Las autoridades no pueden seguir haciendo esfuerzos aislados para luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo sin completar antes un estudio de riesgo del país que sirva de sustento para la estrategia nacional.
Anteriormente bastaba con que los países cumplieran las recomendaciones internacionales. Pero el mundo ha visto que las soluciones planteadas para el problema no son efectivas y por lo tanto hay que hacer más. La calificación y el resultado están más distanciados que nunca. Hay que alejarnos del cumplimiento y acercarnos a la eficacia.
Insistimos en la necesidad de focalizar la estrategia nacional. Colombia no puede terminar con miles de sujetos obligados como es el caso peruano, si todavía no ha llegado a niveles de cumplimiento satisfactorio en los que llevan ya varios años cobijados por estas normas, nos referimos principalmente a los regulados por la DIAN.
Un ejercicio simple de gestión de riesgo como el que debería adelantar el gobierno nos permitiría cambiar el paradigma actual en varios aspectos.
Contexto
Todavía no se ha estudiado con suficiente rigor el riesgo que generan los sistemas de Venezuela, Panamá y Ecuador para nuestro problema de lavado de activos. Tampoco existen propuestas concretas para enfrentar este problema.
Identificación del riesgo
No solamente existe el riesgo directo del lavado de activos, también están los riesgos colaterales. Por ejemplo: ¿será cierto que estamos perdiendo competitividad por estas medidas? Valdría la pena examinar las asimetrías regulatorias existentes.
Medición del riesgo
La UIAF ha liderado la discusión con ciertas bases técnicas pero mucha especulación sobre el monto en dinero del lavado de activos en Colombia. Creemos que estas cifras deberían ir más allá del titular y servir como insumo para los sistemas de gestión de riesgo y detección de las entidades financieras y el sector real. ¿Cuál es el porcentaje de dinero que se lava por medio de contrabando? ¿Cuáles son los productos financieros más riesgos? ¿Qué países compran droga colombiana y cuál es su importancia relativa en términos de flujos ilícitos? No solamente carecemos de dichos datos, tampoco estamos enfilando las baterías hacia los focos de lavado más importantes.
Control
Estamos enfrascados en una estrategia de dos pilares: judicialización y prevención privada. Por un lado existen grandes operativos policiales, muy exitosos por cierto en términos de desarticulación, y por otro existe una inmensa inversión del sector privado – al menos parte de éste- en mecanismos de control. Pero vale la pena preguntarse si no existen otras recetas aplicables. Por ejemplo, ¿no se deberían trabajar desde el punto de visto impositivo para fomentar la formalidad como herramienta para disminuir el lavado? No se está haciendo nada para fomentar la cultura anti-lavado. Los estatutos profesionales de aquellas carreras que mal empleadas sirven como instrumento para el lavado como son la contaduría y el derecho no tienen todavía ni las bases ni los castigos suficientes para disuadir a unos pocos a dejar de usarlas como herramientas del delito.
Monitoreo
La única forma de saber si avanzamos es saber de donde venimos y para dónde vamos. Una evaluación del riesgo país debe servir para evaluar si con el tiempo el riesgo disminuye, así de simple.
No podemos medir la efectividad del sistema en cantidad de normas expedidas pues el campeón de los últimos meses sería Argentina. Tampoco podemos quedarnos con la medalla del más prolifero en sectores obligados pues en esa posición está Perú. El número de ROS recibidos tampoco es un indicador, de lo contrario Estados Unidos ya tendría en tema resuelto.
Proponemos que el sistema nacional se enfoque y por lo tanto se mida según su capacidad para hacer inoperantes los mecanismos tradicionales de lavado, colaborar con la judicialización de casos de alto impacto y hacer menos atractivo nuestro país para los lavadores y financiadores del terrorismo. En pocas palabras, debemos incrementar el riesgo para los delincuentes.
