La amenaza transnacional opera en un ecosistema de actividades ilícitas en el que convergen y se retroalimentan el narcotráfico, la extorsión, la explotación ilícita de yacimientos mineros, la corrupción, el contrabando, y los delitos medioambientales, entre otras economías ilícitas.
Por: Javier Gutiérrez López*
Generalmente, estas redes de ilegalidad están asociadas a grupos armados organizados y a terroristas, que generan grandes volúmenes de recursos ilícitos, distorsionadores de la dinámica económica, generadores de fallas de mercado y de inestabilidad, que afectan a toda la población.
Se trata de un modelo de convergencia delictiva que emplea modus operandi que evolucionan para optimizar su productividad y las ganancias derivadas de sus de actividades ilícitas.
Aunque las acciones de los Estados orientadas a atacar cada eslabón de la cadena delictiva tienen impacto sobre el andamiaje criminal, afectar la estructura financiera es la clave para desmantelar las redes de crimen organizado.
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Para ello, es necesario entender que los diferentes sectores, subsectores y actividades económicas son el medio a través del cual las redes de crimen organizado buscan insertar los recursos de origen ilícito para darles apariencia de legalidad, reinvertir sus réditos, fortalecer sus estructuras delictivas, multiplicar su actividad criminal y hacerse sostenibles.
Por esa razón, proteger a los sectores económicos de la penetración de los dineros de origen ilícito es uno de los primeros objetivos de los sistemas antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).
La lucha contra el lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo es un constante desafío que atiende dos frentes de acción.
Por una parte, evita la penetración de dineros de origen ilícito en la economía legal y, de forma paralela, ayuda a crear las condiciones para el desarrollo de un entorno económico seguro para la inversión, el crecimiento, la generación de empleo y, en definitiva, el bienestar.
Inclusión financiera y bancarización de todos los sectores: claves para la reactivación
La protección y reactivación de la economía implica, en lo que tiene que ver con el sistema antilavado, el cumplimiento de dos requisitos importantes que son complementarios.
El primero, la implementación de sistemas de administración de riesgos robustos y efectivos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El segundo, es la bancarización y la inclusión financiera de todos los sectores y actividades económicas lícitas para dinamizar la economía y los flujos legales de dinero y para facilitar la identificación de posibles operaciones de lavado de activos.
En la medida en que la bancarización y la inclusión financiera abarquen más población, y a todos los sectores, subsectores y actividades económicas que aportan recursos al circuito económico legal y generan empleo, será mucho más fácil evitar que sean utilizados por las organizaciones criminales para ocultar el origen ilícito de sus recursos.
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Estas dos condiciones ayudan, además, a la integridad y fortalecimiento del sistema financiero.
Si más sectores acceden al crédito y al uso de productos financieros, se incentiva la inversión y el consumo, se dinamizan los flujos de capitales y se impulsa la actividad financiera y del sector real de la economía.
A su vez, si todos los sectores, subsectores y actividades económicas cuentan con el respaldo de las instituciones financieras, fortalecen su desempeño dando un espaldarazo importante a la economía del país.
Se trata de un “gana–gana” que contribuye a un entorno seguro para facilitar el crecimiento, la generación de empleo y el bienestar.
El sector financiero ha avanzado significativamente en el diseño y puesta en marcha de acciones dirigidas a acrecentar el acceso a productos financieros en todo el país, reducir el uso de efectivo y optimizar las plataformas digitales.
Según cifras de Asobancaria en materia de inclusión financiera empresarial, el 58,7% de las empresas del país tienen al menos un producto financiero.
Sin embargo, esta cifra muestra que aún hay mucho trabajo por hacer.
Precisamente, el Conpes 4005, Política nacional de inclusión y educación económica y financiera, es una importante prueba del compromiso por mejorar la articulación público privada para ampliar y mejorar el uso de servicios financieros en todo el país.
No obstante, para que la inclusión financiera y la bancarización tengan una tendencia creciente, es imprescindible el compromiso por parte de las empresas en la aplicación de sistemas de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, y en la puesta en marcha de buenas prácticas en materia de debida diligencia del cliente y conocimiento del beneficiario final.
En la medida en que los bancos e instituciones financieras conozcan los procedimientos antilavado de las empresas que quieran entrar al sistema financiero y la aplicación de estándares internacionales antilavado en los negocios, principalmente de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI y, entre otros, la Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable, se posibilitan y facilitan, en un marco de seguridad y confianza, la bancarización y la inclusión financiera, logrando así un círculo virtuoso de legalidad, equidad, crecimiento, generación de empleo y bienestar.
En este escenario, la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF seguirá trabajando para mejorar la confianza en todos los sectores, así como en los nuevos emprendimientos, las nuevas actividades económicas, las nuevas tecnologías, la inversión nacional y extranjera, teniendo como punto de partida el cumplimiento efectivo de las 40 recomendaciones del GAFI y las estrategias implementadas para prevenir, detectar y afectar las estructuras financieras de las redes de crimen organizado y así contribuir al desmantelamiento de las organizaciones criminales.
Este debe ser un trabajo integral que invita al sector público y al sector privado a participar en una gran coalición público privada para el desarrollo de cultura antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, como pieza clave para la activación de encadenamientos y efectos multiplicadores virtuosos en la economía.
La meta es consolidar un sistema fuerte, dinámico y efectivo, antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, que proteja de estos fenómenos a todos los sectores de la economía (incluidas las nuevas actividades económicas y emprendimientos), para que todos contribuyan a impulsar la reactivación, con el propósito superior de generar empleo y bienestar.
*Javier Gutiérrez López, Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
