno y los bancos están de acuerdo en lo que los políticos llaman ‘lo fundamental’. Si logran llegar a un consenso respecto a lo operativo, el país habrá avanzado en gran medida para permitir que el reingreso a la vida civil de los colombianos excombatientes sea una realidad y no se quede en el discurso.
