El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recordó que los gobiernos y empresas pueden utilizar la “flexibilidad incorporada” en el enfoque basado en riesgo para abordar los desafíos planteados por el Covid-19.
El GAFI, máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, hizo un llamado a todos sus países miembros para enfrentar los riesgos derivados del Covid-19, haciendo uso del enfoque basado en riesgo.
Por medio de un comunicado publicado en su sitio web, el GAFI reconoció que el uso de pagos en línea y la vinculación digital de clientes “reducen el riesgo de propagación del virus”.
Incluso fue más allá y señaló que ante las medidas de aislamiento social emitidas a lo largo del mundo, los servicios bancarios que requieran la presencia física de personas las “expone innecesariamente” al riesgo de infección.
En este mismo sentido, el organismo internacional, con sede en París (Francia), recordó que los estándares internacionales contra el lavado de activos permiten tomar “medidas simplificadas de debida diligencia” cuando las entidades financieras o empresas identifican un menor riesgo.
Tal sería el caso de la emisión de talonarios y de créditos de bajo monto, así como el pago de auxilios o mesadas pensionales.
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De hecho, el GAFI “alienta a los países y proveedores de servicios financieros a explorar el uso apropiado de medidas simplificadas para facilitar la entrega de beneficios gubernamentales en respuesta a la pandemia”.
No hay que frenar el trabajo de las fundaciones
De acuerdo con el comunicado, la actual emergencia que se vive a lo largo del plantea ha permitido visibilizar “el trabajo vital de organizaciones benéficas y de organizaciones sin ánimo de lucro para combatir el Covid-19 y sus efectos”.
En este sentido, subrayó que los estándares internacionales contra el lavado de activos “no requieren que todas las organizaciones sin ánimo de lucro se consideren de alto riesgo, ya que la mayoría de ellas conllevan poco o ningún riesgo”.
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Debido a esto, el organismo sostuvo que las autoridades nacionales de cada país y las instituciones financieras deben aplicar un enfoque basado en el riesgo “para garantizar que la actividad legítima de las organizaciones sin ánimo de lucro no se retrase, interrumpa o desaliente innecesariamente”.
Dicho de otra manera: hay que cerrarle la puerta a los delincuentes y no a aquellos que están haciendo valiosos esfuerzos por apoyar a los demás en medio de la pandemia.